De acuerdo con información del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) de la Unión Europea, el año 2023 fue el año más cálido de la historia desde que se tienen registros. El incremento de temperatura ya supera en casi 1,5 grados Celsius al de la era preindustrial 1850-1900. Es decir, ya casi se ha alcanzado el temido aumento de temperatura que el Acuerdo de París, firmado en el año 2015 por 193 países (más la Unión Europea), llamaba a esforzarse por evitar limitando las emisiones de gases con efecto invernadero.
Como ya es sabido, Chile es uno de los países más afectados por el fenómeno del cambio climático lo que se manifiesta en menores precipitaciones, mayores temperaturas y menor acumulación de nieve. A pesar de esto, existe bastante consenso entre distintos expertos que las acciones y gestiones impulsadas hasta la fecha no han sido suficientemente oportunas para compensar la creciente inseguridad hídrica.
Para que el país pueda lograr su seguridad hídrica resulta imperativo contar con un conjunto de acciones de parte de actores públicos y privados, que se refieren al mejoramiento y fortalecimiento en forma simultánea de aspectos claves tales como la fiscalización, gobernanza, inversión, ciencia e información, entre otros.
En lo que respecta a materias de inversión, la semana recién pasada, el gobierno anunció una loable iniciativa que es el ingreso de al menos dos proyectos de ley para abordar la problemática del lento otorgamiento de autorizaciones y permisos ambientales y no ambientales. Dicha debilidad institucional afecta creciente y negativamente el desarrollo de los proyectos de toda índole y tamaño en Chile, debido principalmente a los largos plazos involucrados y a la incertidumbre de los procesos de aprobación por parte del Estado.
El primer proyecto de ley se refiere al fortalecimiento del sistema de evaluación ambiental para lo cual fortalece el carácter técnico en la calificación de proyectos, establece una sola vía de impugnación para evitar tiempos excesivos, crea un proceso voluntario de participación ciudadana temprana y reduce a la mitad los plazos de estudios y declaraciones de impacto ambiental cuando se trate de proyectos o actividades urgentes que cumplen con determinados criterios alusivos a, por ejemplo, necesidades públicas impostergables (Boletín N. 16.552-12 que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia).
El segundo proyecto de ley trata sobre el desarrollo de un sistema inteligente de permisos sectoriales que busca agilizar el otorgamiento de 380 permisos que emanan de 37 leyes y son otorgados por 38 servicios dependientes de 16 ministerios. Para ello establece un examen de admisibilidad y plazos máximos, criterios de proporcionalidad en la tramitación, la plataforma SUPER del Ministerio de Economía como ventanilla única digital del Estado y la creación de un órgano público para que haga cumplir las normas de tramitación y su perfeccionamiento (Boletín N. 16.566-03 que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones a los cuerpos legales que indica).
No cabe duda de que, para alcanzar un grado razonable de seguridad hídrica en las 101 cuencas del país, se requerirá el desarrollo de inversiones en varias de ellas, tales como embalses y tranques, plantas de desalinización, plantas de reúso del agua, acueductos y algunas soluciones basadas en la naturaleza. Sin embargo, los plazos asociados y la complejidad para obtener los permisos ambientales y no ambientales dificultarán lograr la seguridad hídrica en los tiempos requeridos.
Por ejemplo, para poner en marcha una planta de desalación, se requieren 2 a 3 años de estudios, luego en su etapa de preinversión se requiere obtener una concesión marítima (2, 3 o más años), una aprobación ambiental (2 o más años) y superar temas varios tales como servidumbres de paso y atraviesos, hallazgos arqueológicos y solicitudes lafkenches, entre otros. En algunos casos se debe tramitar el permiso de obras hidráulicas mayores que otorga la Dirección General de Aguas (hasta 2 años), y, adicionalmente, se requiere obtener permisos para desarrollar proyectos complementarios como son las obras de conducciones de agua hacia centros de consumo y proyectos de obras eléctricas. En suma, hablamos de al menos 7 u 8 años.
Dada la criticidad del tema hídrico en algunas cuencas, en particular en las regiones de Coquimbo y Valparaíso donde la población que habita en los sectores costeros es muy numerosa, se requerirá de una rápida tramitación legislativa y de su correspondiente implementación mediante la inmediata dictación de los necesarios reglamentos y resoluciones. De lo contrario, la seguridad hídrica de la población, los ecosistemas y las principales actividades económicas en cada cuenca se verán gravemente amenazadas durante la próxima década.
