Se vanaglorian de ser progresistas, proponiendo que el Estado generen las condiciones, que permitan que las personas esencialmente superen la desigualdad a través de procesos de inclusión social. Como típico dogma, son proposiciones que se asume que “son creencias” de carácter indiscutible e irrefutables… sin necesidad de fundamentarla ni confrontarla con la realidad. Por cuanto la realidad es aquello que acontece de forma evidenciable, ajeno a la imaginación o la ilusión o al ritual o fijación mental del dogmatismo.
El gobierno se estrenó con ideas teóricas y con un dogmatismo estatista “fallido” e inoperante de evidencia empírica e histórica; sus prejuicios que se fueron confrontando y erosionando ante la realidad y la experiencia objetiva; significándole al país un costoso ejercicio de ensayos y errores, afectando al bienestar y reputación del país, desde las paradigmáticas como vergonzosas relaciones exteriores, las endebles como laxas y arbitrarias fiscalización de los recursos públicos (caso fundaciones) hasta una inoperancia de costos inconmensurables en la efectiva dosificación de la inmigración.
La reforma previsional descansa en el anacrónico y desigual reparto, expropiando los ahorros individuales, contra toda proyección del perfil demográfico; con un Estado omnipresente y capturando miles de millones de dólares, administrados por entes estatales, desconociendo que la cuestión relevante es la grieta del 45% de trabajadores que no cotizan, agravado por nuevas leyes laborales que perpetúan la informalidad. No tomando conciencia que la mayor apertura y flexibilidad en las inversiones marcarían la diferencia de rentabilidad de los fondos y profundizarían el mercado de capitales, a lo menos en un 1,5% adicional (vía el interés compuesto acumulativo es determinante), permitiendo el acceso más barato a todo tipo de créditos a la ciudadanía en general. Los dogmáticos progresistas no lo visualizan. La administración Piñera valoró la solidaridad con la iniciativa de la PGU, pero no la inequidad y unilateralidad del prorrateo.
Litio encapsulado por el Estado, otro inmovilismo. Chile tiene 11 millones de toneladas en reservas de litio, ubicándose en el tercer puesto del ranking mundial, detrás de la compleja Bolivia y la ascendente Argentina. Desperdiciando la opción de concesionarlo (reciente iniciativa legislativa) al mejor postor, en condiciones de mercado y tecnológicas inmersas en una cosmovisión de liderato multinacional, como los otros minerales nacionales no restringidos.
Estamos ya perdiendo terreno, años anteriores producíamos el 80% del litio mundial, hoy representamos, ligeramente, el 25%. Por cada 10% que hemos perdido, hubiéramos recaudado US$ 2.500 millones para el Fisco, por cuanto es intensivo en gravámenes. Hay una vulnerable coexistencia traslapada en los dominios de los salares. Y la incierta e inconexa creación de la Empresa Nacional del Litio, con su bloqueo mayoritario del Estado en todo proyecto, inhibe la participación privada. Equivocadamente, quizás por error semántico, se sostiene que las empresas del Estado son de todos los chilenos, diría que la excepción tienen esa disciplina y orientación como vocación. Ya Australia con propensión privada ha logrado el 50% del mercado mundial de exportación ante el exiguo e irrelevante 5% de Chile.
Proyecciones del BC estiman que en el Gobierno Boric sólo crecerá un lánguido 1,6%, hasta inferior que el decadente 1,8% del último mandato Bachelet. Con el agravante que los términos de intercambio se le aprontan mas beneficiosos. El 2023 los factores internos contribuyeron negativamente al crecimiento, restando un 1,1% puntos a la expansión, si no la economía podría haber crecido al 1,3% en vez del paupérrimo 0,2%, alcanzado. Se está creciendo el 2024 sólo por el ciclo económico, la baja base de comparación y ante un endeble futuro de la imprescindible inversión. En todos los prestigiosos y representativos ranking de clima de negocios internacionales hemos experimentado una sistemática caída, (Heritage Foundation/Fraser Institute) convincente retrato de la ambigüedad del denominado gobierno progresista que nos ha conducido al inmovilismo…
La permisología es el Estado en su máxima expresión de bloqueo y burocratización. Ministerio a ministerio han ido por décadas acumulando regulaciones, sin la más mínima coherencia y coordinación, en defensa de asuntos aislados y particularmente obsoletos o desmedidos.
Realidades: el servicio de Monumentos Nacionales (el mayor obstaculizador) tiene un consejo de 22 miembros, de perfil humanistas, ¿¡que pretenden decidir por… unanimidad, con su heterogeneidad de sensibilidades.
Recientemente se presentó un proyecto de US$ 570 millones para descarbonizar la distribución eléctrica, para minimizar las impugnaciones, presentaron un acucioso informe de 600 paginas con el concurso de 60 especialistas, y los funcionarios encargados del medioambiente lo rechazaron esencialmente por un puñado de arboles nativos y unos desconocidos roedores, así de categóricamente simplistas. Las principales debilidades del régimen de autorizaciones sectoriales, que suman 37 servicios públicos, con al menos 400 aprobaciones son: la ausencia de un marco regulatorio que “fomente el desarrollo económico”, falta de proporcionalidad, escasez de información, cuadros profesionales inadecuados. La proposición del Ministro de Economía que lidera el proceso está bien orientado, sí falta la determinación gubernamental de que se acelere la reducción efectiva de los plazos, con un sentido de apremio.
Este problema país, depende de nuestra propia voluntad y sería la iniciativa que reflejaría un decidor paso en la modernización del sector público y con una resultante de efectiva inmediatez, en la postergada mayor productividad del país que se traduciría en un crecimiento agregado del PIB entre un 0,4 a 0,6%, aceleradamente.
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