A veces en Chile no le damos suficiente importancia a la libertad religiosa. Solo gracias a una investigación de El Líbero supimos que en la última década se han registrado 296 incendios intencionales de iglesias en nuestro país. Un número que debería estremecernos, porque detrás de cada templo destruido hay una comunidad herida y un derecho fundamental vulnerado.
El nuevo Informe de la Libertad Religiosa en el Mundo 2025, presentado por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), muestra un panorama preocupante para nuestro país. Gran parte de la violencia contra lugares de culto, se concentra en la región de la Araucanía. Muchos de estos ataques ocurren en comunidades rurales con población mapuche, que a la vez es cristiana. El conflicto, que comenzó con demandas históricas de tierras, se ha tornado cada vez más violento y se investiga la conexión con el narcotráfico y crimen organizado, que tienen como blanco -además de las iglesias- la quema de maquinaria, robo de madera, entre otros. El gobierno, con el apoyo del Congreso, ha mantenido el estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Bío Bío, aunque aún es insuficiente para detener la violencia.
La libertad religiosa no solo es un asunto de fe: es un derecho humano esencial, reconocido por el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No se trata del privilegio de unos pocos para practicar su religión, sino del derecho de toda persona a pensar, creer, expresar y vivir según sus convicciones. Cuando este derecho se debilita, se resquebrajan también las demás libertades.
A nivel mundial la situación es alarmante. Dos tercios de la humanidad -más de 5.400 millones de personas- viven en países donde no hay plena libertad religiosa. En 62 de ellos se registran violaciones graves a este derecho: 24 bajo el nivel de persecución y 38 bajo discriminación.
El estudio de ACN identifica las principales causas, entre ellas, el autoritarismo político, el extremismo religioso y el crimen organizado. En regímenes como China, Irán o Nicaragua, el control de la fe se ha convertido en una herramienta de poder. En África y Asia, el avance del yihadismo ha devastado comunidades enteras, especialmente en el Sahel, donde miles de iglesias han sido destruidas y millones de personas desplazadas. Y en América Latina, el crimen organizado se ha transformado en un nuevo agente de persecución, atacando a líderes religiosos o extorsionando parroquias para imponer control territorial.
Europa y Estados Unidos tampoco están inmunes. Ahí han aumentado los ataques a lugares de culto, el vandalismo y la llamada “persecución educada”, concepto introducido por el Papa Francisco en 2016, que hace referencia a leyes -principalmente en países occidentales- que, bajo el pretexto de la cultura y el progreso, socavan derechos fundamentales, en particular el de la objeción de conciencia. Este concepto ha cobrado creciente relevancia a medida que la intolerancia se transforma en discriminación.
A esto se suma un fenómeno cultural más reciente: la censura y la expresión forzada. En algunos países, nuevas legislaciones y fallos judiciales han comenzado a imponer normas lingüísticas que obligan a las personas -creyentes y no creyentes- a utilizar términos que pueden contradecir su conciencia, bajo el riesgo de ser acusados de “incitación al odio”. Cuando el lenguaje mismo se legisla, la libertad de conciencia y de expresión corren serio peligro.
Es una advertencia silenciosa: la libertad religiosa puede perderse no solo por la persecución abierta, sino también por la indiferencia o la hostilidad ideológica. El derecho a creer —o a no creer— es la base de toda sociedad verdaderamente libre.
Excelente y una gran verdad