Estos días podemos saborear nuevamente una de las ironías de la política chilena. La izquierda, liderada por el Partido Comunista, defiende arduamente uno de los legados de la “dictadura”, mientras la derecha trata nuevamente de tumbarlo. Hablamos del Estatuto Administrativo (Ley Nro. 18.834), que cubre a los funcionarios de la administración central del Gobierno de Chile. La discusión de fondo, sin embargo, es otra: el progresismo quiere mantener el estatus quo del empleo público y la derecha quiere cambiarlo.

La paradoja no es sólo política: revela que el verdadero debate no está entre conservar o reformar una norma, sino entre hacer cumplir las reglas existentes o seguir administrando sus incumplimientos como si fueran inevitables.

El estado actual del empleo público en la administración central del Estado muestra que, en varios aspectos importantes, el Estatuto Administrativo tal como está establecido en la Ley Nro. 18.834 simplemente no se aplica. Los ejemplos abundan.

Las asociaciones de funcionarios se comportan en todo como sindicatos, aunque los sindicatos no están permitidos por el Estatuto Administrativo. Las huelgas en el sector público ocurren normalmente durante la negociación del reajuste salarial de los empleados del sector público. Esa negociación, según el Estatuto Administrativo, no existe; sin embargo, ministros y asociaciones de funcionarios le dan alta cobertura de prensa. Los funcionarios de la administración central, al igual que en otros países, no tienen derecho a huelga. El Estatuto Administrativo establece sanciones cuando el funcionario abandona o no acude a su trabajo sin justificación, y la huelga no constituye una justificación. El supervisor de los funcionarios tiene la obligación de controlar esto.

Las evaluaciones tampoco se hacen como establece el Estatuto Administrativo. En esta materia, la ley se acata, pero no se cumple.

Las “hueseras”, es decir, pisos y edificios donde se instala a funcionarios para los que no hay ningún uso claro, no existen en el Estatuto Administrativo. Desde el punto de vista del supervisor, las “hueseras” pueden tener sentido: permiten apartar a funcionarios que no sólo no aportan, sino que también afectan el trabajo de los demás. Además, evitan dedicar dos o tres años a remover a esos funcionarios. Obviamente, esto no constituye una buena gestión de los recursos públicos ni cumple con la ley.

Es riesgoso insistir en aplicar el Estatuto Administrativo tal como lo establece la ley. Durante la primera administración del Presidente Piñera, ante un anuncio de huelga, se dieron instrucciones escritas a ministros y jefes de servicio para controlar y sancionar las ausencias injustificadas. Dos casos llaman la atención. El primero fue el de un jefe de servicio con funcionarios muy bien pagados: controló las ausencias y procedió a descontar, en cómodas cuotas mensuales, los días no trabajados. El segundo fue el de una ministra de apellido vinoso, que abiertamente se negó a aplicar el instructivo porque, según ella, tenía cosas más importantes. ¿El resultado? A los pocos meses, el jefe de servicio, sin apoyo y bajo constantes ataques por aplicar la ley, perdió el cargo. La ministra permaneció y demostró que tuvo razón al ignorar el Estatuto Administrativo.

Sin desmerecer su potencial de mejora, el Estatuto Administrativo, tal como existe hoy, ya contiene muchos instrumentos para mejorar la gestión del empleo público en Chile. El problema es más de gestión que de legislación. Legislar es una manera de “chutear el problema para adelante”: por un lado, tramitar una legislación demora años y tiene un resultado incierto; por otro, incluso puede formalizar el mal estado actual de las cosas. Además, se envía a los supervisores el mensaje de que no tiene sentido aplicar hoy el Estatuto Administrativo, porque pronto cambiará. Gestionar, en cambio, exige un esfuerzo y costos inmediatos, especialmente en el tiempo de autoridades que preferirían dedicarlo a temas de su agenda que consideran más importantes.

En resumen, tal como en la gran novela Il Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cambiemos todo para que nada cambie: se anuncia una reforma al Estatuto Administrativo, pero se evita enfrentar el problema más inmediato, que es la falta de gestión y aplicación efectiva de las reglas que ya existen.