Chile está librando una interesante batalla diplomática para que Valparaíso se convierta en la sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ, conocido como el Tratado de Alta Mar, destinado a regular la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales.
No es una aspiración menor. El Gobierno ha presentado oficialmente la candidatura y la decisión sobre la ciudad que albergará la Secretaría será adoptada por la primera Conferencia de las Partes del acuerdo. De concretarse, Valparaíso albergaría un organismo internacional de enorme relevancia para la futura gobernanza de los océanos.
La candidatura tiene argumentos poderosos. Chile es un país esencialmente marítimo, con una larga tradición en materia de Derecho del Mar y una importante comunidad científica vinculada al océano. Valparaíso, además, es una ciudad portuaria histórica y Patrimonio Mundial de la Unesco.
Pero existe una pregunta incómoda que deberíamos hacernos antes de pedir a la comunidad internacional que confíe en Valparaíso: ¿está realmente la ciudad a la altura de esa candidatura?
Basta recorrer algunos lugares del centro para que aparezcan serias dudas.
Un ejemplo particularmente elocuente es la avenida Argentina y su entorno, a escasos metros del Congreso Nacional. Allí, en una de las principales puertas de entrada al centro de Valparaíso, el espacio público aparece ocupado por un comercio informal que poco tiene que ver con la imagen de una ciudad que pretende transformarse en sede de un organismo internacional.
No se trata de despreciar a quienes buscan ganarse la vida mediante el comercio ambulante. El problema es otro: el Estado no puede renunciar al ordenamiento del espacio público, menos aún en un lugar que constituye prácticamente la antesala del Congreso Nacional.
Pero si hay un asunto que puede resultar todavía más perjudicial para la candidatura internacional de Valparaíso, ese es la inseguridad.
Y aquí no hablamos solamente de una percepción.
Los problemas de seguridad afectan tanto al plan de la ciudad como a sus cerros y principales sectores turísticos. Cerro Concepción, Cerro Alegre, los miradores, Barrio Puerto y otros lugares que deberían constituir parte de la carta de presentación de Valparaíso han registrado robos y asaltos que afectan particularmente a quienes visitan la ciudad.
En octubre de 2024, por ejemplo, residentes del Cerro Concepción denunciaron que los asaltos a turistas se habían transformado en un problema habitual, después de que una pareja extranjera fuera víctima de un robo en el Paseo Atkinson.
La situación tampoco se limita a un solo cerro.
En febrero de 2025, el Consulado General de Argentina en Valparaíso llegó al extremo de elaborar un mapa con los lugares donde turistas argentinos habían sufrido robos. El cónsul señaló que existía reincidencia en determinados sectores, especialmente áreas panorámicas donde los visitantes se detienen para fotografiar el paisaje. Los casos atendidos por el consulado durante enero de ese año, además, habían cuadruplicado los registrados en enero de 2024.
Y en mayo de 2025 se conocieron nuevos casos de turistas brasileños, argentinos y chinos afectados por la modalidad del denominado “pinchazo”, particularmente en El Almendral y Barrio Puerto.
Es difícil imaginar una contradicción mayor.
Queremos que diplomáticos, científicos, funcionarios internacionales y representantes de gobiernos de todo el mundo lleguen a Valparaíso para participar en la construcción de nuevas reglas para proteger los océanos, pero algunos de los propios turistas que llegan a conocer la ciudad tienen que preocuparse de no ser asaltados mientras contemplan sus famosos cerros y miradores.
Una ciudad que aspira a ser sede internacional no puede limitarse a tener una buena historia; tiene que ofrecer buenas condiciones de seguridad a quienes la visitan.
Y esto adquiere especial importancia cuando hablamos de la Alta Mar.
El organismo que Chile pretende instalar en Valparaíso tendría una dimensión esencialmente internacional. No sería una oficina destinada exclusivamente a funcionarios chilenos. Significaría la llegada periódica de delegaciones extranjeras, científicos, abogados especializados en Derecho del Mar, diplomáticos, representantes de organismos internacionales y expertos de países de todos los continentes.
Es decir, personas que deberían poder desplazarse por la ciudad con tranquilidad.
No parece razonable pensar que una delegación internacional pueda venir a trabajar durante varios días a Valparaíso y que, al mismo tiempo, sus integrantes reciban como recomendación informal que tengan especial cuidado al recorrer sus cerros, miradores o barrios turísticos.
El problema es aún más profundo porque la inseguridad termina modificando la propia relación de los visitantes con la ciudad. Una persona que teme ser víctima de un robo no disfruta de los ascensores, no recorre tranquilamente los cerros, no se detiene a fotografiar los miradores y probablemente tampoco vuelve.
El turismo necesita libertad de movimiento. Una ciudad internacional necesita todavía más.
Por supuesto, sería injusto desconocer los esfuerzos que se están realizando. La Municipalidad ha creado patrullas turísticas y ha desarrollado campañas preventivas dirigidas específicamente a visitantes nacionales.
El Gobierno, Carabineros, la PDI y otras instituciones también han reforzado sus despliegues durante los períodos de mayor afluencia. Pero precisamente la existencia de estos esfuerzos demuestra que el problema está identificado.
Y la candidatura a la sede del Tratado de Alta Mar debiera ser una oportunidad para enfrentarlo con mucha mayor decisión.
Valparaíso posee condiciones extraordinarias para recuperar su antigua vocación internacional. Su ubicación frente al Pacífico, su historia portuaria, sus universidades, su patrimonio y su identidad marítima son activos difíciles de replicar.
Pero esos activos están siendo deteriorados por una combinación de factores: inseguridad, comercio informal, suciedad, deterioro del espacio público, edificios abandonados y una sensación de abandono que se percibe en distintos sectores de la ciudad.
La paradoja es evidente.
Chile quiere que el mundo confíe en Valparaíso para cuidar la alta mar, mientras los propios habitantes y visitantes reclaman que alguien cuide primero la ciudad.
La candidatura internacional podría convertirse precisamente en el incentivo que hacía falta para recuperar Valparaíso.
No bastaría con ganar una votación diplomática. Habría que demostrar que la ciudad está preparada para recibir a la comunidad internacional.
Eso significa recuperar el centro, ordenar el comercio, proteger el patrimonio y, sobre todo, garantizar la seguridad de quienes viven y trabajan allí y de quienes llegan como visitantes.
Porque la candidatura no se juega solamente en Naciones Unidas.
También se juega cuando un diplomático extranjero baja de un automóvil frente al Congreso Nacional; cuando un científico quiere caminar por Cerro Alegre; cuando una delegación quiere conocer el Barrio Puerto; cuando un turista se detiene en un mirador para fotografiar la bahía.
Si Chile quiere que Valparaíso sea la puerta internacional de la gobernanza de los océanos, primero tiene que conseguir que esa puerta esté abierta, limpia y segura.
Valparaíso tiene todo para volver a ser una ciudad internacional. Lo que no puede hacer es pedirle al mundo que vea solamente el Valparaíso que aparece en los folletos turísticos, mientras quienes viven o visitan la ciudad conocen diariamente otro.
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