Chile atraviesa un escenario de incertidumbre hídrica. A estas alturas, después de 14 años de sequía, esta afirmación no es una sorpresa: simplemente ya no llueve como antes. A pesar de las lluvias caídas este 2023 en la zona central del país, estas no cambian la tendencia y la situación sigue siendo apremiante, especialmente en el norte de Chile. En realidad, lo es en todo el territorio nacional, pero especialmente ahí está el peligro de un posible futuro racionamiento de agua en grandes ciudades.
Esta situación inevitablemente recuerda el argumento de la película “No mires arriba”, donde un grupo de personas eran consistentemente ignorados cuando advertían a la sociedad sobre la posibilidad de que un meteorito impactara a la tierra. Aquí la situación es afortunadamente distinta, a pesar de que nuestro registro de precipitaciones cambió su tendencia histórica, parte de la sociedad chilena sigue esperando que llueva para tener agua. Esta opción es insuficiente. Sobre todo si el Balance Hídrico Nacional de la Dirección General de Agua (DGA) proyecta que para el periodo 2030- 2060, la disponibilidad del agua en el norte y centro de Chile podría disminuir más de un 50%.
Todo esto mientras la demanda continuará creciendo de manera sostenida. Ante este complejo escenario, nuestra solución esta literalmente frente a Chile, en el inmenso Océano Pacífico. Mediante la desalación, es posible asegurar que todas las personas y actividades en Chile tengan acceso al agua, asegurando que los procesos que desarrolle esta industria sean cuidando el medio ambiente y siendo sostenibles con sus comunidades. Chile ya tiene plantas desaladoras, lo que nos da la enorme ventaja de que sabemos cómo hacerlo.
Chile necesita con urgencia que los estudios y permisos necesarios para la ejecución de proyectos de desalación se analicen con mayor celeridad. Mayor eficiencia en los tramites implica optimizar los protocolos de evaluación, no hacer más laxa la rigurosidad de análisis de los proyectos.
En ese sentido, el proyecto de ley sobre uso de agua de mar para la desalinización que hoy se tramita en el Congreso es un buen espacio para dotar de una institucionalidad que dé certezas a la ciudadanía y a los inversores. El Presidente de la República también ha sido claro en sus declaraciones al expresar la necesidad de que estos trámites se desarrollen de manera más expedita.
Para esto, será clave definir qué organismo estará a cargo del otorgamiento de las concesiones marítimas. Sin duda, actualmente la Dirección General de Agua (DGA) asoma como la institución estatal que más conocimiento, estructura, experiencia y capacidad de gestión presenta. Al respecto, también resultará fundamental que el proyecto cuente con un título único que permita la extracción de agua de mar y la imposición de servidumbres para todas las partes del proyecto, permitiendo llevar agua desalada a los centros de destino y consumo. Será fundamental que el título contenga las características necesarias para que estos proyectos sean financiables, de acuerdo con los estándares actuales, llevando a esquemas regulatorios conocidos por instituciones bancarias que financien proyectos de infraestructura.
A fin de cuentas es el rol del Estado asegurar que este tipo soluciones sean accesibles para todas y todos.
*Agustín Martorell, Director Asociación Chilena de Desalación y Reúso