El proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) lleva en tramitación 12 años desde el ingreso de su primera versión. Ha sido un camino largo, difícil, con consulta indígena, participación de expertos en diversas áreas y mucho estudio y trabajo por parte de todos los actores. Después de su aprobación en Comisión Mixta, sólo queda que el Senado y la Cámara de Diputados den su visto bueno final.
La creación de este servicio es, sin duda, la política pública más importante en materia medioambiental de la última década. Busca completar la institucionalidad ambiental y unificar e integrar la gestión y administración de las áreas protegidas, que hoy están bajo cinco diversos organismos y ministerios. Además, busca proteger el derecho de propiedad y el desarrollo productivo, compatibilizando desarrollo y cuidado de la naturaleza.
Fortalece, también, la protección del sistema de áreas protegidas, refuerza a los guarda parques y se encargará de hacer una política nacional integral que resguarde la biodiversidad de todo el país, no solo de las áreas protegidas.
Lamentablemente, para este Gobierno (ecologista), todos esos avances no son suficientes. Finalmente, todo se trata de dónde se cultivan los salmones.
Se ha acusado a quienes se oponen a regular este tema a través del proyecto de ley SBAP, de mentir, querer destruir el medio ambiente y utilizar a los trabajadores. Nada más lejos de la realidad. Es un hecho que existen problemas con distintos cultivos de especies exóticas, mayormente por un problema de planificación y gestión administrativas de todos los últimos gobiernos. Más aún, se aprobó una prohibición expresa de cultivo en las tres categorías de áreas protegidas más importantes: reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales.
Sin duda es necesario revisar y regular la política de salmonicultura, tomando en consideración las áreas protegidas actuales y que no fueron consideradas por parte de la institucionalidad pesquera para la entrega de estas concesiones. Se trata de un sector que aporta un porcentaje importante no solo del PIB, sino que también de empleos, en zonas donde la oferta es escaza. La regulación sin base en la información, sin un estudio de impacto acabado, es mala regulación.
La actividad económica y la protección del medio ambiente, ambos, son fundamentales para el desarrollo del país y deben ser conjugados. Celebremos los avances. Estamos a un paso de terminar con la construcción de nuestra institucionalidad ambiental. Que no nos nublen los pequeños gustitos.
*Andrea Barros I. Directora de políticas públicas de Ideas Republicanas
