“¿Quién me ha robado el mes de abril?” El título de esta canción se podría aplicar perfectamente a este abril de 2023, a punto de terminar sin precipitaciones en la Región Metropolitana y un déficit del 100% de lo que va del año, a menos que se cumpla el pronóstico que se ha anunciado para este fin de semana en Santiago.
En paralelo, el antiguo dicho “Abril, lluvias mil” corre serio riesgo de caer en el olvido si consideramos que de las 80 estaciones pluviométricas de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), hay 18 con 100% de déficit entre las regiones de Tarapacá y el Maule.
Las esperanzas de lluvia estarían cifradas en la llegada de “El Niño”, pero de acuerdo con los análisis del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) habría que aguardar el segundo semestre de este año para que se manifieste y además con moderada intensidad. En el intertanto, un tercio de las comunas del país (107) se encuentran bajo decreto de escasez hídrica de la DGA.
Esta situación se viene repitiendo desde hace varios años, pero hasta el día de hoy no tomamos buenas medidas preventivas. El problema de fondo está en una gestión hídrica desintegrada entre más de 40 organismos estatales sin que haya un liderazgo establecido e idóneo capaz de anticiparse a situaciones extremas como las vistas en Petorca, Aconcagua e Illapel y proyectar un adecuado abastecimiento de agua para el consumo humano, las actividades productivas y la preservación del medio ambiente.
Se necesita un liderazgo que integre y ordene, tanto a nivel intra como interministerial. En el caso del Ministerio de Obras Públicas han existido descoordinaciones internas entre la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, los Servicios Sanitarios Rurales y la Superintendencia de Servicios Sanitarios que han puesto riesgo el abastecimiento para el consumo humano en zonas como Illapel y también en Santiago que ha estado a minutos de quedarse sin suministro en varias oportunidades o la falta de urgencia para desarrollar las obras de riego necesarias para el desarrollo de la agricultura en todas las secciones del río Aconcagua.
Y estas dificultades se potencian cuando los intereses de diversos ministerios entran en conflicto como es el caso de Agricultura, Minería, Energía y Medio Ambiente. Se necesita un liderazgo orgánico que busque el equilibrio y asegure la existencia de una data actualizada, pertinente y de fácil acceso para los usuarios.
La nueva ministra de Obras Públicas, Jessica López, que tiene experiencia en este tema, pareciera tener claro el problema, según se desprende de sus palabras en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado el pasado 5 de abril.
Durante la sesión, la secretaria de Estado señaló que “quiero que revisemos ese proyecto, en el entendido de crear una Subsecretaría de Recursos Hídricos, con el objeto de agrupar las distintas al menos seis funciones que tiene el ministerio, todas de una gran trascendencia, que nos permitiría una mayor coordinación entre la infraestructura, la gestión del recurso hídrico, los usuarios, la cadena completa”.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos fue parte de una propuesta de la Mesa Nacional del Agua (2019-2022), de la cual la ministra López formó parte en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS) y aportó con sus conocimientos y experiencias, para mejorar la institucional hídrica. El capítulo 4 del Informe Final de la Mesa Nacional del Agua señala que la descoordinación inter e intra institucional de los 43 organismos públicos con injerencia en este tema constituye una de las causas que dificultan una buena gestión de estos recursos.
Este Proyecto de Ley (Boletín N. 14.446-09), que fue aprobado en general en la Comisión de Obras Públicas del Senado en enero de 2022, plantea que la Subsecretaría ejerza un liderazgo claro y vele por la coordinación de los servicios con competencias hídricas, reforzado con la creación de una Comisión de Ministros y de un Comité Técnico. Además, recomienda para facilitar la transversalidad de las políticas públicas un Consejo Nacional de Recursos Hídricos y para fortalecer las decisiones de carácter técnico de la DGA un Panel de Expertos en Recursos Hídricos y una división especializada, que mejore la información disponible de las 101 cuencas de Chile.
Esta subsecretaría sería un primer paso para contar con una institución rectora que oriente las políticas hídricas en el largo plazo y una adecuada coordinación del MOP con otros ministerios como Agricultura y Medio Ambiente, entre otros, y podría facilitar el desarrollo de infraestructura hídrica en el largo plazo y potenciar nuevas fuentes como la desalación, infiltración de agua subterránea, acumulación de aguas lluvias, carreteras hídricas).
La última vez que se supo de la tramitación del proyecto que crea la Subsecretaría fue precisamente en la Comisión de Recursos Hídricos el 9 de marzo de 2022, en donde 13 meses después la Ministra de Obras Públicas llamó a sus integrantes a plantear sus opiniones sobre esta iniciativa legal, que fue ingresada como proyecto de ley en el Gobierno anterior.
Y aparentemente, con el propósito de volver a impulsarlo, manifestó que este es un proyecto “que está durmiendo… que lo dejamos dormir”. Los desafíos de la crisis hídrica son múltiples, y el aspecto de la institucionalidad pública es un elemento muy importante, no podemos seguir dormidos sin discutir mejoras al respecto.
*Carlos Rubilar Camurri – Ex asesor Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas