La educación superior atraviesa una transformación profunda. La expansión de la matrícula, la gobernanza institucional, la internacionalización y los cambios tecnológicos han convertido a las universidades en organizaciones cada vez más complejas. Frente a ello surge una pregunta fundamental: ¿Cómo gobernar los sistemas de educación superior asegurando simultáneamente calidad, libertad, responsabilidad y contribución al bien común?
La experiencia internacional entrega algunas respuestas. Según Unesco, cerca del 88% de los países mantiene la educación superior bajo supervisión nacional centralizada. En el 50% su conducción se encuentra en el nivel ministerial y en aproximadamente un 41% en niveles viceministeriales.
La conducción nacional es necesaria para definir políticas públicas, garantizar derechos, establecer estándares y resguardar el buen uso de los recursos. Sin embargo, una centralización excesiva puede debilitar aquello que hace especialmente valiosas a las universidades: su capacidad para pensar con libertad, innovar, responder a sus comunidades y proyectarse más allá de los ciclos políticos.
La regulación también es indispensable. Cerca del 92% de los países dispone de leyes o normas sobre educación superior. Sistemas universitarios masivos y diversos requieren reglas claras, aseguramiento de la calidad, transparencia y rendición de cuentas. Pero regular no puede significar uniformar ni transformar el cumplimiento administrativo en el propósito principal de las instituciones.
Aquí aparece un concepto esencial: la autonomía universitaria. Aproximadamente el 67% de los países la reconoce jurídicamente. Unesco, sin embargo, plantea una distinción fundamental: autonomía jurídica no significa necesariamente autonomía efectiva. Pueden existir normas que la consagren y, simultáneamente, controles políticos, administrativos o financieros que restrinjan seriamente su ejercicio.
La autonomía no es un privilegio de las universidades. Es una condición para cumplir su misión y se encuentra vinculada con la libertad académica, la búsqueda del conocimiento, el autogobierno, la creación intelectual y la capacidad de formular preguntas que incluso pueden resultar incómodas para los poderes políticos, económicos o culturales.
Pero autonomía tampoco significa ausencia de responsabilidad. Las universidades deben responder por la calidad de la formación que entregan, el cumplimiento de su misión, la utilización eficiente de los recursos, la integridad de sus procesos y su contribución a la sociedad. Autonomía y rendición de cuentas no son principios contradictorios: se necesitan mutuamente.
Esta discusión adquiere especial importancia en Chile. Más del 90% de los países permite jurídicamente instituciones privadas y aproximadamente un tercio de los estudiantes del mundo estudia en ellas. Chile presenta una situación particularmente significativa: alrededor del 83,73% de su matrícula corresponde a instituciones privadas, una de las proporciones más altas registradas internacionalmente.
Esta realidad invita también a superar la identificación de lo público exclusivamente con la propiedad estatal. Chile posee una larga tradición de universidades no estatales con inequívoca vocación pública, que han formado generaciones de profesionales, producido conocimiento, desarrollado ciencia, cultivado las humanidades y las artes y han contribuido al progreso de las regiones y del país. Esa diversidad constituye una riqueza que debemos preservar.
El desafío, entonces, no consiste en escoger entre Estado y autonomía, regulación y libertad. Necesitamos avanzar hacia una gobernanza inteligente, fundada en cuatro pilares inseparables: autonomía institucional, regulación legítima, transparencia y rendición de cuentas.
El Estado debe ser suficientemente fuerte para garantizar calidad, equidad y fe pública, pero también prudente para reconocer que las universidades requieren espacios reales de libertad. Las instituciones, por su parte, deben defender su autonomía demostrando permanentemente que la ejercen con responsabilidad y al servicio de la sociedad. En un país diverso como Chile, esto supone además reconocer las capacidades de las universidades regionales, que conocen sus comunidades y participan directamente en sus ecosistemas científicos, productivos, sociales y culturales.
Chile debe fortalecer su sistema universitario sin homogeneizarlo, regularlo sin asfixiarlo y exigir responsabilidad sin disminuir su libertad. Autonomía con responsabilidad; regulación con sentido; transparencia y rendición de cuentas con confianza. Sobre ese equilibrio debemos construir la educación superior que Chile necesitará para las próximas décadas.