Celebramos que la Universidad San Sebastián haya decidido publicar el libro que hoy presentamos, “4/9, el rechazo de Chile”. Los autores, Marcela Cubillos, Gonzalo Arenas, Jaime Abedrapo, Ana Luz Durán, Cecilia Morán y Eugenio Yáñez, todos destacados académicos de esta universidad, aceptaron el reto de reflexionar sobre la historia en movimiento, y salieron airosos. Se trata del primer libro dedicado al triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022, un acontecimiento cuya inmensa trascendencia política se apreciará mejor con el paso del tiempo.
Los ensayos se concentran en el examen de los contenidos del proyecto de nueva Constitución elaborado en la Convención que funcionó durante un año, pero también en las características de ese exótico órgano que fue la Convención, sobre cuya génesis predomina un ominoso silencio en el mundo de los partidos, como si no hubieran sido ellos los progenitores de aquella criatura.
En su trabajo “Crónica de una refundación fracasada”, Marcela Cubillos describe elocuentemente su experiencia como convencional perteneciente a una minoría que no se dejó intimidar por los controladores sectarios de la Convención, y fue capaz de levantar la voz en condiciones muy adversas para defender, ni más ni menos, que la unidad de la nación chilena, la igualdad ante la ley y los principios de la democracia representativa. Es hora de decirlo. Los convencionales de esa minoría dejaron un testimonio de coherencia republicana que no dudo que perdurará como lección para el futuro. La conclusión de Marcela es rotunda: “A lo largo de este camino, no hay exageración alguna en decir que Chile se asomó al abismo”.
Así fue exactamente. Nuestro país estuvo al borde del abismo. El triunfo del Rechazo salvó a Chile de una inmensa catástrofe. Desde la Presidencia de la República fue avalado un proyecto de Constitución que, si hubiera sido aprobado en el plebiscito, habría dado lugar a una crisis de tales dimensiones que pudo haber desbordado la legalidad. Baste recordar que, en la campaña, el PC había proclamado que el plebiscito era “la batalla de las batallas”: no cuesta imaginar las conclusiones prácticas que habría sacado de un eventual triunfo.
Si se hubiera impuesto el Apruebo, es probable que muchos inversionistas no hubieran esperado ninguna señal más para abandonar el país. Se habría potenciado la fuga de capitales de los últimos años. Es probable también que hubiéramos visto surgir de facto las autonomías territoriales indígenas y que se hubieran incrementado las acciones de fuerza para ocupar las llamadas tierras ancestrales. La incertidumbre, el desorden y la inestabilidad podrían haber abonado el terreno a la violencia.
El Rechazo salvó al país de una verdadera catástrofe. Pero no lo dejó en el limbo. Tal como estaba establecido explícitamente en la reforma constitucional que habilitó el proceso que concluyó con el plebiscito, Chile siguió funcionando en el marco del orden constitucional vigente, que no es interino, ni es provisorio ni está muerto. El país no se encuentra en tierra de nadie. Hay un orden cuya legitimidad no está en el aire; si fuera así, querría decir que todas las autoridades también lo están, partiendo por el Presidente. Los cambios que vengan mañana, o pasado mañana, deben sujetarse a las reglas que hoy ordenan la vida en democracia.
Necesitamos aprender de lo vivido. La Convención fue una especie de condensación de numerosas fantasías peligrosas, cuyo punto de partida era la descripción de un país que, por ser tan defectuoso, debía ser reemplazado por otro. El magma de compulsiones identitarias confluyó en el diseño de una estructura que nunca fue ni podía ser una Constitución para convivir en democracia, sino una plataforma de poder de raíz autoritaria, destinada a reproducir, en escala nacional, el modelo de la Convención y, por supuesto, con un liderazgo semejante. Era algo así como la vía constitucional a la revolución.
En los días de la Convención, vimos los extremos a los que puede llegar la degradación de la política cuando confluyen factores tales como la dificultad para diferenciar lo real de lo imaginario, la transformación de las ideas en creencias, el furor militante y, ciertamente, la expansión del oportunismo. La exaltación constituyente hizo surgir nuevas inquisiciones, las que forzaron a no poca gente a mimetizarse o adaptarse a las consignas predominantes, por ejemplo, académicos dispuestos a cualquier cosa para no ser funados. El miedo hizo callar y retroceder a muchas personas.
Del fracaso de la Convención se tiende a responsabilizar sobre todo a los convencionales, pero sucede que ella fue creada, en diciembre de 2019, por un Congreso Nacional asustado, que aprobó a ojos cerrados una reforma constitucional respecto de cuyas implicancias no hubo ni un solo parlamentario que manifestara dudas, pese a que consagraba la renuncia del Congreso a su potestad constitucional y validaba en los hechos, la elección de un segundo Parlamento.
