A pocos días de cumplirse cuatro años desde la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455), la ambiciosa promesa de que Chile alcanzará la carbono neutralidad y la resiliencia al 2050 gracias a este instrumento parece aún lejana y compleja.
La concreción de esta iniciativa legal fue aplaudida como un paso relevante para enfrentar estos desafíos. Sin embargo, al analizar su implementación surgen importantes dificultades: falta de foco y dudas sobre su real impacto. Recordemos que esta ley exige la dictación de 23 reglamentos cuya misión es detallar cómo se deben cumplir algunos de sus mandatos. El excelente Observatorio de la Ley Marco de Cambio Climático que administra el CR2, nos muestra que la gran mayoría de ellos han sido publicados, faltando sólo tres. No obstante, varios de los reglamentos vigentes, a poco tiempo de su promulgación, han requerido de modificaciones que están en proceso.
El texto legislativo instruye, de forma obligatoria, el desarrollo de 12 Planes Sectoriales de Adaptación en áreas críticas como biodiversidad, recursos hídricos, salud, energía, minería, infraestructura y ciudades, entre otras. Cada plan es desarrollado bajo la supervisión de un ministerio en particular. Aquí ya surgen las primeras interrogantes: ¿Cada plan es acerca de la adaptación de quién? ¿El país, el sector público o el ministerio? ¿Los planes de adaptación se hacen cargo de las interacciones entre los distintos sectores o funcionan de forma separada? ¿Los recursos hídricos, por ejemplo, pueden responder a un solo ministerio o servicio?
Adicionalmente, la ley mandata la publicación de Planes Sectoriales de Mitigación para los ministerios cuyas carteras se relacionan con las actividades que emiten mayores gases de efecto invernadero, y también planes de acción regionales de cambio climático. Es decir, a nivel nacional y regional, el Observatorio de la Ley Marco de Cambio Climático muestra 35 documentos que deben ser actualizados o elaborados por primera vez.
Pero el alcance es aún mayor: cada uno de los 345 municipios del país debe diseñar e implementar su propio plan de acción climática comunal, sin recibir financiamiento para ello. Disponer de recursos sería absolutamente necesario si quisiéramos que cada municipio, en cada rincón de Chile, cuente con su plan que incluya medidas de adaptación y de mitigación a escala comunal. La pregunta que debemos hacernos aquí es acerca de la real utilidad a nivel local, conociendo el alcance de sus atribuciones, cuente con este tipo de documentos.
En definitiva, la Ley Marco de Cambio Climático instaura cerca de 400 documentos nuevos, desde nivel nacional hasta comunal, los que deben ser compatibles y armónicos entre sí, e interactuar con otros documentos ya existentes o mandatados por otras leyes, como la Estrategia Climática Nacional de Largo Plazo, la Contribución Determinada a Nivel Nacional, los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas, Planes de Descontaminación, y muchos otros. Este desafío conlleva un alto grado de complejidad.
Ante todo, esto: ¿Es realmente factible que la ley Marco de Cambio Climático ordene y entregue dirección a las acciones que debemos desarrollar como país con miras a alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero y la resiliencia climática a más tardar en 2050? ¿Son estos planes y la compleja interacción entre ellos, a distintos niveles, en distintos territorios, y dependiendo de distintos titulares, la forma más adecuada para hacer frente al urgente problema del cambio climático?
Hemos desarrollado un intrincado sistema cuyo principal objetivo parece ser el desarrollo y publicación de documentos, y no una verdadera acción climática. Si queremos avanzar en la captura de carbono, debemos trabajar en herramientas concretas que fomenten aquellas acciones que capturan CO2: industria forestal, conservación de turberas, recuperación o rehabilitación de suelos mediante agricultura regenerativa, u otros. Si el objetivo es aumentar la resiliencia hídrica de nuestras ciudades, ecosistemas y zonas productivas, necesitamos trabajar en fomentar el almacenamiento de agua y eficiencia hídrica. Los planes son buenos, o no, dependiendo de que logren traducirse en acciones concretas en pos del objetivo trazado, de lo contrario arriesgan quedar reducidos a una mera declaración de buenas intenciones en el papel.
