El sistema educacional chileno enfrenta múltiples desafíos, siendo uno de los más urgentes mejorar la calidad de la educación. Por eso, cualquier discusión legislativa en esta materia debe partir de una pregunta esencial: si las normas vigentes están contribuyendo a ampliar las oportunidades de los estudiantes o si, por el contrario, están limitando el desarrollo de proyectos educativos de calidad. Una parte importante de esa discusión tiene que ver con las condiciones que el propio sistema ofrece para que surjan nuevos establecimientos. Si existen comunidades educativas capaces de ofrecer buenos proyectos y familias que los demandan, la regulación debiera facilitar ese encuentro, no impedirlo.
Frente a este diagnóstico, es necesario revisar algunas de las normas que actualmente regulan la oferta educacional. La Ley de Inclusión, aprobada durante el segundo gobierno de la ex Presidenta Bachelet, introdujo exigencias que, en la práctica, elevaron significativamente las barreras de entrada para nuevos proyectos educativos subvencionados. Esto no es inocuo. Cuando se dificulta la creación de establecimientos, se restringe la libertad de enseñanza en su dimensión de abrir, organizar y mantener proyectos educativos; se reduce la diversidad de la oferta; y se debilita la competencia que naturalmente incentiva a los establecimientos a mejorar. En efecto, desde dicha reforma, la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados ha disminuido, pese a que siguen siendo una alternativa altamente preferida por las familias.
Después de años en que la discusión se ha concentrado en restringir, controlar y limitar, el proyecto de ley que facilita la creación de nuevos establecimientos educacionales -que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados- representa una oportunidad para volver a poner el foco en lo esencial: facilitar que más comunidades educativas puedan desarrollarse y entregar mejores oportunidades a los estudiantes.
En este contexto, la iniciativa introduce cambios relevantes. Por una parte, permite que los sostenedores de establecimientos educacionales puedan arrendar el inmueble en el que funcionan, eliminando la obligación de ser propietario como requisito para impetrar la subvención. Esta modificación es importante, porque la exigencia de adquirir un inmueble puede transformarse en una barrera económica difícil de sortear, incluso para sostenedores que cuentan con proyectos educativos altamente demandados.
Por otra parte, elimina el requisito de acreditar demanda insatisfecha o la inexistencia de otro proyecto educativo similar en un territorio determinado. Este cambio es especialmente relevante, porque la regulación actual mira la demanda insatisfecha solo desde una perspectiva cuantitativa, pero no cualitativa. Esto responde a un problema que muchas veces ha pasado desapercibido: la sola existencia de oferta educativa no significa que esa oferta sea satisfactoria. Puede haber cupos disponibles, pero no necesariamente en establecimientos que respondan al proyecto educativo, nivel de calidad o condiciones que las familias buscan para sus hijos.
Por eso, facilitar la creación de nuevos establecimientos permite avanzar no solo en más matrícula, sino en más cupos de calidad. El desafío del sistema escolar no es simplemente llenar vacantes, sino ofrecer alternativas educativas que las familias valoren, elijan y reconozcan como mejores oportunidades para sus hijos.
Asimismo, el proyecto incorpora un deber de información al Ministerio de Educación, lo que resulta clave para que tanto la autoridad como los sostenedores puedan tomar mejores decisiones, con datos oportunos, claros y territorialmente pertinentes.
Finalmente, la iniciativa permite que instituciones que se mantengan en categorías de desempeño alto o medio durante al menos tres años consecutivos puedan celebrar convenios de administración con otros sostenedores, cuando ello represente una oportunidad de mejora de la calidad educativa. Esta regla reconoce algo básico: los buenos proyectos educativos no solo deben poder mantenerse, sino también expandir su aporte.
La educación chilena necesita más y mejores establecimientos, especialmente allí donde las familias los están demandando. Por eso, remover barreras injustificadas fortalece la libertad de enseñanza, promueve mayor competencia y puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la calidad.