La Comisión de Paz y Entendimiento se encuentra en una etapa crucial. Con el plazo para la entrega de su informe fijado para el 31 de enero, las tensiones y expectativas en torno a sus resultados han alcanzado un punto álgido. En particular, La Araucanía observa con preocupación los posibles desenlaces, conscientes de que el éxito o el fracaso de esta iniciativa podría marcar un antes y un después en la historia del conflicto que afecta a la región y a la Macrozona Sur.
Dentro de los objetivos de la comisión están la realización de un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche, las tierras ya entregadas por el Estado de Chile y las brechas persistentes en dicha materia, para poder cuantificar dicha demanda. También, el propiciar un proceso de diálogo entre los distintos actores de las regiones involucradas con el objeto de alcanzar consensos, y otorgar legitimidad a las políticas y soluciones que proponga. Debe entregar al Presidente de la República un informe final con los acuerdos alcanzados y las propuestas elaboradas.
Esta comisión ha sido, desde su inicio, una apuesta inédita. Nunca antes había existido un consenso tan amplio entre los partidos políticos para respaldar una instancia de este tipo. Sin embargo, el panorama no es alentador. Las diferencias internas y los intereses políticos individuales han comenzado a erosionar ese espíritu de unidad. En un año de elecciones parlamentarias, las prioridades partidarias y electorales amenazan con opacar el bien común que esta comisión pretende alcanzar.
El fracaso de esta iniciativa no sería sólo un golpe para La Araucanía y la Macrozona Sur, sino también para el gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien enfrenta una prueba de liderazgo crucial. La incapacidad de llegar a un acuerdo sería vista como una derrota no sólo de su administración, sino también del Estado chileno en su conjunto, incapaz de ofrecer respuestas concretas a una problemática que ha persistido durante décadas.
La historia ha demostrado que los grandes cambios requieren sacrificios, compromisos reales y costos políticos. La sociedad civil, los agricultores, las empresas forestales, los dirigentes mapuche y cada uno de los actores deben hacer el máximo esfuerzo para colaborar con la comisión y que el conflicto empiece su fin.
La comisión tiene en sus manos la oportunidad de sentar las bases para una nueva etapa en el sur de Chile. No obstante, el tiempo apremia, y la falta de acuerdos pondría en riesgo no sólo su legado, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. El llegar a acuerdos no es sólo un deber político, sino también moral: las actuales y futuras generaciones merecen un futuro donde la paz y el entendimiento sean posibles. Los comisionados deben garantizar el éxito de la comisión y de anteponer el bien común sobre los intereses personales o partidarios. Los presidentes de la Comisión, Huenchumilla y Moreno, tienen una gran responsabilidad para lograr los objetivos y se llegue a los acuerdos antes del 31 de enero sin más postergaciones, por su liderazgo, experiencia y el mandato que se les confió. Es hora de demostrar que la política puede ser una herramienta para la solución de conflictos, y no sólo para perpetuarlos.
Normalmente la política y los políticos crean problemas, luego los perpetuan y no solucionan. La mezquindad y la soberbia los ciega. Si a esta altura del mes no hay luces y también en enero se vence plazo pensiones, no será mejor un receso hasta fines de marzo y plazo para fines enero 2026 ya superados actos electorales??????@@