Chile inicia un nuevo ciclo político en un contexto especialmente desafiante. A la desaceleración económica, la presión sobre las finanzas públicas y la persistente desigualdad territorial, se suma una profunda crisis de confianza en las instituciones. El nuevo gobierno recibe un país que demanda resultados concretos, uso responsable de los recursos y una gestión pública más eficiente.
En este escenario, seguir apostando exclusivamente por el gasto fiscal o por soluciones fragmentadas resulta insuficiente. La experiencia internacional demuestra que los desafíos complejos requieren nuevas formas de colaboración. Aquí es donde la economía del impacto emerge como una oportunidad estratégica para el desarrollo del país.
La experiencia reciente del Reino Unido, sistematizada por New Philanthropy Capital y el Impact Economy Collective, muestra que cuando gobiernos, inversionistas, empresas con propósito y filantropía trabajan coordinadamente, es posible movilizar capital, innovación y capacidades hacia objetivos públicos sin sacrificar eficiencia ni sostenibilidad. En términos simples, se trata de pasar del gasto aislado a la inversión con sentido.
Chile enfrenta hoy un debate estructural sobre el tamaño del Estado, la sostenibilidad del gasto social y la capacidad de financiar derechos sociales sin comprometer la estabilidad macroeconómica. La discusión tributaria, previsional y presupuestaria refleja esta tensión. Sin embargo, existe un volumen significativo de capital privado, filantrópico e institucional que permanece subutilizado para fines de desarrollo social y territorial. Family offices, fundaciones empresariales, inversionistas institucionales y patrimonios familiares buscan hoy proyectos con impacto verificable.
La economía del impacto propone convertir los recursos públicos en catalizadores: fondos semilla, garantías, esquemas de financiamiento combinado y pagos por resultados que permitan atraer inversión privada hacia prioridades nacionales como vivienda, cuidados, empleabilidad juvenil, reinserción laboral, transición energética o desarrollo regional. No se trata de privatizar lo social, sino de profesionalizarlo.
Durante décadas, Chile organizó su desarrollo bajo una lógica fragmentada: el Estado regula, el mercado produce y la sociedad civil compensa. Este modelo permitió avances importantes, pero hoy muestra signos de agotamiento frente a problemas cada vez más complejos. La discusión sobre listas de espera, seguridad ciudadana, déficit habitacional o informalidad laboral ilustra cómo las respuestas sectoriales ya no alcanzan.
La economía del impacto plantea una relación distinta: alianzas basadas en corresponsabilidad, transparencia y métricas claras de resultados. El Estado aporta escala y legitimidad. El sector privado aporta innovación y eficiencia. La sociedad civil aporta conocimiento territorial y confianza. Cuando estas capacidades se integran, el impacto se multiplica.
Uno de los principales déficits del país es la erosión de la confianza. Casos de mal uso de recursos, fallas en programas públicos y debilidad en los sistemas de evaluación han debilitado la legitimidad institucional. Sin sistemas robustos de medición, rendición de cuentas y evaluación de impacto, cualquier política pública termina perdiendo credibilidad. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de impulsar estándares modernos de gestión de impacto, fortalecer compras públicas basadas en valor social, modernizar la relación con fundaciones y organizaciones sociales y establecer reglas claras para la inversión responsable.
La experiencia internacional demuestra que la economía del impacto no surge espontáneamente. Requiere liderazgo político claro, visión estratégica y continuidad institucional. Países que avanzan en esta agenda cuentan con oficinas especializadas, estrategias nacionales y marcos regulatorios estables que trascienden los ciclos electorales. Chile, en medio de un proceso de recomposición política y búsqueda de consensos, necesita precisamente ese tipo de visión.
Nuestro país cuenta con activos relevantes: un sistema financiero sofisticado, fundaciones empresariales consolidadas, redes filantrópicas emergentes, emprendedores sociales de alto nivel y una sociedad civil resiliente. Lo que aún falta es arquitectura institucional que permita articular estos recursos en torno a objetivos comunes.
En tiempos de polarización, fragmentación y desconfianza, apostar por colaboración inteligente no es ingenuidad. Es realismo estratégico. El nuevo gobierno tiene en sus manos la posibilidad de liderar esta transición. Convertir el impacto en política pública no es una moda. Es una inversión en el futuro de Chile.
Parece una excelente propuesta, muy coherente