Política de Defensa en Chile: diagnóstico sin estrategia

El reciente retiro desde la Contraloría del decreto que buscaba aprobar la actualización de la Política de Defensa Nacional y Política Militar de Chile 2025 abre un espacio necesario para evaluar el contenido del documento desde una perspectiva estrictamente técnica. Más que una discusión política, respecto de un texto que no está escrito desde una lógica de seguridad, sino desde una lógica administrativa del Estado que prioriza valores, procesos y políticas públicas, pero evita definir adversarios, riesgos estratégicos o escenarios reales de conflicto, lo relevante es determinar si el texto cumple con los estándares básicos de una política de defensa moderna. En ese contexto, también resulta pertinente contrastarlo con el análisis publicado estos días por AthenaLab, ya que ambos textos abordan el mismo problema desde enfoques distintos.

Uno de los principales problemas del documento retirado que consta de 112 páginas y que se encuentra en el repositorio digital de la Contraloría, es la forma en que se utilizan los conceptos de riesgo y amenaza. Aunque estos aparecen reiteradamente a lo largo del texto, no se traducen en una identificación concreta de actores, escenarios o situaciones estratégicas específicas. El documento tiende a asociar los riesgos principalmente a fenómenos generales, como desastres naturales, actividad sísmica, efectos del cambio climático, desarrollos tecnológicos no especificados o amenazas asociadas a infraestructura crítica. Por eso, cuando desde un punto de vista técnico, la defensa se define principalmente en términos normativos y administrativos, y no en función de riesgos estratégicos concretos, el resultado inevitable es un documento conceptualmente correcto, pero estratégicamente vacío. Esto limita su utilidad como herramienta de planificación estratégica, ya que una política de defensa requiere pasar desde la descripción general del entorno hacia la formulación de escenarios plausibles que orienten el desarrollo de capacidades.

Sin embargo, el análisis publicado por AthenaLab denominado “Antiguos desafíos de seguridad nacional y defensa para nuevas autoridades”, escrito en plan pauta, tampoco resuelve completamente ese problema. Aunque el documento identifica amenazas más directas —como el crimen organizado transnacional, las fronteras débiles, la migración irregular, la debilidad institucional o la falta de un sistema moderno de inteligencia—, estas siguen formuladas en un nivel general. El texto enumera amenazas, pero no desarrolla con precisión cómo estas se traducen en escenarios estratégicos concretos para el país, ni define con claridad qué tipo de capacidades militares, institucionales o tecnológicas serían necesarias para enfrentarlas. Desde una perspectiva técnica, identificar amenazas sin vincularlas a escenarios operacionales específicos limita también la utilidad práctica del análisis.

El contraste entre ambos documentos, por lo tanto, no es entre uno “correcto” y otro “incorrecto”, sino entre dos enfoques que se sitúan en niveles distintos de abstracción. El documento retirado se mantiene en un nivel conceptual amplio y evita identificar amenazas específicas, mientras que el análisis de AthenaLab sí propone una lista de amenazas, pero no las desarrolla en términos estratégicos concretos. En ambos casos, falta el elemento central de una política de defensa moderna: la conexión directa entre riesgos identificados, escenarios plausibles y capacidades necesarias.

Otro aspecto relevante es que ninguno de los dos textos establece con precisión cuáles deberían ser las misiones estratégicas prioritarias para las Fuerzas Armadas en el mediano y largo plazo. En una política de defensa efectiva, la identificación de amenazas debe estar directamente vinculada con la definición de objetivos estratégicos claros, niveles de preparación, desarrollo de capacidades y asignación de recursos. En vez de definir escenarios y capacidades, el texto retirado, efectivamente se diluye en un discurso de género y valores inclusivos, que puede ser políticamente correcto, e ideológicamente comprometido con el gobierno saliente, pero estratégicamente insuficiente.

Desde una perspectiva estrictamente técnica, el problema central no es la ausencia de riesgos ni la falta de diagnóstico, sino la falta de concreción estratégica. Una política de defensa no requiere necesariamente identificar enemigos directos, pero sí debe establecer riesgos plausibles, escenarios probables y prioridades estratégicas claramente definidas. Sin estos elementos, resulta difícil evaluar la coherencia entre recursos y misiones, planificar el desarrollo de capacidades y orientar el diseño de una estrategia de defensa en el largo plazo.

¿Y qué decir de la Política Militar que argumenta el texto? Dos asuntos complejos. El primero: Confundir valores con estrategia. La inclusión de género y diversidad, como si fueran pilares operativos de la defensa, son en realidad principios transversales de gestión pública. Resulta absurdo sustituir escenarios militares y capacidades estratégicas por un discurso normativo que no responde a amenazas reales. Y el segundo aspecto: Definir defensa sin misiones militares. En efecto, el documento habla de riesgos generales (clima, migración, crimen organizado) pero nunca aterriza en cuáles son las misiones estratégicas de las fuerzas armadas ni qué capacidades deben desarrollarse. También es un despropósito establecer una política militar que no diga qué debe hacer la institución militar en el mediano y largo plazo. ¿Cómo la justifico ante la ciudadanía?

En consecuencia, el oportuno retiro del documento es una oportunidad para mejorar y avanzar hacia un debate más técnico sobre seguridad y defensa. Tanto los documentos oficiales como los análisis académicos o estratégicos deberían hacerlo en función del entorno estratégico, una definición más precisa de los riesgos plausibles y una vinculación directa entre esos riesgos y las capacidades que el país necesita desarrollar. Sólo de esa manera una política de defensa puede transformarse en un instrumento efectivo de planificación y no únicamente en un marco conceptual general.

El hecho que el Ministerio de Defensa haya evitado identificar amenazas concretas o que AthenaLab haya preferido un diagnóstico general deja a ambos documentos en un mismo punto: un discurso estratégico sin contenido operativo. Opinar es necesario, pero transformar diagnósticos en doctrina es una responsabilidad distinta. Desde el Estado, el documento del gobierno saliente habla de riesgos sin actores ni situaciones concretas y el otro documento, enumera amenazas sin escenarios. ¿Por qué ocurre esto? Porque detrás de ambos documentos no existe una estrategia nacional de defensa o una estrategia nacional de seguridad reciente que ilumine lo que Chile debe hacer. (La Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa presentada en 2012 existió como documento, pero nunca se transformó en una estrategia efectivamente aplicada por el Estado).

Por eso, ninguno de estos documentos explica con precisión qué puede ocurrir, dónde puede ocurrir ni qué capacidades reales necesita el país para enfrentarlo. Así, lo que falta no es diagnóstico, sino la decisión de una estrategia nacional que permita traducir los riesgos en escenarios reales y los escenarios en capacidades concretas. En el contexto actual —donde las amenazas y los riesgos están en nuestro territorio, en nuestros cielos y en nuestro mar, y además son multidominio— resulta incomprensible seguir evadiendo lo evidente: sincerar las prioridades estratégicas, los intereses nacionales y el estado final deseado en la materia. El vacío estratégico que hoy enfrentamos no es sólo un problema heredado, sino la oportunidad para definir, por fin, una política de defensa con contenido operativo y en concordancia con las dinámicas de la política exterior de Chile. De lo contrario, Chile seguirá con diagnósticos sin estrategia y con una defensa sin rumbo.