Una tendencia que está cambiando aceleradamente las reglas del juego de la actividad de los negocios es la creciente “politización” del mundo empresarial (Ferraro & Cassiman, 2014). En concreto, la decadencia del Estado-nación ha venido acompañada del empoderamiento de comunidades dispersas y libremente vinculadas, así como de coaliciones inesperadas de activistas de base.
El orden mundial nacido del Tratado de Westfalia (1648), esto es, la defensa de la soberanía económica, jurídica y política de los Estados-nación, la política de no intervención en los asuntos internos de otros países y la consideración de los Gobiernos como los actores más poderosos del sistema de naciones, se encuentra en franco declive desde que alcanzara su cima a mediados del siglo pasado.
En el nuevo orden alumbrado por la globalización, las empresas -especialmente las corporaciones multinacionales- han de jugar otro papel. Los mercados ya no se definen en términos puramente geográficos y el Estado ha dejado de ser el único árbitro de la actividad económica, jurídica y política de su territorio. Dado que la facturación de numerosas compañías se acerca y, a veces, supera con creces el PIB de los países, ya no pueden desentenderse del mundo exterior, tal y como venían haciendo hasta hace poco. Los CEO están teniendo que asumir su nuevo rol de actores políticos de facto con las responsabilidades que ello conlleva.
Es cierto que los altos directivos de negocios siempre han sido conscientes de su papel público, pero éste apenas figuraba en sus responsabilidades como líderes estratégicos para las actividades de la organización. A menudo se parapetaban tras el carácter de institución privada de sus organizaciones para salir al paso de las acusaciones de negligencia social, como si el objetivo “privado” de maximizar los beneficios no tuviera ningún efecto en la vida pública.
El hecho de que las fronteras entre lo público y lo privado se estén difuminando les obliga a dar un paso adelante y aceptar plenamente la politización de su función, es decir, reconocer que gozan de una influencia y un poder económico, jurídico y político sin precedentes. Ya en 1957, Philip Selznick postuló que los CEO debían ser “hombres de Estado” y no meros administradores”. Si esa visión era acertada entonces, lo es más ahora: a ellos no les queda más remedio que asumir un papel más público, casi diplomático, y compatibilizar las demandas de los diferentes grupos de interés de la empresa con unas responsabilidades sociales insoslayables.
La identificación de esta propensión, acentuada por los múltiples cambios tecnológicos que está experimentando la humanidad, hace que los altos directivos de empresas tengan que cambiar el modo en que dirigen, asumiendo el triple papel de “arbitrajistas” al momento de distribuir recursos, “experimentadores” estratégicos en el aprovechamiento de las oportunidades y “orquestadores” de organizaciones híbridas que hagan de la diversidad y la ambigüedad una fuente de creatividad, innovación y ventaja competitiva.
*Álvaro Pezoa. Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial. ESE Business School
