La semana pasada vivimos un par de bochornos, que lamentablemente son cada día más frecuentes. El primero fue la noticia de que las firmas chinas BYD y Tsingshan detuvieron la construcción de sus plantas de producción de baterías y cátodos de litios en la Región de Antofagasta, que debían estar operativas en mayo. Esta decisión representa un duro revés para la Estrategia Nacional del Litio, motivada por el cambio en las condiciones del mercado y la caída del precio de este elemento, además de las ya conocidas trabas burocráticas.
Durante 2022, ante el alto precio del litio (hasta USD 80 mil en el último trimestre), muchos pidieron acelerar los procesos de licitación para no perder una oportunidad histórica. Sin embargo, el Gobierno frenó el tema y solo en mayo de 2024 se concretó el acuerdo de Codelco con SQM y lo que se conoce como la Estrategia Nacional del Litio.
El segundo ocurrió el viernes pasado, cuando se reveló que el subsecretario de Pesca entregó datos erróneos durante la tramitación del proyecto que modifica la distribución de las cuotas de diversas pesquerías entre los sectores industrial y artesanal. Con base en información incorrecta, los parlamentarios votaron reducir la cuota anual de merluza, lo que llevó a anunciar el cierre de operaciones de PacificBlu a partir de 2026.
Estos casos, marcados por problemas de institucionalidad y de permisología, son un ejemplo de cómo podemos obstaculizar nuestra sostenibilidad.
¿Qué entendemos realmente por sostenibilidad? La inteligencia artificial nos ayuda a identificarla como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Este concepto se sustenta en tres pilares: ambiental, social y económico.
Efectivamente, en ambas situaciones se contradice el discurso del Estado como garante de la sostenibilidad. Se necesita avanzar con el litio, que es un elemento clave para la electrificación, la que a su vez es un factor importante para enfrentar el cambio climático y en el uso adecuado de los recursos marinos que generan un nivel importante de actividad económica y empleos en la Región del Biobío.
Tanto es así, que para que un proyecto se materialice, deben analizarse más de 300 permisos en 70 entidades estatales. En las conclusiones del documento Análisis de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile (2023) de la Comisión Nacional de Productividad (CNEP), se señala que en los permisos más complejos los plazos superan ampliamente la normativa, con altas tasas de rechazo que reflejan una desconexión entre las expectativas de las autoridades y las solicitudes de los inversionistas.
Por el contrario, lo que se necesita -según afirma el mismo estudio- es avanzar a un sistema de tramitación de permisos eficiente, previsible y estable, que incentive el desarrollo de proyectos de inversión sustentables. Esta fórmula debería evitar soluciones que se traduzcan en aumentar la burocracia o generar conflictos de competencia entre organismos sectoriales y, por otro lado, buscar mecanismos de financiamiento que no torpedee el crecimiento del país.
Resulta interesante consultar la visión de la época. El año 2000 el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó La Transformación Económica de Chile. El capítulo 6, “El Programa Chileno de Concesiones de Infraestructura: Evaluación, Experiencias y Perspectivas”, señala que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) estimaba que las necesidades de inversión entre los años 1995 y 2000 ascendían a USD 11 mil millones y el gobierno de la época vio que la alternativa para materializarlas era a través de un atrevido programa de concesiones.
Así se concretaron las autopistas Santiago -San Antonio, Santiago-, Valparaíso y la Costanera Norte, entre otras; los programas de concesiones con un régimen de mono operador de los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente, que eran los más importantes del país; y las empresas sanitarias, que invirtieron en el tratamiento de las aguas servidas a nivel urbano en todo el país, aumentando la cobertura desde 17% a mediados de los 90 al casi 100% actualmente.
Para avanzar realmente en el desarrollo sostenible, la institucionalidad pública es clave pues debe establecer marcos regulatorios que promuevan esa sostenibilidad, impulsando que los proyectos de inversión sean amigables con el medio ambiente, y con la comunidad, pero en primer lugar que se puedan realizar. El mayor obstáculo muchas veces es la frivolidad, que lleva a no aprovechar los recursos porque los proyectos no se aprueban.
En definitiva, la llamada es para que las autoridades actuales y futuras trabajen con dedicación y colaboración para construir un futuro verdaderamente sostenible, mediante políticas sólidas, responsabilidad social y la eliminación de la frivolidad que frena el desarrollo sostenible de Chile.
Excelente