Chile cuenta con más de 100 áreas silvestres bajo alguna categoría de protección, que abarcan 18,8 millones de hectáreas, equivalentes a entre 22% y 25% de la superficie terrestre, dependiendo de la metodología y categorías consideradas. Si se agrega la superficie marina protegida, dicho porcentaje se eleva a 37%, uno de los porcentajes más altos del mundo. Costa Rica, reconocido internacionalmente como un referente en conservación y turismo de naturaleza, cuenta con 1,3 millones de hectáreas protegidas, equivalentes al 26% de su superficie terrestre. Argentina, con quien compartimos ecosistemas similares, posee 36,5 millones de hectáreas bajo protección, lo que representa un 13% de su territorio.
Las áreas protegidas son la herramienta fundamental para conservar la biodiversidad, pero también cumplen un papel relevante en la educación ambiental y el desarrollo del turismo de naturaleza, generando beneficios sociales y económicos para las comunidades locales. Durante 2025, recibieron casi 3 millones de visitantes, de los cuales el 26% fueron extranjeros. Estos visitantes se concentraron fuertemente en tres áreas protegidas: Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en la región de Los Lagos (600 mil visitantes), Parque Nacional Torres del Paine en la región de Magallanes (340 mil), y la Reserva Nacional Malalcahuello en la región de la Araucanía (318 mil). En conjunto, estas tres áreas recibieron alrededor de 1,25 millones de visitantes, equivalentes al 42% del total.
Este extraordinario patrimonio natural puede generar un valor económico y social mucho mayor si se potencia el turismo de naturaleza. Costa Rica ofrece un ejemplo ilustrativo: más del 50% de los visitantes a sus áreas protegidas son extranjeros, muy superior al porcentaje en Chile, y el gasto turístico asociado por visitante es considerablemente mayor, contribuyendo a convertir estas áreas en uno de los principales motores de su industria turística.
Existen diferencias estructurales entre ambos países que explican parte de esta brecha, tales como la cercanía de Costa Rica a Estados Unidos y Europa, además de menores distancias internas. No obstante, estas diferencias no explican por sí solas las brechas observadas. Existen factores sobre los cuales sí es posible actuar, como mejorar la conectividad, la infraestructura y los servicios para los visitantes incluyendo senderos interpretativos, guías especializados, cafeterías, refugios, centros de visitantes y alojamiento.
Muchas de las más de 100 áreas protegidas del país aún carecen de infraestructura mínima para recibir visitantes en condiciones adecuadas. Existe una gran oportunidad para transformarlas en motores de desarrollo económico local, generando empleo, emprendimiento y nuevas oportunidades para las comunidades aledañas. La diversidad geográfica de Chile permite atraer turistas interesados en una amplia gama de experiencias vinculadas a desiertos extremos, glaciares, montañas, archipiélagos, astronomía y bosques.
En este contexto, adquiere especial relevancia la implementación del nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), establecido por la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Este sistema reemplaza al antiguo SNASPE administrado por CONAF e incorpora áreas protegidas marinas, costeras y privadas bajo una institucionalidad única.
Actualmente se encuentra en elaboración el Reglamento del Sistema de Áreas Protegidas, cuyo proceso de participación ciudadana terminó a fines de abril. Dicho reglamento constituye una oportunidad para establecer un marco regulatorio moderno y robusto que compatibilice conservación y desarrollo, promoviendo la participación privada en la provisión de servicios turísticos mediante reglas claras y estándares exigentes. La participación privada debe ser amplia e incluir a actores nacionales –tanto locales como regionales- e internacionales con experiencia en turismo de naturaleza. Para ello será fundamental diseñar esquemas concesionales que incentiven la inversión privada junto con una fiscalización adecuada y efectiva.
El éxito de esta política dependerá, en gran medida, de la capacidad del SBAP y Ministerio del Medio Ambiente para diseñar, licitar, monitorear y fiscalizar esquemas concesionales que permitirían aumentar el acceso y la calidad de la experiencia turística sin comprometer los objetivos de conservación. Chile cuenta con una amplia experiencia en materia de concesiones que puede aprovecharse en este ámbito.
Chile ha realizado un esfuerzo extraordinario para proteger su patrimonio natural. Hoy el desafío no es únicamente conservar más, sino conservar mejor y generar mayores beneficios sociales y económicos a partir de ese patrimonio, compatibilizando conservación, turismo de naturaleza y desarrollo local. Si se implementan las políticas adecuadas, nuestras áreas protegidas pueden transformarse en un motor de desarrollo para las comunidades y regiones donde se emplazan.
