El año 2014, la reforma tributaria de la Presidenta Bachelet tenía un fin principal en la educación gratuita de calidad. Dicha reforma dio vuelta las prioridades, comenzó por financiar la educación universitaria gratuita, postergando una educación básica de calidad para nuestros niños ¿y que tenemos 9 años después? Que esa importante inyección de recursos 1,5% del PIB, no logró mejoras en la calidad de la educación y tampoco bajas en la desigualdad, el índice de Gini sigue estancado. Es más, el crecimiento promedio del PIB de Chile previo al 2014 era de 5% promedio, posteriormente el crecimiento promedio se estancó en niveles cercanos al 2,5% promedio.
Hoy se presenta una reforma tributaria que pretende recaudar más del doble de lo que efectivamente recaudó la reforma fiscal 2014. Es importante, por tanto, entender si ahora el uso de los recursos tiene en consideración las necesidades del país, las opciones para mayor carga fiscal se van cerrando y no hay margen de error.
Pues bien, 70% de los recursos de esta reforma se estima se destinarán a salud y previsión, 10% a educación y un considerable 20% a lo que el Gobierno ha denominado diversificación productiva y encadenamiento de I+D.
En el mensaje de la reforma tributaria por parte del Gobierno, en resumen, vemos que 80% de los recursos se destina a gasto social y 20% a un fin distinto de índole productivo y de I+D, actividad que en el mundo es rol mayoritario de los privados, 20% de recursos que en forma prioritaria y sensata se podría por ejemplo destinar a la educación básica de calidad de nuestros niños, aún postergada.
La economista Mariana Mazzucato, cercana al actual Gobierno, de visita en Chile en 2022, indicó que “muchos economistas en el mundo están mirando a Chile como un experimento para matar el neoliberalismo” la misma economista propone el concepto de Estado Emprendedor cambiando el rol del mercado como mecanismo central para decidir acerca de la asignación de los recursos en la economía, sustituyéndolo por el Estado a partir de «misiones» definidas a nivel central.
No sorprende por tanto que la reforma tributaria destine un 20% de los recursos -un enorme botín- , de cerca de 2.000 millones de dólares en régimen a algo muy parecido al denominado Estado emprendedor.
Si bien se requiere mejorar la posición de Chile en productividad e Investigación y desarrollo donde estamos al debe a nivel mundial, el punto es ¿cómo? Y también preguntarnos si podemos lograr avances en esta materia si primero no se invierte en la base que es una educación básica y técnica de calidad donde Chile se encuentra en los últimos lugares de la OCDE.
Mejorar la diversificación productiva, a simple vista parece un objetivo positivo, pero ¿puede un país arriesgar sus escasos recursos en «experimentos»?
¿Podemos tropezar dos veces con la misma piedra? La reforma tributaria 2014 nos mostró la importancia de tener claro el fin para el que se recauda, ya que mayores impuestos no son neutrales respecto a la inversión y el crecimiento económico. ¿Postergamos nuevamente una educación de calidad para nuestros niños? ¿Apostamos como país a una actividad de inciertos resultados con una propuesta de Mazzucato que hace suya este Gobierno? Lo cierto que un Estado que no es capaz de hacer bien lo básico -seguridad, salud, educación- es al menos dudoso que puede aspirar a ser Estado empresario en forma exitosa.
Adicionalmente es necesario poner los pies en la tierra. Las utopías se acabaron el 4 de septiembre de 2022. No se puede invertir en diversificación productiva e I+D si para eso sacrificamos el crecimiento económico que es el responsable del 90% de la reducción de la pobreza en nuestro país en los últimos 30 años y en más del 80% de la recaudación fiscal. Es importante no perder de vista que cada punto de crecimiento recauda 0,19 puntos del PIB, por tanto no da lo mismo volver a crecer al 5%, que seguir en un mediocre 2%.
En momentos que se discute eliminar el impuesto al patrimonio que recauda 0,48 puntos del PIB el que afecta negativamente la inversión y crecimiento, el llamado es a mirar también el destino de los recursos que pretende la reforma tributaria.
Existe consenso en el gasto social directo, pero no en experimentos como el Estado emprendedor. Si eliminamos este objetivo a financiar en la reforma tributaria se pueden ajustar 0,7 puntos del PIB: de 3,6 puntos del PIB se pasaría a 2,9 puntos del PIB. ¿Cómo ajustamos? Eliminando precisamente los impuestos con mayor impacto negativo en la inversión y el crecimiento, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las utilidades acumuladas de sociedades de inversión pasiva son candidatos seguros.
Es importante igualmente que los 2,9 puntos del PIB se destinen en forma equilibrada a gasto social -salud, previsión y educación básica de calidad- que debe ser la gran prioridad. No podemos esta vez equivocar las prioridades y volver a tropezar con la misma piedra.
*Juan Alberto Pizarro. Presidente Comisión Tributaria – Colegio de Contadores de Chile