El Indicador de Falkenmark determina la existencia de estrés hídrico, si la disponibilidad de agua per cápita es inferior a los 1.700 m3 por habitante al año, si este indicador se encuentra por debajo de los 1.000 m3 estaría comprometido el abastecimiento de agua para el consumo humano y la producción de alimentos, aumentando la pobreza.
Las dificultades del abastecimiento de agua es una de las preocupaciones a nivel mundial para alcanzar un desarrollo sostenible, pero no siempre esta situación tiene la visibilidad necesaria.
La Fundación Amulén en el documento Pobres de Agua (2019) señala que “gran parte de Chile se encuentra por debajo de los 1.000 m3/hab/año, incluyendo la zona del Norte Grande y también las regiones de Valparaíso y Metropolitana”.
Además, explica que el 47,2% de los habitantes de sectores rurales no cuenta con abastecimiento formal de agua potable. Esta situación se advierte especialmente en la Macrozona Sur: La Araucanía (71%), Biobío (68%), Los Lagos (64%) y Los Ríos (62%). Estas personas se abastecen a través del agua superficial de ríos, vertientes, esteros y lagos o de aguas subterráneas mediante pozos, además de camiones aljibes dispuestos por las autoridades si no hay ninguna otra fuente disponible.
A su vez, gran parte de las localidades concentradas y semiconcentradas cuentan con Servicios Sanitarios Rurales, cuya cobertura llega al 53%, alrededor de 1,8 millones de personas.
Ahora, tanto quienes se abastecen de fuentes formales como informales presentan problemas y aquí nos encontramos con un problema de visibilidad de la disponibilidad hídrica a nivel rural.
De hecho, el temporal de viento que afectó una parte del país en el mes de agosto generó serios problemas de abastecimiento de agua en los sectores rurales, ya que los Servicios Sanitarios Rurales necesitan energía para poder operar sus pozos y, sin electricidad ni generadores de respaldo, nos les quedó más que esperar la reposición del servicio.
Este problema de continuidad se debió a factores climáticos externos nunca registrados, pero no siempre es así. La mayoría de las fallas son operativas, causadas por no haber mantenimiento de los equipos y planes de mediano y largo plazo por problemas de financiamiento, además de mejorar las competencias de gestión y administración de los Sistemas.
Los problemas de abastecimiento de agua para los sectores rurales suelen quedar en el anonimato, con algunas excepciones como la provincia de Petorca hace algunos años. A pesar de los esfuerzos de muchos actores de la sociedad civil y de la academia, la falta de visibilidad se mantiene, sobre todo, tras dos años con precipitaciones dentro de los promedios históricos, pero la sequía podría volver si llega el Fenómeno de La Niña durante el último trimestre.
Hay organizaciones como la mencionada Fundación Amulén que están desarrollando una interesante labor al buscar entender las necesidades de las comunidades y articular soluciones entre diversas entidades y la aplicación de la tecnología y la innovación, a través, por ejemplo, del programa Agua para Aprender que entrega soluciones concretas a las escuelas con falta de disponibilidad hídrica y que corren el riesgo de tener que suspender clases o la articulación público privada, como es el caso del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Universidad San Sebastián que, con fondos concursables, desarrollan iniciativas de capacitación a dirigentes, así como de diseño de obras para ser presentadas al MOP para su construcción.
Estas son algunas iniciativas que contribuyen a visibilizar la necesidad de disponibilidad hídrica de personas para las cuales el agua también es un bien nacional de uso público. Siendo un tema de la mayor relevancia nacional, es importante que existan alianzas público privadas, y que muchos actores puedan entregar una mirada amplia al problema, que aborde sus distintas aristas para que, de verdad, cumplamos en Chile con el derecho humano de acceso al agua.
