Chile está en el umbral de un nuevo ciclo político y económico, marcado por un cambio profundo en el clima para el desarrollo de inversiones. Tras un largo periodo de incertidumbre, el mensaje del reciente encuentro de Icare fue claro: existe la voluntad de recuperar el crecimiento mediante un “shock de confianza”. Los compromisos de la nueva administración de desmantelar el problema de la “permisología” y resolver la situación de proyectos paralizados por más de US$ 12.000 millones no es solo una medida técnica; es una declaración de principios para liberar las fuerzas productivas del país.
En este escenario, la seguridad hídrica se perfila como un pilar esencial para el desarrollo nacional. La cartera de iniciativas de fuentes no convencionales suma US$ 25.613 millones en 64 proyectos, pero el diagnóstico es agridulce: 22 de esos proyectos aún no ingresan al sistema y 14 permanecen en evaluación. Destrabar esta infraestructura no es sólo un imperativo económico para sectores como la minería —que proyecta un uso de agua de mar del 66% para 2034—, sino una condición ética para el bienestar de las personas y la conservación del medio ambiente.
La industria de la desalación en Chile enfrenta trabas administrativas que amenazan su despegue. Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), los permisos de concesión marítima demoran en promedio 52 meses, a los que se suman otros 39 meses de tramitación ante la Dirección General de Aguas (DGA).
Un ejemplo elocuente de este cuello de botella es la planta desalinizadora de Codelco – Aguas Horizonte. A pesar de su importancia estratégica, el proyecto acumula retrasos significativos por la necesidad de gestionar cerca de 460 permisos ante distintos organismos del Estado. Obstáculos como la gestión de hallazgos arqueológicos —entre 20 y 30 restos en este caso— y la complejidad de los permisos municipales han extendido los plazos originalmente previstos. Es ese encadenamiento burocrático el que el nuevo gobierno busca simplificar para recuperar competitividad.
El proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11.608-09), apoyado por gremios como la Asociación Chilena de Desalinización y Reúso de Aguas (Acades) reconoce el mar como bien nacional de uso público y crea concesiones específicas de hasta 30 años y entrega la certeza jurídica que requiere la inversión privada. Tras su aprobación en el Senado en noviembre de 2025, el proyecto avanza en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
De cara al nuevo ciclo político y económico que busca un «shock de confianza» para la inversión, un tema de alta relevancia es la regulación de las servidumbres, abordada en el Título IV de la iniciativa.
La servidumbre legal de desalinización se erige como el mecanismo crítico para transformar una concesión marítima en una obra real. Este derecho permite al titular ocupar terrenos ajenos para la construcción de plantas, la instalación de ductos y acueductos, interconexiones eléctricas y caminos de acceso, abarcando desde la captación hasta la disposición final de las aguas. Sin esta herramienta, la concesión marítima corre el riesgo de quedar aislada, sin conexión física con los centros de consumo o producción.
Para otorgar certeza jurídica y evitar paralizaciones en obras estratégicas, el proyecto define dos vías para constituir las servidumbres —acuerdo voluntario por escritura pública o resolución judicial—, exigiendo su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces para blindar la inversión frente a terceros y garantizando el respeto a la propiedad privada mediante una indemnización obligatoria, cuyo monto se fija de mutuo acuerdo o por la justicia.
Es importante seguir este proceso para evitar que indicaciones introduzcan nuevas demoras o exigencias que asfixien el desarrollo de estas soluciones hídricas para los desafíos del consumo humano y de la producción. La tramitación debe preservar el espíritu promotor del proyecto y evitar capas adicionales de burocracia que impidan su ejecución y que en el caso concreto de la servidumbre puede perder su carácter expedito.
La desalación ofrece una fuente de agua segura y descentralizada, vital para el abastecimiento de agua potable para muchas ciudades costeras y, en un futuro no muy lejano, también para ciudades interiores. Un ejemplo concreto de este avance es el reciente convenio entre Aguas Pacífico y Esval, acuerdo que permitirá inyectar 200 litros por segundo de agua desalinizada a la red, asegurando el suministro para el consumo humano por las próximas dos décadas.
Además, permite la continuidad operativa de la industria y la minería, y reduce la presión sobre las cuencas continentales. Al integrar tecnologías limpias, como la energía undimotriz, el proceso puede volverse más sostenible, con menores emisiones y una mejor gestión de la salmuera para proteger los ecosistemas marinos.
Chile cuenta con ventajas únicas -4.000 kilómetros de costa y un gran potencial energético- para no solo alcanzar la seguridad hídrica. Al igual que exportamos minerales, el excedente de agua producido con energía limpia podría convertirse en un nuevo motor de exportación verde para la región, posicionando al país como líder en soluciones hídricas.
Otros países ya han recorrido este camino y sus experiencias ofrecen lecciones valiosas:
- España (Barcelona): La planta del Llobregat ha demostrado que la desalación es clave para la resiliencia urbana frente a sequías severas, asegurando el suministro de millones de personas.
- Uruguay: El Proyecto Neptuno muestra cómo un enfoque sistémico y contratos públicos flexibles pueden garantizar el abastecimiento metropolitano en situaciones extremas.
- Australia (Sídney): La colaboración entre industria y academia ha optimizado procesos de ósmosis inversa, además de mitigar impactos ambientales y formar capital humano avanzado, capacidades que Chile también necesita desarrollar.
Si alineamos una agenda de desregulación responsable con proyectos de energía limpia y un marco legal moderno, Chile podrá convertir la inmensidad de su Pacífico en una garantía de prosperidad. Lograr un crecimiento sostenido y ambicioso requiere transformar la crisis hídrica en una plataforma de liderazgo global y de exportación sostenible.
