La ley de presupuesto para el año 2026 ha generado múltiples debates, sin siquiera haber comenzado la discusión de fondo en el Congreso. La cadena nacional del Presidente Boric y sus postrimerías fueron un flashback del diputado Boric, pues se vio a un político desafiante, que critica a sus adversarios desde el púlpito presidencial e incurre (no por primera vez) en actitudes que rayan con intervencionismos electorales.
Todo esto -que es triste- es secundario. Hay un problema fiscal más amplio que el mismo presupuesto, y que estas lamentables polémicas esconden. Chile enfrenta una encrucijada que se arrastra por casi dos décadas. En 15 de los últimos 17 años, nuestro país ha cerrado con déficit fiscal estructural, incumpliendo sostenidamente el principio fundamental -tan básico como frágil- de que los gastos permanentes no deben ser más que los ingresos permanentes.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha advertido que la deuda pública está a un paso de cruzar el umbral prudente de 45%. Este año se proyecta en torno al 42% del PIB, lo que nos deja peligrosamente cerca de una crisis de sostenibilidad fiscal. Las consecuencias no son menores: se reduce la capacidad para financiar nuevas políticas públicas, menor confianza internacional y reducción de las inversiones. Cruzar ese límite sólo empeora la situación actual, pues cada año se destina más plata a pagar intereses de deuda, y por tanto, menos se cubren las necesidades reales de las personas.
El oficialismo niega la gravedad y sopesa los hechos reconociendo que la deuda creció, pero menos que antes. Sin embargo, los datos muestran una gravedad mayor. Hace un año, el gobierno de Boric proyectaba un déficit fiscal para 2025 de $3.600 millones de dólares. Hoy eso cambió y se espera que para fin de año sea de $7.500 millones, más del doble de lo proyectado. Vaya cálculo.
Normalizar esta tendencia nos lleva a repensar el problema de por qué no está funcionando. Las advertencias de los técnicos han sido hechas en todos los colores y formas posibles, advirtiendo la urgencia del problema, mientras que en sede política se justifica el incumplimiento con comparaciones autocomplacientes.
La Ley de Presupuesto 2026, la última de Boric, dice ser un legado de orden. Pero fiscalmente, no lo es. La deuda sigue en ascenso -se publicó que el presupuesto subiría en un 1,7%-, y comunicó que se eliminará la glosa republicana -una práctica de más de 30 años que otorga flexibilidad al gobierno entrante- reduciendo autonomía y retrocediendo en institucionalidad. Adicionalmente, ocurren movimientos insólitos: se baja el presupuesto en programas de salud (servicios médicos), educación (educación superior regional y liceos bicentenarios). Sin embargo, se sube el presupuesto para el programa del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).
La sostenibilidad fiscal no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para financiar lo que es urgente en el país. Perderle el respeto es perdernos el respeto a nosotros mismos.