2023 promete seguir marcado no sólo por tensión política y desaceleración económica, también seguirá influenciado por la crisis de las isapres que está lejos de ver una luz al final del túnel. De muestra un botón: el año pasado se produjo el éxodo más alto de afiliados de las últimas dos décadas con 5,3% de un total de 3.2 millones de usuarios que prefirieron salir a buscar otras alternativas de atención debido a que el sistema de salud privado, poco eficiente y cada vez más caro, les había sobrepasado el presupuesto y la psiquis con impactos que no sólo se miden en valor pesos.
La pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, según la encuesta Plaza Pública Cadem del pasado 29 de enero, hará difícil recobrar su credibilidad y, entre otras cosas, disipar la incertidumbre que las mantiene al debe con sus afiliadas femeninas al no hacerse cargo por completo de la brecha de género a pesar de la instauración, en noviembre de 2022, de la tabla única de factores para calcular el precio de los planes y así disminuir la discriminación en las cotizaciones entre hombres y mujeres. Un paso hacia adelante, sin duda, pero el camino que se prevé a futuro -dada la cambiante realidad de las familias y la carga social de las mujeres- indica que será largo y sin atajos.
Es así como la Superintendencia de Salud en su informe “Sistema de Isapre con perspectiva de género 2020”, deja al descubierto las vulnerabilidades que afectan a las mujeres dentro del sistema de salud privado en donde mantienen una mayor presencia como carga (136 por cada 100 hombres) o cotizante (60 por cada 100).
Ellas siguen gastando más -hasta 1,2 veces por sobre sus pares masculinos- con una brecha que asciende a +19.4%. A la vez, al estar dedicadas a labores al interior del hogar experimentan una sobrecarga de trabajo (casi el doble que los hombres) con un 69% que se declara cuidadora en su día a día; lo que genera disparidad y complica su participación como usuarias en el sistema de salud. Atender a otros, por lo cual no reciben remuneración y limita su participación en el mercado del trabajo, está presente en casi todas las decisiones dejándolas, además, con poco espacio para su propio autocuidado, lo que incluye chequeos médicos preventivos que podrían salvarles la vida.
Como lo indican datos de la OCDE, las mujeres chilenas viven en promedio 5,3 años más que los hombres, no obstante, un 90% se declara sedentaria y no son pocas las que conforman el 70,4% de la población calificada como obesa, acorde a los estándares internacionales. A la vez, según estadísticas del INE de 2021 se advierte que el cáncer pasó a ser la causa número uno de muertes en el país y que un 56% de los pacientes oncológicos son mujeres afectadas en su mayoría por cáncer de mama o cervicouterino, ambos remediables si reciben diagnóstico oportuno.
Por último, el posible colapso de las isapres sería una muy mala noticia para el sistema de salud en su conjunto porque afecta la calidad de vida de las familias y el desarrollo de todos sus miembros. Es por eso, que revisar las falencias del sistema privado hacia sus afiliadas tomando en cuenta las variables culturales y materiales que las circunscriben es un paso necesario no sólo para que la salud privada sea más accesible y administrada de manera eficiente, sino también para que se cumpla que, de manera transversal, todas las chilenas, tanto del sistema público como privado, gocen de libertad para verdaderamente elegir lo mejor logrando prevenir mucho antes de tener que curar.
Paula Schmidt – Periodista y Licenciada en historia