¿Cómo llegó Chile a esa encrucijada? “La violencia hizo lo suyo”, dijo en tono valorativo el senador Jaime Quintana en los comienzos de la Convención. Es cierto. Se puede decir, parafraseando a Marx, que la violencia fue la partera de la Convención. Y esa violencia produjo una extendida indulgencia y hasta una suerte de “justificación social”. Resurgió la antigua coartada de que una causa noble puede validar los métodos innobles. El fin justifica los medios. Y así actuaron hace tres años los opositores al gobierno del presidente Piñera casi sin excepción.
Estamos obligados a revisar la historia. Chile recorrió una vía singular para dejar atrás la dictadura y reconstruir la democracia. El dato irrefutable es que el triunfo del No en el plebiscito de 1988, no obstante haberse producido en el marco de la Constitución de 1980, fue el punto de partida de la recuperación de las libertades. Otro plebiscito, en julio de 1989, con Pinochet todavía en La Moneda, aprobó 54 reformas constitucionales, las que permitieron efectuar elecciones libres y competitivas en diciembre del 89. En los años siguientes, los presidentes Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos, Bachelet y Piñera impulsaron nuevas reformas constitucionales. Las de mayor alcance se materializaron en 2005, en el gobierno de Lagos.
¿Quiere decir, entonces, que en Chile hubo una transición que podría calificarse de impura? Efectivamente, y es probable, que allí radique su cualidad, no su defecto. Transición impura, sin duda, o sea realista, terrenal, fuera de norma, y gracias a ella, el país evitó nuevos enconos y nuevos desgarramientos. Fue la vía de la paz interna y del compromiso de las FF.AA. con la reconstrucción del régimen de libertades. En el camino, el texto de 1980 cambió sustancialmente y se convirtió en el soporte de la institucionalidad democrática y del progreso económico y social.
La acumulación de reformas se demostró ampliamente fructífera, y eso implica valorar la disposición constructiva con que actuaron la centroizquierda y la centroderecha para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad. Es justo destacar que las discrepancias y la competencia electoral no fueron un obstáculo para que crearan un espacio de acuerdos y cooperación que permitió que Chile progresara como nunca antes.
La política, sin embargo, es caprichosa. En 2013, Michelle Bachelet, en su campaña por volver a La Moneda, dijo que se proponía reemplazar la Constitución, la que llevaba la firma de Lagos desde 2005. Fue el momento en que invitó al PC y al naciente Frente Amplio a su segundo gobierno. Paradójicamente, en los 4 años Bachelet no entregó una propuesta de nuevo texto al país, y se limitó a impulsar un programa de asambleas y cabildos sin base legal.
Cuando ella le entregó el mando a Piñera, en marzo de 2018, el país no tenía un problema constitucional, que se expresara, por ejemplo, en vacíos o indefiniciones sobre la división de poderes, el ejercicio de las libertades, el rol de las FF.AA. o la alternancia en el poder. Tampoco existía tal problema en septiembre de 2019. Pero, vino en octubre la agresión por la espalda a nuestra convivencia, que determinó que los chilenos nos asomáramos al lugar sin límites. No hemos olvidado la quema de iglesias, por supuesto.
Sostengo que el estallido no fue social, sino descarnadamente político. Buscó llevar a Chile al caos y provocar un quiebre institucional. Nada de eso fue espontáneo, ni se explica como una especie de súbita exasperación del pueblo. En aquellos días, el pueblo propiamente tal se estaba ganando la vida, con esfuerzo, como siempre; eran otros los que tenían todo el tiempo del mundo para dedicarlo a la destrucción y el pillaje, y con los incentivos correspondientes. Operó entonces una oscura coalición político/delictual, que estoy convencido de que tuvo apoyo extranjero. Es cierto que muchos jóvenes salieron a desfilar por variadas causas atendibles, pero lo definitorio fue la agresión a mansalva llevada a cabo por fuerzas antisociales.
En algún momento, tendremos que saber toda la verdad de lo ocurrido. Hasta hoy, el Congreso Nacional no se ha atrevido a investigar el trasfondo del 18 de octubre, probablemente porque quedarían de manifiesto muchas complicidades y cobardías.
En 2019, la barbarie hizo tambalear el orden democrático, lo que fue aprovechado por los opositores para tratar de demostrar que la solución era hacer otra Constitución. Quienes estaban en condiciones de explicar que el texto reformado cumplía las exigencias de una democracia moderna eran, obviamente, los partidos de la antigua Concertación. Pero, a esas alturas, amedrentados por la izquierda de dientes apretados, no se atrevían a defender ni lo que hicieron bien. ¿Qué pasó con la centroderecha? Actuó defensivamente, cargando sus propios complejos, condicionada por la decisión de Piñera de propiciar el reemplazo de la Constitución. En los hechos, el Mandatario abrió las puertas al cuestionamiento del orden constitucional justo en medio de la ofensiva de quienes buscaban derrocarlo. Y su deber era resistir la intentona golpista, no poner en duda la legitimidad de las instituciones.
