Los empresarios y altos directivos de organizaciones de negocios claman habitualmente por que se les confiera una mayor libertad para desplegar su iniciativa privada. El motivo que esgrimen es el valor intrínseco de la libertad y la importancia de poder ejercer la misma ampliamente en orden a realizar una actividad económica fructífera para la empresa, sus miembros y la sociedad. Guardan razón. Sin desmedro alguno de ello, es sabido que el ejercicio de la libertad exige como contraparte hacerse cargo plenamente de la responsabilidad a él asociada.
Respecto a la utilización responsable de la libertad el sector empresarial chileno muestra importantes haberes, pero también notorias deudas. Numerosos empresarios trabajan esforzadamente, asumen riegos relevantes con su capital, procuran tratar justamente a sus trabajadores y clientes, cumplen rigurosamente las leyes, pagan debidamente sus impuestos, y más. Sin embargo, como contrapartida, los affaires asociados a malas prácticas no son infrecuentes. En las últimas dos décadas se han conocido sonadas situaciones de anomalías éticas y uso irresponsable de la libertad en varias industrias. El resultado de ello es sabido: la opinión pública se ha ido formando una idea negativa del empresariado y sus negocios.
La cuestión de fondo radica en que la franca transgresión de la ética y la adopción de decisiones abiertamente temerarias o imprudentes han generado una lesión severa a la reputación de la actividad empresarial, donde desafortunadamente pagan “justos por pecadores”. La baja confianza en la empresa -y en sus dueños y directivos- entre los grupos o audiencias relevantes comporta un evidente pasivo para el sector empresarial y, en último término, para el país.
Para su crecimiento y desarrollo, Chile necesita contar con una vida empresarial pujante y altamente valorada por la sociedad, acreedora de un bien ganado nivel de autonomía que le permita realizar una tarea productiva eficaz, eficiente, creativa e innovadora. Mal le haría a la Nación que, en cambio, se trate de un quehacer cubierto por un manto de duda permanente, cuestionado por la sociedad y sobrerregulado por la autoridad pertinente. Casi con seguridad en un escenario así, pierden todos: las empresas, sus propietarios y trabajadores, los clientes y, en fin, la sociedad considerada en su conjunto.
Resulta vital que los altos directivos empresariales tomen la iniciativa de cara a restablecer la confianza dañada. Primero, cuidando efectuar negocios moralmente legítimos donde se consideren equitativamente los intereses de la totalidad de los actores involucrados y afectados. Segundo, rectificando aquello que a todas luces corresponda enmendar. Tercero, condenando -como ha ocurrido últimamente- las acciones indebidas que realicen sus pares. Únicamente así se darán las condiciones para que, en un horizonte de largo plazo, la ciudadanía vaya modificando paulatinamente su apreciación de la empresa privada.
*Álvaro Pezoa – Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial ESE Business School
