Hay una manera de mirar a Perú que se ha instalado entre nosotros con la comodidad de las ideas que no exigen demasiado esfuerzo, y que consiste en suponer que allí, a diferencia de lo que ocurriría en Chile, la política y la economía discurren por cuerdas separadas, de modo que un país puede cambiar de Presidente casi todos los años, habitar una crisis institucional que ya parece permanente y, pese a todo ello, seguir creciendo como si nada de aquello lo alcanzara.

Para algunos analistas esa supuesta inmunidad peruana es incluso motivo de una cierta envidia, como si fuera la prueba de que una economía bien administrada pudiera, al fin, prescindir de la política. Vale la pena detenerse en esa idea, porque es bastante más frágil de lo que parece.

Esta vez la segunda vuelta enfrentó a Keiko Fujimori con Roberto Sánchez, el hombre que recoge la herencia política de Pedro Castillo, hoy en prisión, y varios días después de la votación el país todavía no sabe quién ganó. El conteo se ha movido como un péndulo: Fujimori encabezó la primera noche, Sánchez tomó la delantera con los votos del interior y luego la diferencia volvió a estrecharse, tan marginal que cualquiera de los dos puede terminar arriba.

El desenlace quedará en manos de los jurados electorales, entre actas observadas y recuentos voto a voto, y la proclamación probablemente se anunciará recién para mediados de julio, apenas dos semanas antes de que el ganador deba asumir. Quien resulte electo será, en cualquier caso, el noveno presidente en 10 años.

En esa década, que ya tiene la textura de una larga convalecencia, el país pasó por Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Boluarte, y más tarde por dos mandatarios interinos, uno de los cuales cayó al conocerse sus reuniones reservadas con empresarios chinos.

Y, sin embargo, creció algo más de 3% el año pasado, con la inflación bajo control y las cuentas fiscales en orden. La tentación de concluir que las cuerdas están, en efecto, separadas, resulta comprensible. También resulta equivocada.

Esta misma semana, de hecho, bastó que el conteo se inclinara para que la bolsa de Lima retrocediera y el sol perdiera terreno frente al dólar: cada vaivén político tiene su descuento económico. Las cuerdas, cuando se tensan, se tocan.

Que una economía siga creciendo en medio de una crisis política no demuestra que la política no importe, sino apenas, y es cosa distinta, que una economía no se desploma de un día para otro.

Perú dispone de un marco macroeconómico sólido, de un Banco Central respetado y de reglas fiscales que operan casi en piloto automático, y es ese piloto automático, y no algún misterio peruano, lo que explica por qué no hay derrumbe. Pero el piloto automático no es una estrategia de desarrollo: mantiene la nave a flote, no decide hacia dónde se dirige.

La pregunta pertinente, entonces, no es si Perú crece a pesar del desorden, sino cuánto ha dejado de crecer a causa de él.

Douglass North, que dedicó su vida a estudiar por qué unas naciones prosperan y otras no, sostuvo que las instituciones son las reglas del juego de una sociedad, esa trama muchas veces invisible que vuelve previsible el porvenir y permite que alguien invierta hoy pensando en lo que sucederá dentro de diez años.

Cuando esa trama se deshilacha, no sobreviene una catástrofe inmediata, sino algo más silencioso y más caro. La inversión privada, que es el verdadero motor de largo plazo, queda contenida una y otra vez por la incertidumbre, y las grandes decisiones de infraestructura, de minería, de energía, se posponen o se diluyen porque nadie sabe quién gobernará dentro de año y medio. Leer ese crecimiento como prueba de que la política no importa es confundir la ausencia de colapso con la presencia de salud.

Y nada indica que el ciclo vaya a cerrarse pronto. Quien asuma no tendrá mayoría propia, y el Congreso, pese a la reincorporación del Senado, sigue fragmentado entre demasiadas fuerzas, de manera que cada gobierno deberá negociar desde la debilidad hasta su decisión más elemental.

Un país así puede volverse más difícil de gobernar que de desestabilizar, y la experiencia de los últimos años no invita al optimismo. La inestabilidad peruana, antes que una anomalía a punto de corregirse, parece haberse convertido en una condición.

¿Qué nos dice todo esto a nosotros? Algo que en Chile aprendimos a fuerza de golpes, desde octubre de 2019 y los dos procesos constitucionales que no llegaron a buen puerto: la confianza institucional se destruye rápido y se reconstruye despacio.

Perú lleva una década deshaciéndola, presidente tras presidente, y lo que se erosiona en diez años no se recompone con una segunda vuelta apretada ni con un cambio en el reglamento del Congreso.

Por eso Perú no es el milagro que algunos creen divisar desde Santiago. Es una advertencia: la de un país que aprendió a convivir con su propia inestabilidad, y la de lo lento y costoso que resulta, después, volver sobre los propios pasos.

Centro de Estudios de Relaciones Internacionales, UDD

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