El doble terremoto que sacudió a Venezuela en las últimas semanas deja una cifra que todavía crece: casi 4.500 muertos y cerca de 17.000 heridos. Pero la magnitud de una catástrofe natural no depende solo de la placa tectónica. Depende, sobre todo, de la capacidad previa de un país para prevenir, regular y responder. En efecto, lo que cayó en Venezuela no fueron solo edificios, fueron sus instituciones.
Venezuela no es un país ajeno a la actividad sísmica. Está atravesada por un sistema de fallas que la convierte en una zona de riesgo permanente. El terremoto de Caracas de 1967 ya había dejado lecciones y el riesgo, entonces, era conocido.
La comparación con Chile es ineludible. Chile es uno de los países sísmicamente más activos del planeta, mucho más que Venezuela, por lo que cabría esperar que sus resultados ante un terremoto fueran peores. No fue así. El terremoto de 2010, de magnitud 8,8 y muy superior al de Venezuela, dejó alrededor de 500 muertos, en gran medida porque la fiscalización de la norma de construcción —con todas sus imperfecciones— funcionó razonablemente, y porque había una institucionalidad de emergencia capaz de movilizarse. Venezuela, con un sismo menor, ya multiplica varias veces esa cifra.
Los datos respaldan el diagnóstico. Según el World Justice Project, Venezuela ocupa el último lugar mundial en Estado de Derecho entre 143 países, con una puntuación de 0,26 sobre 1, frente a un promedio latinoamericano de 0,51. El indicador de cumplimiento regulatorio, que mide si las normas efectivamente se aplican, cayó de 0,26 en 2015 a 0,20 en 2025. Las reglas existen, lo que no existe es quien las haga cumplir. Desde Chávez, y luego con Maduro, ese deterioro fue sistemático: captura de organismos técnicos, discrecionalidad en los contratos, y una fuga de talento de quienes dejaron de ver en Venezuela una posibilidad de ejercer sus profesiones u oficios.
La respuesta al desastre confirma el cuadro. Bomberos sin equipamiento, hospitales desbordados, falta de maquinaria para remover escombros. Nada de eso es accidental: es la consecuencia previsible de un Estado que durante dos décadas orientó su gasto hacia lo que rendía réditos políticos en el corto plazo, en desmedro de bienes públicos que no se ven hasta que hacen falta.
Reconstruir Venezuela no será solo levantar edificios. Será reconstruir capacidad institucional: repatriar talento técnico, recuperar la independencia de los organismos reguladores, establecer mecanismos de control creíbles. La ayuda internacional que hoy llega al país es una primera oportunidad para empezar a exigirlo. Para que la próxima vez que tiemble la tierra, no tiemble también el Estado.