Es probable que Chile se sume a la creciente lista de países y regiones en que la muerte médicamente asistida (suicidio asistido y/o eutanasia en contextos clínicos) es legal. ¿Es una buena noticia?
Su anclaje normativo se encuentra en dos valores o principios ampliamente apreciados en nuestra sociedad y en la ética y práctica clínica: el bienestar y la autonomía. Es su conjunción (no uno u otro) la que la justifica.
Hay ocasiones en que el espacio vital hasta la muerte está previsiblemente caracterizado por un bienestar muy desmejorado. En estos casos la muerte anticipada mediante técnicas de muerte asistida puede beneficiar al paciente ya que le evita seguir sufriendo. Pero se requiere la autonomía: debe ser un paciente competente que voluntariamente la desea. La propuesta legal recoge justamente estos casos como habilitantes: son enfermedades terminales y condiciones no curables de sufrimiento insoportable (refrendadas objetivamente) en los que el paciente expresa su voluntad.
Se sostiene que la muerte asistida no puede ser la respuesta social al sufrimiento, sino los cuidados paliativos. Por supuesto no puede ser la respuesta, pero sí una de ellas. Tenemos una ley de cuidados paliativos universales en implementación que debe seguir mejorando. Pero descontando la sedación terminal el dolor no siempre es satisfactoriamente tratable. Y el sufrimiento es también emocional. Además, la muerte asistida cubre situaciones a las cuales los cuidados paliativos no dan respuesta.
Se afirma que la muerte asistida socavaría las condiciones requeridas para una decisión autónoma. La opción que inaugura obligaría a las personas a tener que justificar su deseo de seguir viviendo cuando consideran que su vida es una carga. Por cierto, todas las decisiones tienen lugar en contextos, y la pregunta es si un contexto es tal que podemos dudar de que la voluntad manifestada sea autónoma. Por ello las legislaciones de muerte asistida, tal como este proyecto, incluyen resguardos para evitar que la voluntad manifestada se remonte a condiciones que socaven la autonomía. Sostener que pese a los resguardos podemos impugnar la voluntad manifestada por su falta de autonomía, es un tipo de paternalismo insostenible en una democracia liberal; uno que no respeta a las personas como agentes de sus vidas.
Se argumenta que por sobre el bienestar y la autonomía habría un valor superior inconmensurable: la vida. Note que tiene que tratarse de un valor impersonal, es decir uno que no depende ni se relaciona con la apreciación subjetiva de cada cual sobre su vida. Así, quien en las condiciones estipuladas considere que su vida ya no es suficientemente valiosa para continuar viviéndola, cometería un fallo de razonamiento moral, sería débil, o incompetente (también podría ser malo, porque quiere acabar con una vida, la propia). Pero, ¿cómo se justifica este valor impersonal? Estos argumentos se remontan a peticiones de principio a cuyo favor solo se puede ofrecer la creencia en que descansan. No son aceptables como fundamento de una legislación general en sociedades plurales cuyos miembros tenemos concepciones distintas e incompatibles sobre qué es una buena vida y una buena muerte.
Otra de las estocadas al proyecto recurre a esa caja negra denominada “sentido común”. En ella colocamos todo aquello que, según sea el caso, requerimos para asegurar el resultado que anticipadamente deseamos obtener. Se trata de afirmaciones escogidas a dedo que obtendrían su estatus epistémico porque son de sentido común. Pero el sentido común se ha entendido de muchos modos y sus contenidos han sido y son variados e incompatibles. No es una brújula mágica para indagar nuestro mundo moral. O se remonta el estatus epistémico de las afirmaciones a la autoridad de autores notables. Este movimiento es tan desesperado como el de los padres que, sobrepasados por su progenie, recurren al concebido “porque yo lo digo”. Aceptar acríticamente argumentos de autoridad implica renunciar a aquello que nos hace más humanos: nuestra capacidad de asombrarnos, indagar, cuestionar, discutir y elaborar nuestras propias ideas. Debemos recurrir a la tradición, pero no para clausurar debates apelando a la autoridad, sino para reflexionar y argumentar con ella.
Volviendo a la pregunta inicial: sí, es una buena noticia.
Siempre habrá “buenos motivos” para querer suicidarse, dolores físicos, enfermedades incurables, depresión, infidelidades, desengaños amorosos, humillaciones… pero lo que debería repugnar a cualquier conciencia bien formada, es que pueda existir una ley que permita que médicos, clínicas, enfermeras y políticos ganen dinero segando vidas ajenas, y que el dinero que los enriquezca, salga de los bolsillos de todos los chilenos, haciéndonos cómplices involuntarios del asesinato.
Es curioso que cuando el Estado adeuda cifras enormes, y no es capaz de pagar los gastos a los que se ha comprometido para mantener la salud de la población, se empeñen algunos en destinar recursos a matar a pacientes que sufren.
El autor dice que “Tenemos una ley de cuidados paliativos universales en implementación que debe seguir mejorando”. Es una hipocresía enorme, si se sabe que gastando recursos en asesinar (o “asistir” a un suicida, que es lo mismo), se le restan directamente a los necesarios para seguir “implementando” y “mejorando” los escasos cuidados paliativos que la sociedad entrega.
Si para el autor “una buena vida” es aquella sin dolores, y “una buena muerte” es morir envenenado como un perro rabioso, tendrá razón al decir que vivimos en una sociedad cuyos miembros tenemos concepciones distintas e incompatibles en el tema. Allá él; si se quiere pegar un balazo o lanzarse de un puente, que lo haga calladito para que no lo encontremos algunos de los que pensamos que la vida es tan valiosa que deberíamos forzarlo para impedírselo.