En Chile, las personas y empresas buscan constantemente financiamiento para nuevos proyectos, consumos puntuales o incluso para sobrellevar sus meses más difíciles financieramente. Sin embargo, algunas políticas públicas han entorpecido el mercado de créditos sin razón alguna que lo justifique, generando el nacimiento de mercados negros, especialmente para quienes tienen menos recursos y no pueden acceder a bancos u otras instituciones formales. Un caso claro es el de la Tasa Máxima Convencional (TMC), que fija a un nivel demasiado bajo la tasa máxima que se puede cobrar por un crédito, lo que reduce el acceso al crédito formal y empuja a los excluidos hacia la informalidad, con costos —e incluso peligros como la extorsión y muerte— mucho mayores. Este es un ejemplo más de cómo el Estado entorpece la vida de las personas, como argumentó Milton Friedman en su ensayo de 1993, «Por qué el Estado es el problema», publicado recientemente en Chile.
La TMC es el techo legal a la tasa de interés que una institución financiera puede cobrar por un crédito. Existe desde 1929 —Ley N° 4.694— y, después de múltiples cambios legislativos a lo largo de los años, hoy ese techo es fijado mensualmente por la CMF. Esta regulación nació como un mecanismo de protección frente a la asimetría de información entre prestamistas y prestatarios, pero hoy diversos expertos advierten que su nivel actual rigidiza el sistema y termina perjudicando precisamente a quienes pretende proteger.
A modo de ejemplo, las TMC de 40,9% y 33,9% fijadas para abril de 2026 —correspondientes a créditos de hasta 50 y 200 UF, respectivamente— excluyen del mercado formal a quienes su nivel de riesgo requeriría cobrar tasas más altas, es decir, mayoritariamente personas de bajos ingresos. La SBIF estimaba en 2017 que los excluidos potenciales podían llegar a 227 mil. Este fenómeno no ocurre solo en Chile, sino que, según explica el Banco Central, fenómenos similares se han detectado en Estados Unidos y Europa, donde una TMC demasiado baja coincide con mayor exclusión crediticia de los hogares más vulnerables, empujándolos hacia la informalidad.
Quienes caen en esa informalidad no solo pierden acceso al crédito, sino que pierden la posibilidad de construir un historial financiero, acumulando cicatrices que encarecerán su financiamiento futuro. Tampoco tienen acceso a protecciones básicas —seguros, tasas estables— y quedan expuestos a prestamistas que en algunos casos cobran tasas superiores al 100%. Esos prestamistas son, con frecuencia, el crimen organizado. Un estudio de Chiledeudas de 2025 revela que el 45% de la población chilena ha recurrido al endeudamiento informal; de ellos, 7 de cada 10 declara morosidad y un 80% ha recibido amenazas violentas de cobranza.
Según proyecciones de la FAAC de Antofagasta, el negocio del crimen organizado en Chile llegaría a representar el 2,6% del PIB en 2026, con tendencia creciente. Así, el Estado y, por ende, los chilenos, perdemos en ambos frentes: se deja de recaudar impuestos de la actividad crediticia que migra a la informalidad, a la vez que el gasto en seguridad —público y privado— enfrenta presiones alcistas. Una regulación de espíritu bondadoso se convierte entonces en un círculo vicioso que financia al crimen y erosiona la capacidad del Estado para cumplir una de sus funciones más fundamentales, que es combatirlo.
Como diría Friedman, «el Estado es el problema» cuando el exceso de regulaciones priorizan la ingeniería social por sobre la competencia, resultando en una distorsión de las señales que guían las decisiones económicas. Una economía liberal debería dejar que las tasas de interés se comporten como lo que realmente son: el costo de oportunidad de usar dinero ahora en lugar de en el futuro. La mera existencia de la TMC distorsiona esos costos de oportunidad. Por ello, flexibilizarla no sería una concesión al mercado, sino una medida urgente de protección para los más vulnerables y el país en general.
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