La seguridad está en el centro del debate de cara a las próximas elecciones. A los chilenos nos preocupa cómo los candidatos enfrentarán la delincuencia que presenciamos día a día.
En general, los candidatos ofrecen medidas para perseguir y sancionar a los delincuentes, donde la competencia pareciera estar en quién ofrece más “mano dura”. No hay dudas: debe haber castigo y aplicarse de manera más eficaz.
Sin embargo, no se observan propuestas que se ocupen de lo que sucede con quienes han cumplido sus condenas.
Y es que la pena máxima en Chile es de 20 años y la mayoría de los delitos se castiga con mucho menos, con una población penal que en general es joven. Por tanto, el grueso de los presos no estará tras las rejas para siempre y tarde o temprano volverá a las calles.
En este escenario, es crucial ocuparse de la reinserción laboral y el abandono del delito por parte de estas personas. Las cárceles pueden operar como generadoras de redes delictivas, de reclutamiento para el crimen organizado o espacios de diversificación de delitos. Sin apoyo para la reinserción laboral, la cárcel puede ser una verdadera ”escuela del crimen”.
Asimismo, es de especial preocupación la situación de las mujeres privadas de libertad. La gran mayoría están por delitos menores y tienen hijos. En esa línea, el encarcelamiento puede generar un efecto exponencial de costos sociales, familiares y propiciar futuros delitos. Si ya existe una brecha de género en el desarrollo laboral de la población que no delinque, ésta sólo se agudiza para quienes han pasado por la cárcel. Con antecedentes penales, insertarse laboralmente -y por tanto, desistir- es más difícil.
A su vez, la gran mayoría de mujeres privadas de libertad son madres solteras y jefas de hogar, lo que no sólo tiene implicancias para ellas, sino que también para niños que quedan desprovistos de recursos, cuidado y crianza en años clave para su formación. Años que, en ausencia de procesos de socialización y acompañamiento, concentran la mayor vulnerabilidad y exposición a conductas de riesgo, incluido el delito.
En el debate programático, el advenimiento del crimen organizado y la crisis en materia de seguridad no se ponen en duda. Pero la pregunta de qué viene después de la cárcel, sigue sin abordarse con la seriedad que merece y sin respuestas profundas. Si de verdad se busca disminuir el delito y mejorar la seguridad, esta interrogante es ineludible.
La sociedad es un continuo que no se formatea cada cuatro años. Los gobiernos deben pensar en cómo aportar al desarrollo de largo plazo de un país que los trasciende, no sólo como cuerpo colectivo, sino porque cada individuo, delincuente o no, sobrepasa por mucho los ciclos de la política.
*Marcelo Estrella, director Observatorio Social UdAlba y Paula Araneda, investigadora Observatorio Social UdAlba