Quisiera comenzar agradeciendo a la Asociación de Agricultores de Malleco y, en particular, a su presidente Sebastián Naveillán por esta invitación y la oportunidad que representa para que una empresa forestal de la región pueda exponer su visión.
Quiero comenzar haciéndome cargo de una información que circula, la que da cuenta que las empresas forestales estamos dispuestas a poner a disposición de los planes de compra de Conadi del orden de unas 70 mil hectáreas.
No represento aquí a las empresas forestales, pero puedo hablar por CMPC y lo quiero hacer con claridad:
- Hemos estado y estamos siempre disponibles para el diálogo, sin exclusión de temas, y así lo hemos manifestado y demostrado en muchas ocasiones.
- Entendemos que existe un problema pendiente del Estado que dice relación con las mermas de tierras a pueblos originarios ocurridas en distintos momentos de nuestra historia como República.
- y hemos tenido conversaciones con muchas comunidades que quieren desarrollar convenios para plantar bosques productivos en tierras de aptitud forestal.
- Lo anterior significa que podemos conversar, siempre que avancemos sobre certezas y diseños que realmente entreguen a las comunidades las herramientas para un desarrollo productivo y, por supuesto, con pertinencia cultural.
Por lo mismo, he titulado esta presentación como: “Avanzar sobre certezas”.
Pero, antes, me permito un minuto para describir nuestra compañía:
- Tenemos presencia industrial o comercial en 12 países del mundo con 48 plantas productivas y vendemos nuestros productos en los 5 continentes, en más de 50 países, y tenemos muchos miles de colaboradores, que hacen de esta una gran empresa.
Pero somos, antes que todo, una empresa chilena, fundada en 1920, con más de 103 años de historia y, al menos, seis décadas de presencia y compromiso con las regiones del sur de Chile, especialmente Bio Bío y La Araucanía.
Somos vecinos de estas regiones, con tres plantas de celulosa (incluyendo la única planta de celulosa de la región de La Araucanía, ubicada en la comuna de Collipulli), dos plantas de remanufactura, cuatro aserraderos, una planta de plywood y otra de maderas de alta tecnología. Tenemos oficinas locales en Temuco, Cañete, Collipulli, Carahue y Angol entre otras varias ciudades. Tenemos nuestro edificio corporativo en Los Ángeles. Tenemos tres parques forestales recreativos, incluyendo el muy visitado Parque Pumalal, aquí en el ingreso norte de Temuco. Una tienda, denominada Fibra Local en pleno centro de Temuco que ofrece un espacio de comercio justo para emprendedores y artesanos de la zona. Tenemos una fundación que apoya a decenas de escuelas municipales de la región.
Trabajan con nosotros casi 40 mil colaboradores directos e indirectos de ambas regiones y más de 700 empresas forman parte de nuestro encadenamiento productivo.
Pagamos los impuestos locales que establece la legislación vigente y hemos buscado la fórmula para incrementar, a partir de este y el próximo año, en un 52% el monto que pagamos en patentes en 20 comunas de Bio Bío y Araucanía.
En definitiva, somos locales, tenemos muy importantes activos industriales que requieren suministro de madera seguro y de largo plazo para su operación y, por lo mismo, no tenemos ninguna intención de abandonar esta región. Por el contrario, como explicaré más adelante, somos una oportunidad de desarrollo para toda la región.
Como empresa presente en la región, también somos víctimas, y nuestros colaboradores son víctimas, de la violencia y de la inseguridad. Sólo en operaciones vinculadas a CMPC, durante los últimos cinco años hemos sufrido 227 atentados que han afectado a 354 personas, incluyendo la dolorosa e irreparable pérdida de la vida de cinco personas.
Por lo mismo, nos duele que nos apunten como causantes de un problema que impacta directamente en la calidad de vida de nuestros colaboradores.
Frases como la que muestro contienen, al menos, tres errores:
- Un error de “cobertura”, porque ese supuesto fin de la industria forestal sólo “liberaría” (si es que se puede decir así) una parte menor de la superficie.
- Un error de “causalidad”, porque este problema es muy anterior a la existencia de la industria forestal. Consideren ustedes que sólo en 1929 (seis décadas antes que se construyera la primera planta de celulosa en La Araucanía) se interpusieron 1.219 juicios por reclamación de tierras. En 1963, por ejemplo, INFOR dice que se plantaron apenas 80 hectáreas en La Araucanía.
- Un error de “impacto” porque la mayor parte de la superficie que ocupan las empresas forestales corresponde a terrenos de aptitud casi exclusivamente forestal.
Me refiero ahora a nuestro diagnóstico sobre la situación por la que atravesamos en la región y la resumo en seis aspectos:
- El principal problema sigue siendo la inseguridad, tal como lo considera la mayoría de la población mapuche y no mapuche, y que no sólo se verifica en los más de dos atentados diarios en promedio, sino -como vivimos este año- en las más de 400 mil hectáreas quemadas por delincuentes y terroristas.
