El aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales ha instalado con fuerza el debate sobre medidas como pórticos detectores de metales y revisión de mochilas. No se trata de una percepción aislada: en 2025, la Superintendencia de Educación recibió 22.680 denuncias ciudadanas, un 18,7% más que en 2024, y más del 75% de ellas estuvo vinculado a convivencia educativa.
A ello se suma la discusión del proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, que abre una conversación legítima y necesaria. Pero aquí hay un riesgo evidente: creer que la seguridad escolar se resuelve únicamente con tecnología.
La experiencia demuestra que lo que realmente previene no son sólo los dispositivos, sino la gestión que los rodea: protocolos claros, personal capacitado, control de accesos bien diseñado y capacidad de reacción frente a incidentes. De hecho, ya en el primer trimestre de 2025 la Superintendencia había reportado 2.501 denuncias, un 14,2% más que en el mismo período del año anterior, lo que confirma que estamos frente a un fenómeno persistente y no frente a episodios aislados.
Un colegio no es un aeropuerto. Y tratarlo como tal puede generar efectos contraproducentes, tensionando la convivencia escolar sin necesariamente mejorar la seguridad. Cuando una medida se implementa sin un modelo de gestión que la sostenga, el riesgo no es sólo su ineficacia, sino también la generación de una falsa sensación de control.
Por eso, la pregunta de fondo no es si incorporar o no herramientas tecnológicas, sino bajo qué criterios, con qué protocolos, con qué supervisión y con qué capacidades humanas detrás. En seguridad, la diferencia no la marca sólo el dispositivo, sino la manera en que ese dispositivo se integra a un sistema de prevención coherente.
En ese contexto, la seguridad privada puede cumplir un rol relevante y hasta ahora subutilizado como complemento al sistema público. La legislación chilena la define precisamente como una actividad de carácter preventivo, coadyuvante y complementario de la seguridad pública, destinada a la protección de personas y bienes.
Chile cuenta con una industria con experiencia en prevención, control de accesos y gestión de riesgos en sectores críticos. Esa experiencia, aplicada con estándares adecuados a entornos educacionales, puede aportar soluciones concretas, siempre bajo una lógica de resguardo, proporcionalidad y convivencia.
La seguridad privada no reemplaza al Estado, pero sí puede contribuir a hacerlo más eficaz, especialmente en un escenario donde la demanda por prevención supera muchas veces la capacidad de respuesta del sistema público. El desafío no es sumar más medidas visibles, sino construir sistemas que realmente prevengan, protejan y den tranquilidad a las comunidades educativas.
Porque en seguridad, lo que parece suficiente muchas veces no lo es.