El próximo 11 de marzo, el Presidente José Antonio Kast no solo recibirá la banda presidencial; recibirá una pesada «mochila» burocrática de más de 500 permisos transversales que hoy actúan como un torniquete para nuestra economía. El diagnóstico, respaldado por informes de Smart Compliance, es lapidario: durante la administración saliente, los tiempos de tramitación ambiental de los grandes proyectos (EIA) aumentaron un 39%, superando los 1.000 días de espera. Chile ha caído en un «Estado de diagnóstico eterno» donde se aprueban menos proyectos y se demora más en hacerlo, convirtiendo la burocracia en un lastre real que frena la inversión y el crecimiento.
Para enfrentar este desafío, Kast ha desplegado a Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda, y Daniel Mas, próximo Biministro de Economía y Minería. Quiroz prepara un «shock desregulatorio» inspirado en modelos de eficiencia internacional como el brasileño, buscando podar las 1.500 circulares que hoy encarecen la inversión. Por su parte, Daniel Mas tiene la misión de ejecutar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) para reducir los plazos entre un 30% y un 70%. En este equipo, el rol técnico de figuras como Pablo Eguiguren será fundamental para traducir la academia en gestión pública eficiente basada en datos.
El nudo gordiano de este bloqueo se encuentra en sectores estratégicos como la minería y la energía. Un caso emblemático es la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que si bien ya ha iniciado obras preliminares tras concluir sus planes arqueológicos y recibir los Informes Favorables para Cambio de Uso de Suelo (IFC) para sus subestaciones, el proyecto aún debe gestionar cerca de 5.000 permisos sectoriales y completar procesos de concesión eléctrica que se extenderán hasta 2027. Este laberinto de ineficiencia tiene sus principales cuellos de botella en la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En el documento “Unlocking the Green Transition: Streamlining Chile’s Mining Permitting System” de Miguel de Iruarrizaga y Pablo Eguiguren se analizan y proponen mejoras al sistema de permisos de minería en Chile, con el objetivo de facilitar la transición hacia una economía más verde, junto con plantear que la DGA es la agencia más crítica para los proyectos mineros de gran escala en Chile. Permisos críticos como el P155 o P156 promedian entre 30 y 40 meses de espera, con tasas de rechazo que superan el 50% debido a procesos manuales y criterios discrecionales. Hoy, la DGA no «habla» con sistemas como el Sistema Unificado de Permisos (SUPER), lo que obliga a traslados físicos de información que añaden hasta 70 días de retraso innecesario.
Es aquí donde la Inteligencia Artificial (IA) debe convertirse en el martillo que demuela esta estructura obsoleta a través de cuatro iniciativas urgentes. Primero, mediante Chatbots de Pre-clasificación y sistemas de pre-revisión, se pueden implementar filtros que validen que las solicitudes cumplan con los estándares mínimos en tiempo real, eliminando el «ida y vuelta» por errores de forma. Segundo, la Interoperabilidad Predictiva permitirá automatizar la entrada de datos entre los servicios y el sistema SUPER, terminando con el ingreso manual de información que hoy drena la productividad del personal.
Como tercer pilar, el uso de Visión Computacional aplicada a imágenes satelitales y drones permitiría a la DGA y otros organismos monitorear recursos y cumplimiento ambiental en tiempo real. Esto liberaría a los ingenieros de tareas de terreno rutinarias, permitiéndoles concentrarse en la evaluación de los proyectos complejos que hoy asfixian el sistema. Finalmente, el Modelamiento Predictivo de Cuencas procesaría vastos volúmenes de datos hidrológicos para entregar certezas técnicas sobre disponibilidad de agua en semanas y no en años, reduciendo drásticamente la discrecionalidad del funcionario.
Este enfoque, apoyado por la capacidad técnica del equipo de Kast, debe apuntar a la adopción de las «Técnicas Habilitantes Alternativas» (THA). Siguiendo la propuesta, presentada a las futuras autoridades, de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), cerca de 170 permisos —que representan el 45% del total— podrían reemplazarse por un modelo de declaraciones juradas y avisos automatizados. En este esquema, los permisos de bajo riesgo y de forma automática pasarían a una validación instantánea donde la IA detecta inconsistencias antes de la recepción oficial. Para los permisos sectoriales estándar, se utilizaría una interoperabilidad predictiva que elimine la burocracia de papel, mientras que los permisos de monitoreo crítico quedarían sujetos a una aprobación rápida respaldada por la fiscalización remota mediante algoritmos.
El Gobierno de José Antonio Kast tiene la oportunidad histórica de llevar a cabo una revolución administrativa y no un simple y ya conocido ejercicio teórico al poder garantizar que proyectos de escala histórica, como la megalínea Kimal-Lo Aguirre, no queden a merced de los excesos burocráticos, nuestra permisología. Si logra integrar la IA en el corazón de la gestión de permisos, no solo estará modernizando el Estado, sino que estará liberando la energía productiva de Chile. Desatar los nudos de la permisología será uno de los primeros pasos para demostrar que el crecimiento vuelve a ser, de una vez por todas, una prioridad nacional.
