A mediados de marzo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el inicio de medidas de cobranza dirigidas a deudores morosos del CAE de mayores ingresos, instruyendo a la Tesorería General de la República a intensificar las acciones de cobro. Tras estos anuncios, la recaudación se disparó significativamente, alcanzando cerca de $8.300 millones de pesos en tan sólo 15 días, y $12.800 millones en lo que va del año. Este aumento no es un fenómeno aislado, sino que pone en evidencia una lección de política pública, a ratos olvidada: el comportamiento de las personas es sensible a las señales e hitos provenientes del ámbito político y de las políticas públicas.
Un primer hito relevante fue la reforma al Crédito con Aval del Estado (CAE) implementada en 2012 por el ex Presidente Sebastián Piñera. Esta medida no sólo redujo sustancialmente la carga financiera mediante la disminución de las tasas de interés, sino que también introdujo mecanismos de pago contingentes al ingreso, hasta entonces inexistentes. Como consecuencia, la tasa de morosidad disminuyó de manera significativa, estabilizándose en torno al 35% hacia 2015. No sólo mejoraron las condiciones de pago, sino que también los deudores comenzaron a percibir el crédito como un instrumento más justo y accesible.
Así como algunas señales fortalecieron el pago, otras operaron en la dirección contraria. La política de gratuidad -implementada en 2016-, por ejemplo, se asoció a un aumento gradual de la morosidad, que pasó de un 35% en 2015 a un 43% en 2019. Al eximir a un grupo de estudiantes de cualquier obligación de pago posterior, este beneficio contribuyó a instalar una percepción de inequidad entre quienes, bajo condiciones socioeconómicas similares, debían suscribir y cumplir con un contrato de pago.
Por su parte, la elección del ex Presidente Gabriel Boric en diciembre de 2021 produjo un aumento sin precedentes de 9 puntos porcentuales en la morosidad de un trimestre a otro, con cerca de 80.000 nuevos deudores morosos. Este incremento estuvo en línea con las promesas de condonación realizadas no solo durante su campaña presidencial, sino también a lo largo de su trayectoria política. Al instalarse públicamente la posibilidad de una condonación, se generó un cambio en el comportamiento de los deudores, lo que contribuyó a debilitar los incentivos de pago y a erosionar la legitimidad del instrumento.
Sin embargo, este deterioro en los incentivos de pago contrasta con las condiciones crediticias del CAE, que, en términos comparados, resultan favorables. Se trata de un crédito con una tasa de interés del 2%, que permite suspender pagos en caso de cesantía y contempla mecanismos de contingencia al ingreso que limitan las cuotas al 10% de los ingresos. En la práctica, esto se traduce en cuotas promedio de $56.000 para egresados y $66.000 para desertores, por lo que, salvo excepciones, la morosidad no responde a un problema de capacidad de pago, sino más bien a un problema de incentivos.
La evidencia es clara: el comportamiento de pago responde a las señales que emanan desde la política y las autoridades. Estas no son inocuas, sino que tienen efectos concretos sobre la morosidad y, por ende, sobre las finanzas del Estado. En un contexto de estrechez fiscal, avanzar hacia un sistema de financiamiento sostenible del CAE no requiere grandes cambios en materia de política pública, sino, más bien, de coherencia en las señales que se entregan a lo largo del tiempo. Esto implica, entre otras cosas, resguardar la legitimidad del crédito y de sus mecanismos de cobranza, cuya credibilidad no es accesoria, sino condición necesaria para su funcionamiento.