- Lo anterior, sumado a una falta de visión de largo plazo en la aplicación de políticas por parte del Estado, se traduce en incertidumbre.
- Estamos frente a un problema político y de Estado, tal como lo recoge esa frase del senador Francisco Huenchumilla.
- Esta grave situación sufre las consecuencias de un centralismo crónico. Lo que no ocurre en Santiago no parece importar lo suficiente.
- “Falta información histórica que esté ordenada y digitalizada”, fue la opinión de algunos comisionados tras escuchar la primera exposición de la Conadi.
- Y todo esto redunda en el problema más grave que es la pobreza, falta de desarrollo y ausencia del Estado en muchas comunas de La Araucanía y la provincia de Arauco.
¿Y cuál es nuestra visión sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento?
Como ya señalé, creemos y confiamos en el diálogo como única forma razonable y democrática de alcanzar acuerdos y soluciones. Por lo mismo, bienvenida toda instancia de encuentro y diálogo, como se propone esta comisión.
Observamos, asimismo, con buenos ojos los objetivos bajo los cuales se convocó esta comisión, incluyendo:
- Determinar con claridad la demanda de tierras, lo entregado y lo que falta.
- El Presidente habló de la necesidad de “saldar la deuda”, lo que ratifica esta necesidad de poner un término a esta situación.
- Y hacerlo de manera realista porque “no será posible restituir todas las tierras”, como reconoció el Presidente, y por lo mismo es valioso que se proponga a la comisión “diversificar los mecanismos de reparación”.
- Finalmente, es muy importante que se proponga también mejorar la legislación vigente (causa de muchas de las trabas que impiden el desarrollo de las mismas comunidades) y que se establezca una reparación para las víctimas del conflicto.
Vemos, asimismo, con optimismo el amplio respaldo político que recibió la conformación de esta Comisión, así como los integrantes que la componen y que lideran el exministro Alfredo Moreno y el senador Francisco Huenchumilla.
Todo ello constituye señales positivas y esperanzadoras.
Subsisten, sin embargo, algunas señales que inquietan en la medida que alimentan la confusión y nos siguen alejando de las necesarias certezas que se requieren.
Menciono tres situaciones:
- Representantes de partidos políticos que apoyaron la comisión del gobierno aparecen presentando una indicación al proyecto de nueva Constitución para crear otra comisión.
- La violencia continúa y, en muchos lugares, recrudece, como vimos en el reciente atentado en Traiguén que afectó a una posta, una iglesia y una escuela, o los ocurridos en Contulmo.
- Aunque se reconoce que no existe un catastro claro, se habla de desorden y la misma Conadi reconoce que está “superada” por el problema, a nosotros, nos siguen llegando cartas con propuestas de compra.
A propósito de ello, aprovecho de referirme a algunos aspectos de nuestra experiencia frente a las solicitudes de compra de tierras por parte de los organismos de gobierno.
En 2018, en el marco de la Mesa Forestal que creó Conadi, se nos informó oficialmente, a través del oficio 879, que la demanda total pendiente de tierras en manos de empresas forestales alcanzaba a 14.219 hectáreas, una cifra -por cierto- sorprendente, correspondiente a 66 solicitudes.
La mesa, con la presencia de varias de las comunidades incluidas en dicho oficio, decidió abocarse a resolver, para bien o para mal, ese listado de solicitudes.
Finalmente, de ese listado Conadi sólo concretó la compra de 5 predios.
En 2022, el Ministerio de Desarrollo Social “actualizó” la información señalando que las reclamaciones en manos de forestales sumaban 26.904 hectáreas, una cifra que -por cierto- sigue siendo sorprendente, correspondiente a 98 solicitudes.
Es evidente que las 98 solicitudes debían contener las 61 que nunca fueron resueltas.
Pero no fue así.
El problema, comprenderán ustedes, es que las autoridades se suceden en el tiempo y los que quedamos son las comunidades y las empresas, mirándonos las caras, incrementando la desconfianza mutua, sin saber qué responder o cómo proseguir.
Aquí presento tres ejemplos recientes de la misma inconsistencia ya señalada.
En mayo de 2022, Conadi nos envió una carta por tres predios en Lumaco. El problema es que ahora los solicitaba para comunidades distintas a las identificadas y contactadas en 2018 a raíz del mencionado oficio.
En julio de 2022 nos enviaron una propuesta por un predio en Victoria que no se encuentra en nuestros registros.
En julio pasado nos enviaron una propuesta por un predio en Loncoche, pese a que la idea es, como se ha dicho, proceder con un catastro.
Cuesta entender de qué estamos hablando cuando se habla de esta deuda pendiente de tierras.
