La reciente aprobación en el Senado del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Boletín N. 16.566-03), que requiere ser ratificado por la Cámara de Diputados, no es un simple trámite. Es una respuesta urgente a una realidad innegable: la «permisología» se ha consolidado como un obstáculo mayúsculo para el crecimiento sostenible de Chile. Esta maraña burocrática, que ha generado una inquietud transversal, ha sido analizada en profundidad por estudios como “El Puente: Uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile», «Con permiso para crecer: 30 propuestas para destrabar la inversión en Chile» y «Unlocking the Green Transition: Streamlining Chile’s Mining Permitting System».
Esta iniciativa legislativa busca precisamente “levar anclas” e impulsar la inversión. De hecho, el ministro de Economía, Nicolás Grau, proyecta que permitirá reducir entre un 30% y 70% los plazos de aprobación de proyectos, sin bajar los estándares regulatorios.
La permisología es una barrera estructural, compleja e ineficiente. El marco regulatorio en la tramitación de permisos sectoriales y ambientales es, sin ambages, un freno infranqueable para la inversión y el crecimiento.
«El Puente» -sus autores son académicos, economistas y expertos chilenos que fueron coordinados por Rolf Lüders- destaca cómo la incertidumbre y la exasperante dilación en la obtención de autorizaciones desincentivan cualquier nuevo proyecto. La permisología no solo genera incertidumbre regulatoria y encarece la toma de decisiones, sino que impacta negativamente el crecimiento. Aunque la nueva ley de permisos sectoriales busca agilizar trámites y es vista con optimismo, su efectividad está en duda debido a problemas subyacentes como la deficiente gestión pública, la falta de liderazgo y la discrecionalidad de los funcionarios.
«Con permiso para crecer” del centro de estudios Horizontal Chile profundiza esta realidad. La desaceleración de la inversión y la productividad en Chile se explica, en gran medida, por la permisología. La tramitación ambiental es un calvario conocido por su criticidad y lentitud, pero la complejidad es sistémica, afectando todo el ecosistema de permisos y autorizaciones sectoriales, lo que posterga proyectos esenciales.
El documento propone «obtener un permiso de manera eficaz y eficiente, protegiendo bienes y minimizando costos en tiempo y recursos, tanto públicos como privados», alineando el marco regulatorio con las mejores prácticas internacionales.
Esta problemática se visibiliza en casos concretos, como el del sector minero, vital para nuestra economía y la transición energética global. «Unlocking the Green Transition: Streamlining Chile’s Mining Permitting System» es un análisis de política realizado por Miguel de Iruarrizaga y Pablo Eguiguren como parte de los requisitos para obtener el grado de Maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.
Este estudio ilustra cómo la interminable obtención de permisos ahoga el desarrollo de nuevas iniciativas. En dicho estudio, la Dirección General de Aguas (DGA) emerge aquí como un doloroso cuello de botella. Permisos como la constitución o regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, autorizaciones para obras mayores (captaciones, embalses, acueductos), modificaciones de cauce, y permisos para exploración y construcción de pozos de aguas subterráneas, son responsables de largos tiempos de procesamiento y una acumulación de solicitudes que torpedean la viabilidad de proyectos. Las demoras se atribuyen a ineficiencias y a una limitada capacidad de respuesta institucional. El documento sugiere que las soluciones pasan por mejorar la «capacidad limitada, los incentivos desalineados, los procesos ineficientes y la tecnología obsoleta» dentro de la DGA.
La reactivación económica y la mejora de la calidad de vida dependen de transformar intenciones de inversión en proyectos operativos. La ley de permisos sectoriales busca precisamente eso. Apuesta por la simplificación y modernización de procesos administrativos sin comprometer los estándares regulatorios. Esto se logrará con la tramitación paralela de permisos, declaraciones juradas en reemplazo de permisos para proyectos de bajo riesgo, y la aplicación de silencios administrativos positivos. Esta última herramienta es crucial: si la administración no responde en plazo legal, la solicitud se entenderá aprobada. Una oficina de autorizaciones monitoreará el cumplimiento de los plazos, y la ley se implementará en un máximo de un año tras su promulgación.
Sin embargo, los principales desafíos para el éxito de este proyecto de ley son múltiples: la complejidad de implementación, que requerirá una inversión robusta en capacidades y tecnología por parte de la administración pública; la necesaria armonización interinstitucional entre los diversos organismos involucrados, algo históricamente complejo en Chile; la resistencia de la cultura burocrática, que puede encontrar formas de mantener la discrecionalidad; el riesgo de excesiva flexibilidad en la normativa si se introducen demasiadas excepciones; la calidad de los proyectos iniciales, ya que solicitudes incompletas seguirán ralentizando los procesos; una fiscalización robusta post-aprobación para asegurar el cumplimiento de las condiciones; y el alcance potencialmente limitado a ciertos tipos de permisos.
En síntesis, la «permisología» y la imperiosa necesidad de materializar inversiones son las dos caras de una misma moneda en la senda hacia el crecimiento sostenible de Chile a través de la inversión y la productividad. La reciente acción legislativa, impulsada por esas propuestas de mejora en la gestión y en la normativa -como la mejor gestión de permisos sectoriales y la modernización del Estado que plantea «El Puente”, busca eliminar los cuellos de botella que hoy estrangulan la inversión. Concluye que, si bien existen fundamentos para el optimismo, las ventajas comparativas en sectores estratégicos no se traducirán automáticamente en ventajas competitivas sostenibles sin un Estado con mayor capacidad técnica y de ejecución, marcos regulatorios estables y eficientes, y un decidido impulso para una mejor coordinación público-privada.
Para que nuestro país leve anclas es fundamental que el aparato público sea un motor, no un freno, para el desarrollo sostenible de Chile.
