La llegada del Frente Amplio al Gobierno y de Gabriel Boric a la presidencia de la República tienen un antecedente directo en las movilizaciones estudiantiles que ocurrieron en Chile desde el año 2006. El propio Boric, los ministros Jackson, Vallejo, Toro, Grau, la alcaldesa Irací Hassler, el jefe del “Segundo Piso” de la Moneda Miguel Crispi y un importante número de los parlamentarios de aquel conglomerado, antes que autoridades, fueron dirigentes estudiantiles.
El movimiento estudiantil que irrumpe en 2006 con la “Revolución Pingüina”, pasa por las movilizaciones de 2011 y llega a los hechos del “estallido social” de 2019, fue un catalizador de toda una generación de políticos que hoy gobierna. Si la generación que le antecedió tuvo al plebiscito de 1988 y el retorno a la democracia como sus propios hitos aglutinadores, esta nueva generación se agrupa entorno a las demandas estudiantiles, a la exigencia de un sistema educativo justo -«público y gratuito»- y al activismo político desde el mundo estudiantil.
Sin embargo, entre lo que han dicho y lo que han hecho por la educación hay una diferencia abismal. Solo por dar algunos ejemplos en este primer año de gestión: los colegios emblemáticos de la comuna de Santiago, que a lo largo de toda la historia del país han sido un elemento de movilidad social, tuvieron un inédito inicio de clases con cientos de cupos por llenar.
Por otro lado, vimos cómo en la discusión del presupuesto para el 2023 se presentó una baja en el aporte fiscal para los liceos bicentenarios, posiblemente una de las políticas públicas más exitosas y con más sentido de meritocracia del último tiempo en la materia.
Iniciando este año también vimos cómo el Gobierno envió un proyecto de ley al Parlamento que busca terminar con la evaluación consignada en el estatuto docente, que precisamente busca poner los incentivos en mejorar la calidad de los mismos. Y un último ejemplo: las declaraciones del ministro de Educación, transmitiendo que los focos de la gestión estarían puestos en la alfabetización sexual, omitiendo la principal prioridad post pandemia que es la recuperación de los aprendizajes.
Ya a mediados de 2022 se acreditó que hasta un 60% de los estudiantes de los primeros niveles básicos tienen deficiencias lectoescritoras, habilidades elementales para cualquier proceso de aprendizaje. Así, miles de niños presentan un déficit en su desarrollo intelectual y cognitivo, puesto que, dentro de la OCDE, fue Chile el país que más tiempo tuvo cerradas sus escuelas durante la pandemia con 259 días de cierre. Por lo mismo, la deserción escolar superó los 50.000 estudiantes en 2022 con un 24% adicional respecto a 2019. Urge recordar: ¿Quiénes pedían a toda costa mantener las escuelas cerradas durante la Pandemia y acusaron constitucionalmente a un Ministro por intentar revertir aquello?
Aparte de los fríos números hay una realidad que es también ineludible. Una cultura de violencia y modorra pesa sobre las escuelas. Desde el Instituto Nacional se toman y queman micros que usa la gente trabajadora para llegar a sus destinos, desde el Internado Barros Arana se atacan recintos militares, muchas facultades y universidades del país replican también esta cultura. Se escriben tesis sobre “pedofilia” en la Universidad de Chile y los padres simplemente no encuentran cupos en salas cunas y jardines infantiles producto del desborde migratorio que el Gobierno no se ha interesado en contener.
El aporte real del Presidente Boric y su conglomerado a la educación en este primer año de gestión ha sido malo, pésimo. Por lo mismo había esperanza de que el Ministro Ávila iba a ser removido… esperanza que se diluyó cuando a ojos de todos quienes estábamos viendo el cambio de gabinete sacaron una silla para el cambio de autoridades en el último momento… y no hubo cambio en la cartera y no hubo señal alguna de relevar ante todo Chile el compromiso por la educación. Cuánto vamos a echar de menos esa silla que faltó.
María José Domínguez – Directora Fundación Aire Nuevo