Sabemos que existe un problema por resolver. No pongo en duda la historia que muestra cómo se relegó, a comunidades hasta casi el hacinamiento.
La legislación vigente obliga al Estado a “propender a la ampliación” de las tierras indígenas. Así lo dice explícitamente el texto legal y eso, así planteado, es un proceso sin fin.
¿Si se otorgaron del orden de 510 mil hectáreas en títulos de merced y se han entregado 220 mil hectáreas bajo el título 20b, otras 60 mil 20a y, según se ha informado en el pasado, al menos 100 mil de tierras fiscales, significa eso, como dijo un anterior director de Conadi, que estamos frente a “una deuda que se está saldando”?
Lo digo como pregunta.
¿Cómo abordamos un problema si no somos capaces de identificar sus bordes?
¿Cómo apoyamos el desarrollo de las comunidades si la legislación, en muchos aspectos, los ata de manos?
La ley también dice que el Estado debe “velar por la adecuada explotación” de las tierras indígenas, pero las trabas regulatorias, la falta de recursos, de capacitación, la dificultad para establecer alianzas productivas, la desconfianza, impiden que eso ocurra.
El 70% de las tierras que han sido compradas a CMPC para comunidades mapuche se encuentra sin uso productivo en la actualidad.
Y eso no está bien. Entendemos que la principal vocación de la región es agrícola, pero en una propuesta de convivencia social, cultural y productiva es evidente que hay muchas hectáreas de aptitud forestal no utilizadas.
La industria forestal es una industria de futuro, muy valorada hoy en el mundo, que viene a responder a la creciente demanda por productos más amigables con el medio ambiente y que, además, aporta significativamente a la captura de gases de efecto invernadero.
Pero Chile no está aprovechando esta oportunidad. Las estimaciones del INFOR, muestran la caída en las expectativas de forestación, a lo que se suman las miles de hectáreas que son quemadas intencionalmente año a año y que tienen una dramática expresión en las más de 400 mil hectáreas quemadas en la última temporada.
Se puede desmitificar sobre el origen de los incendios forestales. En este último verano, estos disminuyeron en un 60% una vez que se decretó el estado de excepción y el toque de queda. O sea, una vez que se controló la movilidad de delincuentes quemando.
Es fundamental que en la temporada que se acerca esta excepción y despliegue se efectúe de forma preventiva, anticipando los días de mayores temperaturas y vientos. Eso es perfectamente posible.
Antes de concluir, no quiero por ningún motivo dejar la sensación de que estoy evitando la pregunta que muchos nos hacen: ¿Estamos o no disponibles para hablar de traspasos de tierras?
Estamos y siempre hemos estado disponibles para abordar el problema de tierras, pero también hemos señalado que no somos indiferentes al uso que se pueda hacer de esas tierras.
No lo digo imponiendo un criterio. Por cierto que un propietario tiene derecho a hacer lo que mejor estime con su propiedad. Pero es la legislación vigente la que impide y limita las opciones de desarrollo de las comunidades, imponiendo restricciones que no existen para el resto de los propietarios de bienes raíces.
Observen cómo describía en 1870 el naturalista Claudio Gay el “derecho de propiedad” en la cultura mapuche. Ni siquiera eso reconoce la legislación vigente.
El 77% de los encuestados que se reconocen mapuche en un estudio del CEP dice que considera mejor que sean “las personas y sus familias” los dueños de la tierra y sólo 20% dice que debiera ser de la comunidad.
Entonces, estamos disponibles para conversar sobre tierras, pero en el marco de una conversación integral sobre las oportunidades productivas asociadas a dichas tierras.
Aprovecho de mencionar que tenemos identificadas y abiertas a las comunidades un total de 27 áreas de alto valor cultural, como es el caso de sitios ceremoniales, y sólo en los últimos 3 años, hemos respondido afirmativamente a más de 80 solicitudes de gravámenes gratuitos por parte de la comunidad.
Culmino estas palabras, con siete ideas que reflejan nuestra visión:
- Este es un problema del Estado.
- El Estado lo debe enfrentar sin poner en duda ni en riesgo los derechos existentes de legítimos propietarios que pueden tener o no la intención de vender sus tierras.
- El Estado debe generar las condiciones que posibiliten un desarrollo productivo libre, con pertinencia cultural y armónico con el territorio, sus costumbres y diversidades.
- Se debe avanzar en formas distintas, transparentes y trazables de compensación.
- No debemos bajar la guardia: el problema de la seguridad pública es la prioridad.
- Podemos concebir una región con convivencia social, cultural y productiva. Nadie sobra en La Araucanía.
- Y finalmente, desde una empresa forestal el mensaje es que tenemos una oportunidad de la mano de una industria de futuro, que quiere y puede ser parte de la solución.