La educación pública atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), lejos de fortalecer los establecimientos, ha generado incertidumbre, tensiones internas y una creciente desconfianza en las comunidades educativas. El caso del Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro es un ejemplo que amerita una reflexión profunda y honesta.
La actual directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales Anziani, fue nombrada durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. De acuerdo con su currículum, es matrona de la Universidad de Valparaíso, magíster en Gestión Educacional de la Calidad de la Universidad de los Andes y diplomada en Gestión de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior de DUOC UC. Cuenta con 17 años de experiencia en cargos directivos, principalmente en instituciones de educación superior, vinculadas al ámbito de la salud, pero nunca ha pisado una escuela pública, ni como docente ni como directivo escolar.
¿Es suficiente ese perfil para liderar 43 escuelas y Liceo públicos de Santiago Centro? La educación escolar posee dinámicas, tensiones y realidades profundamente distintas a la educación superior. La experiencia en aula, el conocimiento del trabajo cotidiano en una escuela, el manejo de comunidades vulnerables, de equipos docentes tensionados y de estudiantes que viven contextos complejos, no se adquieren desde una oficina ni exclusivamente desde la gestión universitaria.
La Sra. Retamales, a pesar de no contar con formación pedagógica de base ni experiencia escolar, se convierte en la máxima autoridad de establecimientos emblemáticos, históricamente marcados por movilizaciones, instrumentalización política y conflictos ideológicos que impactan directamente en los procesos educativos. La explicación podría estar en su cercana relación con la extrema izquierda, lo que se vio claramente reflejado en la ceremonia de traspaso de los Establecimientos Municipales al SLEP.
A esta situación se suma una preocupación mayor: el SLEP se ha transformado, en los hechos, en un espacio donde confluyen numerosos funcionarios provenientes de la administración de la exalcaldesa Irací Hassler, reproduciendo una lógica de continuidad política más que de mérito técnico. La percepción en los territorios es clara: los cargos se asignan por afinidad ideológica y no por competencia profesional, sin procesos suficientemente transparentes ni evaluaciones rigurosas, como sí se exige a directores y docentes del sistema escolar. Ello constituye uno de las más flagrantes incumplimientos de las promesas de la nueva Educación Pública, para la cual se argumentó, entre otras cosas, que se les quitaba la administración a los Alcaldes porque usaban el sistema educacional como plataformas políticas y clientelismo.
Un caso particularmente delicado es el de Cecilia Ramírez, exseremi de Educación de la Región de Coquimbo, quien actualmente se desempeña como coordinadora de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico (UATP) del nuevo SLEP Santiago Centro. En el sitio oficial del servicio se destaca su experiencia y liderazgo pedagógico; sin embargo, es un hecho público que su salida del cargo de seremi se produjo en medio de denuncias por maltrato laboral, la existencia de sumarios administrativos y un contexto que derivó incluso en la aplicación de la Ley Karin.
A ello se suma que, según su propia descripción en redes sociales, la exautoridad se define públicamente como feminista y frenteamplista, lo que, sin ser reprochable en el ámbito personal, vuelve a instalar la duda sobre la ausencia de criterios de prescindencia política en cargos que debiesen estar orientados exclusivamente al resguardo técnico, pedagógico y humano del sistema educativo.
La pregunta es inevitable: ¿cómo una persona vinculada a este tipo de antecedentes llega a un cargo estratégico dentro del SLEP? ¿Qué filtros fallaron? ¿Qué se está omitiendo explicar a las comunidades educativas?
Resulta contradictorio que, mientras el discurso oficial insiste en el bienestar laboral, la prevención del acoso y el cuidado de los trabajadores, se continúe incorporando figuras ampliamente cuestionadas, sin una señal clara de responsabilidad política ni administrativa.
El problema de fondo es estructural. El modelo SLEP, en gran parte del país, no está dando resultados. La burocracia aumenta, las decisiones se alejan de las escuelas y la ideología termina imponiéndose por sobre el sentido pedagógico. Hoy, con recursos provenientes de todos los contribuyentes, se financia un sistema que no prioriza a los estudiantes, sino a operadores políticos y redes de poder.
La educación pública no necesita más discursos ni cargos de confianza política. Necesita liderazgos con experiencia real en escuelas, con formación pedagógica sólida, con autoridad moral y técnica para conducir comunidades educativas en contextos extremadamente complejos.
Una vez más, los perjudicados son los niños, niñas y jóvenes. ¿Quién está pensando realmente en ellos?