A días ya de conocerse la esperada Estrategia Nacional del Litio (ENL), todos los actores relevantes han reaccionado y han dado su opinión. Habló el Gobierno en primer lugar, reaccionó el mercado, hablaron las empresas, los gremios, las comunidades y los técnicos. Como suele suceder en nuestro país, las visiones coinciden en algunos puntos, pero en varios otros aparecen haber diferencias difíciles de reconciliar.
Uno de los temas que se buscaba resolver con esta estrategia era la falta de definición sobre el desarrollo de la industria del litio en un país que cuenta con las mayores reservas del mundo y que ha ido perdiendo sistemáticamente participación de mercado en la producción. Este es un problema que no se puede atribuir a este Gobierno, porque hace años que se pudo resolver, pero es este el que toma el desafío y debemos exigir que se resuelva de la mejor forma posible.
¿Se logra este objetivo con la ENL? Se logra en buena medida, porque se anuncia una estrategia que, al menos da una certeza a las empresas que actualmente operan en el país: que se van a respetar los contratos y que podrán ser parte de la negociación. Tras estas negociaciones, eventualmente, las compañías podrían seguir operando en Chile más allá de la fecha de caducidad de sus contratos. Por su parte, también se despeja la cancha para potenciales nuevos actores. El Estado ofrece la posibilidad de que aumente la exploración y la explotación de litio bajo determinadas circunstancias y, en un contexto de alta demanda, ciertamente el anuncio despierta no sólo interés, sino que también suma respaldos.
Sin embargo, no podemos conformarnos con esto. Respetar los contratos, es un “desde” en un país serio como Chile, de manera que ese punto no puede ser considerado por las empresas como una concesión del Gobierno al inicio de las negociaciones. Por otro lado, la pregunta de fondo es si más allá de los avances antes señalados, el anuncio de la ENL es la mejor estrategia posible para enfrentar los desafíos que enfrenta esta industria y aprovechar el ciclo de altos precios por el que atravesamos. La respuesta a esa pregunta es indudablemente no. Existían alternativas que eran claramente superiores, que eran menos disruptivas, con mayor potencial para atraer inversión y que, por lo tanto, podrían haber generado mayores beneficios para el país.
Una alternativa era continuar con el modelo actual de arrendamiento, ampliando las cuotas de producción, los plazos y expandiendo el número de salares explorados y explotados. Después de todo, los resultados del año pasado con aportes al Estado por más de US$ 5 mil millones confirmaron que el modelo funciona. Otra opción sería replicar lo que ocurre en el mercado del cobre, en el que hay solo una gran empresa estatal (Codelco) y múltiples empresas privadas operando.
Sin embargo, se optó por el control estatal como pilar de la estrategia, anteponiendo una cuestión ideológica a la eficiencia económica y a la posibilidad de obtener el mayor valor posible de la explotación del litio para los chilenos.
Un Gobierno puede tomar decisiones privilegiando su ideología, por supuesto, el problema es que la ENL debió diseñarse para perdurar en el tiempo y ello requiere generar consensos amplios, porque es una estrategia de Estado, no es la estrategia del Presidente de Boric.
El litio es de todos los chilenos, no solo de quienes prefieren a un Estado controlador, menos aún con la mala experiencia que tenemos en la gestión y resultados de las empresas públicas. El riesgo que plantea lo anterior es que, al no tratarse de una propuesta de consenso, la ENL podría ser modificada por gobiernos futuros, con lo que, por una cuestión ideológica habremos desaprovechado la oportunidad de sentar las bases para recuperar el liderazgo de Chile en la producción mundial de litio.
*Hermann González, Clapes UC