El reciente acuerdo en el Congreso Nacional para erigir el nuevo Ministerio de Seguridad obliga a recordar que la creación de nuevas instituciones no asegura necesariamente la solución a los problemas existentes. Lo que realmente hace falta es un Estado más eficaz y eficiente, realidad que no pasa por generar más burocracia e incrementar las normas administrativas, sino por desarrollar un mejor aparato estatal. Es más, con la institucionalidad hasta ahora vigente parecía posible hacerse cargo de la inseguridad reinante.
Junto con el agigantamiento del Estado -ya van 24 ministerios- se ha hecho también habitual en Chile que para solucionar las situaciones problemáticas en la sociedad se recurra a establecer más leyes. En el caso en comento, las autoridades cuentan con suficientes atribuciones para enfrentar la inseguridad. Aunque ahora se establecen un sinnúmero de funciones y atribuciones al naciente Ministerio de Seguridad y a sus correspondientes subsecretarías, lo cierto es que el éxito en el combate a la narco-delincuencia y el terrorismo descansa sustancialmente en la convicción con que los gobiernos prioricen esta tarea.
Ya en el pasado la respuesta a los obstáculos ha sido crear nuevas instituciones y leyes. Con ello, básicamente se ha logrado que el gasto público haya aumentado considerablemente, sin alcanzar mejoras substanciales en los ámbitos deseados. Un simple ejemplo: compárese cuánto ha crecido la estructura estatal -y las normas- en el área de la Educación durante los últimos diez años con los resultados obtenidos en el rubro: dos superintendencias, dos subsecretarías, agencia de la calidad, decenas de servicios locales de educación, etc., sin logros; actualmente no hay suficientes vacantes en el sistema, aún existen niños en edad escolar sin matrícula y la calidad de la educación no ha mejorado.
Con el nuevo Ministerio se creará el cargo de Seremi de Seguridad Pública en nombre de la desconcentración territorial, pero lo cierto es que el diseño de esta figura supone debilitar el papel que hoy cumple el Delegado Presidencial Regional, toda vez que le quita la función de solicitar el auxilio de la fuerza pública.
¿Más estructura por menos eficacia y eficiencia? Mientras tanto, la subsecretaría del Interior mantendrá sus funciones en cuestiones migratorias, desconociendo la conexión que existe entre las crisis de migraciones y de seguridad. Lo más lógico, sobre todo en casos de ingreso clandestino, es que fuera el mismo ente encargado de todo el sistema de seguridad el responsable de ver estos asuntos, que en muchos casos pueden encontrase relacionados con el crimen organizado. ¿Otra duplicidad mal concebida?
De acuerdo con la información proporcionada por la Dipres, el gasto incremental para el fisco por la creación de esta institucionalidad superará los 7 mil millones de pesos anuales, en régimen. Como se aprecia, el nuevo Ministerio no sólo implica una redistribución de funciones -y funcionarios-, sin garantía alguna de éxito, sino que implica un claro abultamiento en gastos de personal y operación, sin haber sido considerado aún recursos para asignar a medidas concretas en orden a mejorar la seguridad y combatir el crimen, que es donde se necesita dirigirlos.
Haciendo cada vez más pesado el Estado los países no avanzan, retroceden. Chile sigue caminando en sentido opuesto al que exige su potencial desarrollo.
*Álvaro Pezoa Bissières – Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial. ESE Business School
No aprecio ni la necesidad ni la utilidad ni la conveniencia de haber creado un nuevo ministerio, “de Seguridad Pública”, en circunstancias de que esa es, precisamente, la función esencial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es “el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior (ley 20.502). Su creación solo aumentará la burocracia y minimizará la importancia del ministro del Interior.
La primerísima obligación esencial e irrenunciable del Estado, y que antecede a todas las demás, es el mantenimiento del orden y la seguridad pública. La idea de Estado reposa, en último término, en el imperativo del orden y la seguridad.
Por tal razón, el ministro del Interior y Seguridad Pública, encargado de tal función, era el más importante del gabinete y pasaba a ser tratado como vicepresidente cuando el Presidente de la República se ausentaba del país.
Dado que dicha función pasará al nuevo Ministerio de Seguridad Pública, debería ser el ministro encargado de esa cartera el más importante del gabinete.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado