El Senado ha aprobado recientemente una ley que establece un pago único de $4,5 millones a alrededor de 57.000 profesores, distribuidos en dos cuotas, la primera de las cuales se entregará en octubre, coincidiendo con las elecciones. Como profesora, no puedo evitar empatizar profundamente con quienes han esperado durante 48 años la resolución de esta deuda histórica. Este reconocimiento, aunque tardío, busca reparar en parte la dignidad de quienes han dedicado su vida a la enseñanza. Sin embargo, es fundamental reflexionar sobre cómo priorizamos los recursos en un contexto donde las necesidades del sistema educativo son amplias y urgentes.
El sistema escolar chileno enfrenta serios desafíos. Uno de los más alarmantes es el estancamiento de los aprendizajes durante la última década, un problema que requiere soluciones estructurales y focalizadas. La interacción en la sala de clases entre profesores y alumnos debe ser el eje central de cualquier estrategia educativa. Esto implica, en primer lugar, asegurar que las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje sean óptimas, partiendo por reducir al mínimo las interrupciones causadas por suspensiones de clases y paros docentes. Para asegurar la continuidad del proceso, el Estado debe garantizar la continuidad del servicio educativo con una nueva normativa que considere la “educación como un servicio esencial”. La efectividad en la calendarización y la correcta distribución de los horarios son elementos básicos para garantizar que cada minuto en el aula sea aprovechado al máximo.
En segundo lugar, resulta imperativo poner el foco de la política educativa en los aprendizajes. Una meta nacional ambiciosa, pero abordable, es establecer como meta que todos los estudiantes aprendan a leer en Primero Básico. Esta habilidad fundamental no solo es la base para futuros aprendizajes, sino también un indicador clave del éxito educativo. Para lograrlo, es esencial fortalecer el apoyo a los profesores y a los equipos directivos, dotándolos de herramientas efectivas para enfrentar desafíos como la mala convivencia escolar, la deserción y la baja asistencia. Esto, además de establecer mediciones (como un SIMCE de Lectura en 2º básico) que permitan detectar rezagos y establecer ayudas para evitar que algunos estudiantes queden atrás.
Un tercer aspecto crítico es la mejora en la cobertura de la Educación Inicial. Ampliar el acceso a salas cuna y jardines infantiles, con apoyo del sector privado, es una inversión estratégica que impacta positivamente en el desarrollo temprano de los niños, especialmente aquellos provenientes de contextos vulnerables. Este enfoque no sólo beneficia a los estudiantes, sino que también alivia a las familias, creando una base sólida para el aprendizaje a lo largo de la vida.
Aunque el pago de la deuda histórica a los profesores es un acto de justicia, no debe desviar nuestra atención de las urgencias que enfrenta la educación chilena hoy. Gobernar implica priorizar, y en el ámbito educativo, eso significa centrar todos los esfuerzos en garantizar que cada niño y niña reciba una educación de calidad que les permita alcanzar su máximo potencial. La deuda histórica es más que un asunto económico; es un recordatorio de que debemos enfocar nuestros recursos y políticas hacia el futuro, apostando por un sistema educativo que no sólo repare el pasado, sino que también inspire confianza y esperanza para las próximas generaciones.
Efectivamente el objetivo de una educación de calidad es el aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto el centro de cualquier cambio debe ser el desarrollo de las habilidades de los niños desde la prebasica, con una institucionalidad menos burocrática y capacitando a los profesores con metodologías innovadoras y efectivas.