Chile tiene más de 4.000 kilómetros de costa lo que le ha permitido desarrollar proyectos de desalación para abastecer a la minería principalmente, pero también a la población. Además de invertir en plantas desaladoras, es necesario invertir también en sistemas de conducción de agua hasta los puntos de consumo. Hoy en día, hay 26 plantas con capacidad superior a 20 litros por segundo en siete regiones: 12 mineras, 9 industriales, 3 sanitarias y 2 multipropósito. La capacidad total instalada es de 13.736 litros por segundo lo que lleva asociado sus respectivos sistemas de distribución de agua de distancia variable entre 50 y 200 kilómetros de longitud (Catastro Acades).
Estas plantas y sistemas de distribución han sido desarrollados y son propiedad de empresas mineras e industriales principalmente. Con una participación marginal del sector sanitario e inexistente en el sector agrícola. Recurrentemente surgen voces que plantean que el país debería avanzar hacia proyectos multipropósito que abastezcan simultáneamente a diversos sectores/usos. Se argumenta que no es eficiente que cada proyecto minero, sanitario o agrícola desarrolle su propia infraestructura, y que compartir instalaciones puede reducir costos y ampliar el acceso.
Sin embargo, no es claro que toda obra deba compartirse. Muchas veces hay factores relevantes que hacen impensable que la solución sea compartida como, por ejemplo, la ubicación alejada entre los puntos de consumo, las diferentes calidades de agua requeridas y la gravedad de la interrupción del abastecimiento para la actividad en cuestión. En esos casos las soluciones probablemente serán independientes. En otros casos, en cambio, pueden existir trazados comunes y demanda de agua suficiente, por lo que duplicar tuberías y estaciones de bombeo puede encarecer innecesariamente el suministro y aumentar la intervención territorial. En este último caso puede ser conveniente compartir al menos parte de la infraestructura y de los costos asociados.
La decisión entre infraestructura compartida o individual dependerá de la evaluación de múltiples factores que determinan los costos y beneficios concretos del proyecto, y no de una obligación de compartir infraestructura. Hay algunos elementos relevantes que revisar.
Un primer elemento es el acceso al uso de infraestructura hídrica existente o a desarrollar. Por ejemplo, si una empresa financia un acueducto, ¿en qué condiciones podría conectarse un tercero? O si dos o más actores van a desarrollar un proyecto en conjunto, ¿cómo se distribuyen los costos, beneficios y riesgos? Es necesario contar reglas claras para negociar la capacidad disponible, coordinar eventuales ampliaciones y fijar tarifas adecuadas que remuneren la inversión. Por otro lado, si el acceso es obligatorio e indiscriminado se estarían desalentando nuevos proyectos.
Un segundo elemento se refiere al rol del Estado. Por un lado, puede asumir un rol facilitando dichas inversiones mediante la remoción de obstáculos a la inversión (“permisología”) y también identificando y coordinando proyectos que son compartidos entre distintos actores privados. Esto requiere no sólo coordinación efectiva al interior de organismos públicos, sino también con los privados. Otro rol dice relación con el aporte de subsidios u otras garantías cuando la rentabilidad social es superior a la privada. Por ejemplo, cuando se requiere mejorar la seguridad hídrica, pero la población tiene baja capacidad de pago en ciertas localidades. Estos aportes podrían justificarse, en la medida en que sean focalizados, evaluados frente a otras alternativas de abastecimiento y diseñados para no subsidiar indirectamente a usuarios rentables.
Compartir infraestructura no es un fin en sí mismo: es una oportunidad que exige reglas justas, incentivos adecuados y una definición precisa de cuándo se justifica el apoyo estatal.
La autora acierta al señalar que compartir infraestructura hídrica depende de cada proyecto. Pero omite una pregunta anterior: ¿quién decide qué infraestructura necesita el territorio y para quién?
Si cada empresa construye según su propia rentabilidad, podemos terminar con soluciones privadas perfectamente racionales y un sistema territorial profundamente ineficiente. Resulta curioso que al Estado se le encomiende despejar obstáculos y aportar subsidios, pero no planificar infraestructura estratégica.
Confundir la rentabilidad de cada inversión con la eficiencia del conjunto es un error económico elemental. Y reducir al Estado a facilitar negocios privados y financiar sus insuficiencias no constituye una política hídrica: es renunciar a tenerla.