Los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 no se preguntaron de dónde venía la amenaza a las libertades, ni cuáles eran los bienes que había que defender. Les bastó con proclamar que la paz dependía de hacer otra Constitución. De un falso diagnóstico vinieron malos remedios. Los administradores del miedo jugaron un papel decisivo. Así, surgió la Convención, que configuró la más grave amenaza de desarticulación nacional. No se ha denunciado lo suficiente que el nuevo orden consagraba la segmentación racial de la nación, una especie de apartheid de apariencia justiciera.
En febrero de este año, se conoció el informe sobre la situación de la democracia en el mundo que elabora la organización Economist Intelligence Unit. El índice mide 5 aspectos: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. El informe evaluó a 165 países, y el resultado fue este: en el mundo existen 59 regímenes autoritarios, 36 regímenes híbridos, 48 democracias defectuosas y sólo 24 democracias plenas. En América Latina, sólo existen tres democracias plenas: Uruguay, Costa Rica y Chile.
Y, sin embargo, aquí estamos, pagando todavía los costos de un largo extravío. En estos años, la compulsión constituyente dañó la democracia real y fomentó la inestabilidad. En rigor, la cuestión constitucional fue para algunos un método tramposo para ganar poder y, más específicamente, para remodelar el país según las pautas del populismo latinoamericano. El fracaso de la Convención no se explica por la falta de expertos, sino porque allí no hubo suficientes defensores de la República bicentenaria y la democracia liberal.
Necesitamos cambiar no pocas cosas, pero el antiguo consejo es no arreglar lo que funciona, no desmantelar algo sin tener claro con qué se lo quiere reemplazar. Se trata de mejorar lo que existe. Asunto clave es la modernización del Estado, para que sirva mejor al interés colectivo, evite el dispendio de los recursos públicos y cumpla mejor sus obligaciones fundamentales, ante todo, hacer respetar la ley en todo el territorio y asegurar que las FF.AA. y las policías tengan el monopolio de la fuerza.
Hace pocos días partió el segundo proceso constituyente con la instalación de la Comisión Experta, con 24 integrantes, y del Comité Técnico de Admisibilidad, con 12 integrantes. Falta elegir a los 50 miembros del Consejo Constitucional el 7 de mayo. Se trata de una estructura compleja, cuyos resultados serán evaluados en diciembre, en un nuevo plebiscito.
Esperemos que el proceso no traiga nuevas confusiones en un momento en que las preocupaciones de la población van por otro lado: la delincuencia, las oportunidades de empleo, el nivel de las pensiones, el deterioro de la educación pública, etc. Ojalá se produzcan acuerdos beneficiosos. Pero, no hay lugar para los entusiasmos. No ha pasado tanto tiempo de las expresiones tropicales que escuchamos al comienzo de la Convención. La semana pasada, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, les dijo a los miembros de la Comisión Experta “La República está en sus manos”. No es cierto. No hay para qué exagerar. La República está en manos de todos nosotros.
Los principales problemas del país se han originado, básicamente, en la degradación de la política, lo cual empezó hace tiempo. Ganaron terreno los sectores movidos por el espíritu tribal, el ruido mediático, los pequeños negocios. Han hecho escuela los cínicos que actúan de acuerdo a la dirección de los vientos. ¿Podría ayudar que hubiera menos partidos? Tal vez. Pero no hay soluciones milagrosas para la politiquería. Lo decisivo es recuperar la decencia y el civismo, erradicar las malas prácticas, combatir la corrupción y poner las instituciones al servicio del bien común. Sobran las evidencias de que la democracia puede ser socavada desde dentro. Por ello, hacen falta ciudadanos alertas, informados, con sentido crítico.
Algunas personas bien intencionadas han declarado que lo fundamental es “cerrar” el debate constitucional para despejar el futuro. En verdad, ningún texto es garantía de ello. Hay quienes han dicho incluso que lo importante es aprobar un texto que lleve la firma del actual Presidente. Muy discutible, por supuesto. Ha habido exceso de ilusionismo en este tiempo. Una Constitución puede estar bien concebida, pero no es un muro contra la insensatez y el frenesí. Incluso, no impide que los demagogos y los aventureros lleguen al poder. La cuestión esencial es la lealtad con la democracia. Ello exige que todas las fuerzas políticas rechacen la violencia sin ambigüedades y se comprometan con el Estado de Derecho.
Los autores del libro que presentamos tienen el mérito de haber hecho explícitas las lecciones que debemos extraer de los graves errores de este tiempo. El 4 de septiembre demostró que Chile tiene fuerzas suficientes para superar las actuales dificultades, defender las libertades y renovar su marcha hacia mejores días. Es lo que deseo fervientemente.
*Presentación del libro “4/9, el rechazo de Chile”, de los autores, Marcela Cubillos, Gonzalo Arenas, Jaime Abedrapo, Ana Luz Durán, Cecilia Morán y Eugenio Yáñez