Esperábamos a alguien, pero no sabíamos a quién. Este lunes 25 de mayo, el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda estaba lleno de invitados expectantes para presenciar el lanzamiento del “Plan Entornos Digitales Seguros”. Había tres ministras y varios subsecretarios; diputados y senadores del oficialismo y la oposición; el Director Ejecutivo de la Asociación Dale una Vuelta (España), psiquiatras, psicólogos y educadores; y también público menos importante, como yo. De pronto, lo supimos: el personaje que esperábamos resultó ser el Presidente de la República.
“Esto no pasa solo por una ley. Necesitamos una cultura”, señaló en su discurso de apertura. En otras palabras, nos animó a pensar en grande: por un lado, atajar la urgencia con una norma que, eventualmente, postergue la creación de redes sociales para después de los 16 años; y, por otro, seguir formando a la juventud para que sean ellos mismos quienes prefieran aprovechar el tiempo.
Es que aquí no bastan las buenas intenciones.
En teoría, todos estamos de acuerdo en proteger a los niños de los depredadores que merodean por Internet. Pero luego, a la hora de concretar, se producen legítimas inquietudes. Por ejemplo, a propósito de los sistemas de verificación de edad, ¿cómo idear medidas que efectivamente protejan a los menores, pero que no invadan la privacidad de los ciudadanos libres? O, más delicado, y a la luz de ciertas polémicas que se han visto en Inglaterra o en la Unión Europea, ¿cómo evitar que este tipo de restricciones, aunque bien intencionadas, no puedan ser utilizadas luego como herramientas de censura de orden político o ideológico? Y, más en el plano educativo, ¿cómo reforzar una prohibición con nuevos planes curriculares de Tecnología o “ciudadanía digital”?
Atendiendo a estas complejidades, el Presidente y la ministra Wulf anunciaron la conformación de una “Mesa Técnica Intersectorial” para elaborar el anteproyecto de ley. En efecto, esta iniciativa necesitará un comité de trabajo del más alto nivel. ¿Lograremos reunir a los mejores profesionales del ámbito de la salud mental, la educación, el Derecho Internacional o de la Información? ¿Acudirán al llamado de la Patria las personas que conocen los aciertos y errores de otros países y, más valioso, tienen la prudencia suficiente como para adaptar esos modelos a nuestra propia realidad?
Sería ideal pedir asistencia a expertos internacionales como Jonathan Haidt o Catherine L’Ecuyer; eso nos ahorraría tiempo, sobre todo con las grandes líneas del proyecto. Pero necesitaremos también talentos chilenos, sobre todo para que se ocupen de la letra chica. Si algún lector de esta columna se siente aludido, que por favor atine y reaccione. Puede ser el momento de suspender lo que tenga entre manos y escuchar la preocupación global. Sólo en este mes, por ejemplo, ha habido declaraciones de la ONU y del Papa para pedir soluciones.
De hecho, mientras hacíamos hora en el salón Montt Varas, comenté con un funcionario de la ONU un suceso que agitó hace poco la agenda internacional. El 15 de mayo de 2026, las expertas de las Naciones Unidas Reem Alsalem y Ana Brian Nougrères emitieron un comunicado oficial denunciando un conflicto de Derechos Humanos con la industria de la pornografía. Investigaron dos casos de mujeres cuyas imágenes íntimas fueron difundidas en Pornhub sin su consentimiento. Como conclusión de su estudio, Reem y Ana Brian decidieron alertar a Estados Unidos, Canadá y las empresas relacionadas con el “negocio” acerca de los circuitos de explotación sexual con mujeres y niñas que está siendo promovida y monetizada a gran escala por las plataformas pornográficas.
El informe recomienda, principalmente, tres líneas de acción. Primero, hacer valer la responsabilidad de los intermediarios: las empresas que ofrecen sistemas de pago o canalizan el tráfico online hacia la pornografía con sus motores de búsqueda. Segundo, ayudar mejor a las víctimas. Tercero, se insta a Estados Unidos y Canadá a imponer medidas concretas de resguardo, como la verificación obligatoria de edad y consentimiento.
En paralelo, el Papa León XIV también ha lanzado sus dardos. En la encíclica Magnifica Humanitas, que acaba de publicar, afirma: “son oportunas intervenciones legislativas que establezcan límites de edad, responsabilicen a los proveedores de servicios ―sin descargar, sobre las familias, el peso de la limitación― y prevean protecciones específicas contra toda forma de explotación y violencia sexual en internet, de modo que la infancia y la adolescencia se custodien verdaderamente como bienes preciosos confiados a nuestro cuidado” (Nº 142).
Estamos delante de una oportunidad política-legislativa. Hay amplio consenso de que conviene tomar medidas para resguardar la inocencia de los niños y favorecer su crecimiento libre de enfermedades mentales y violencia. En el encuentro que vivimos este lunes en La Moneda se respiró ese consenso: estamos juntos el Gobierno, parlamentarios de distintos sectores, el Papa, la ONU, profesionales de la salud y de la educación: todos queremos avanzar. La pregunta que ahora nos inquieta es distinta: ¿quiénes serán convocados a redactar el anteproyecto, de modo que puedan representar este clamor con eficacia, prudencia y velocidad?