La ley de delitos económicos fue diseñada para sancionar prácticas corruptas y fraudulentas, pero también trae consigo riesgos que podrían tener un efecto inhibidor sobre la innovación empresarial. Aunque la intención de la ley es positiva, una posible consecuencia no deseada es la ralentización del dinamismo y la creatividad propias de las empresas innovadoras. La ley genera incertidumbre porque algunas de sus normas son ambiguas. Es difícil prever cómo van a actuar fiscales y jueces frente a denuncias de dudoso fundamento. Esto fuerza a las empresas a blindarse, compeliéndolas a actuar con excesiva cautela, lo que debilita la cultura de la innovación.
Que una nueva ley de delitos económicos genere cierto temor, incertidumbre y algún nivel de parálisis de iniciativas tiene precedentes en otros países. En Alemania, a principios de la década de 2000, irrumpieron regulaciones ambientales estrictas, lo que inicialmente asustó a muchas empresas. Estas normas, aunque cruciales para la sostenibilidad, generaron reticencia a invertir en nuevas tecnologías por miedo a incumplimientos inadvertidos y a las consiguientes sanciones.
Un ejemplo ilustrativo es la Ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, promulgada en el año 2002, en respuesta a los escándalos de Enron y WorldCom. Esta ley, aunque vital para mejorar la transparencia y la responsabilidad corporativa, impuso altos costos de cumplimiento. Empresas de rápido crecimiento se desalentaron a la hora de salir a bolsa debido al temor a las complejidades asociadas a la observancia de la nueva ley. Esto, a su vez, tuvo un efecto de enfriamiento de la innovación, ya que los recursos financieros y humanos destinados a cumplir con estas normas desviaron la atención de actividades más fructíferas y creativas.
No obstante, es fundamental reconocer que la regulación y la vigilancia son necesarias para mantener un mercado justo y transparente. El desafío reside en encontrar un equilibrio que no sofoque la innovación. La ley de delitos económicos establece ciertas exenciones para las pequeñas y medianas empresas. Además está la ley Fintech, que busca promover la innovación financiera. Esto va en la dirección correcta, pero se podría hacer más. Marcos regulatorios flexibles que promuevan la auto-regulación y la responsabilidad corporativa, programas de compliance eficaces, acompañados de incentivos para la innovación responsable, podrían mitigar algunos efectos negativos de la ley.
El sector empresarial, junto con los legisladores, debiesen colaborar para hacer ajustes a la ley de delitos económicos, de manera de promover un entorno regulatorio que no inhiba la creatividad y el emprendimiento.
