El proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para 2026, en la partida de Educación, ha generado una profunda preocupación. Tras un análisis detallado, especialmente al corregir las cifras por la inflación, omitida en el proyecto, concluimos que la propuesta presupuestaria sacrifica la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales del profesorado en beneficio del cumplimiento de compromisos en Educación Superior. Esta priorización desbalanceada pone en riesgo la base del sistema educativo y la recuperación de aprendizajes post-pandemia.
La promesa de un crecimiento en el sector educativo se diluye al aplicar el ajuste inflacionario. Las cifras corregidas demuestran que los recursos para Educación Escolar, en lugar de crecer, exhiben una caída real de 2,1%. Esta baja es impulsada, fundamentalmente, por la dramática reducción real de $392,9 mil millones (-5,1%) en las Subvenciones Escolares.
El impacto para los docentes es directo, puesto que la reducción de las subvenciones no se condice con la necesidad de financiar el aumento de cotizaciones previsionales derivado de la Reforma de Pensiones y comprometidas en la Ley, lo que traspasa una carga financiera a los sostenedores, que probablemente se traducirá en una presión para recortar personal docente y asistente de la educación, exacerbando el agobio laboral del profesorado. Por otro lado, desfinancia Programas de Apoyo del Plan de Reactivación Educativa, como el Plan Nacional de Tutorías y Bienestar Docente, a pesar de su baja ejecución, elimina recursos esenciales destinados a apoyar al profesorado en el cierre de las brechas de aprendizaje y el manejo de la convivencia escolar. La responsabilidad recae íntegramente, una vez más, en el docente de aula, sin herramientas adicionales.
Pero la principal víctima de este presupuesto es la calidad de los aprendizajes, particularmente en los niveles iniciales y de mayor vulnerabilidad. En primer término, el gasto total para Educación Parvularia cae en un 1,5% real. La reducción es especialmente marcada en los recursos para atención de jardines VTF (Vía Transferencia de Fondos), con una baja del 6%. Comprometer el financiamiento y la infraestructura de la primera infancia socava la equidad, pues es en este nivel donde se sientan las bases del desarrollo cognitivo y social. En segundo lugar, se reducen los recursos destinados a los Liceos Bicentenario, un programa que la propia Dirección de Presupuestos (Dipres) evaluó positivamente por su impacto en el desempeño estudiantil. Esta medida envía una señal preocupante sobre la voluntad de sostener políticas públicas que han demostrado efectividad en la mejora de la calidad. Adicionalmente, se aprecia una rebaja en recursos esenciales, como la disminución de $2,8 mil millones en el presupuesto de textos escolares y la reducción de recursos para conectividad a internet en establecimientos, lo que afecta directamente el acceso de los estudiantes a materiales didácticos básicos y a herramientas digitales modernas, acentuando la brecha educativa.
En relación al desarrollo docente hay señales contradictorias. Por un lado, las asignaciones para la Carrera Docente crecen, el alza se modera a $66 mil millones (4,7%), inferior a la cifra oficial. Pero por otro, caen los Bonos de Incentivo al Retiro, lo que no sólo desincentiva la salida de profesores que cumplieron su ciclo, sino que bloquea la necesaria renovación de las plantas docentes.
En definitiva, este presupuesto no es de crecimiento real; es un presupuesto de reasignación de recursos. El desmesurado aumento en Educación Superior se financia directamente a costa de la Educación Escolar y Parvularia.
La calidad educativa de Chile no puede ser la variable de ajuste fiscal. Por eso, exigimos al Ministerio de Educación y al Congreso Nacional que revisen y corrijan urgentemente estas prioridades, destinando los recursos necesarios a las bases del sistema, para que los docentes podamos ejercer nuestra labor en condiciones dignas y para que ningún estudiante vea comprometido su futuro por la falta de inversión estatal.