A seis años del 18 de octubre de 2019, Chile vuelve a debatirse entre la memoria y el futuro. Los candidatos presidenciales multiplican sus diagnósticos y promesas, pero sobre el trasfondo existe una pregunta que se niega a desaparecer: ¿puede repetirse un 18-O?
Pocos dudan de que aquel estallido fue impulsado por grupos extremistas con aspiraciones refundacionales, incluso alentados desde el extranjero. Sin embargo, ese impulso no habría bastado sin el apoyo de dos sectores distintos: el lumpen, que aprovechó la debilidad del orden público, y un grupo mucho más amplio y decisivo: ciudadanos decepcionados de un sistema que percibían como abusivo. La inconformidad no era solo económica; también política, ética y cultural. Era la intuición, cada vez más extendida, que el modelo favorecía a unos pocos y desprotegía al resto.
Ahí radica la triada que explica buena parte de nuestra historia reciente. Los extremistas -de un extremo- seguirán buscando reactivar su proyecto; el lumpen responderá a los incentivos —si el poder vacila, se desata—; y el ciudadano común, decepcionado, aunque no extremista.
El mercado es el mejor mecanismo para generar riqueza, asignar recursos y estimular la innovación. Cada día lo comprobamos: una necesidad insatisfecha se convierte en oportunidad sin que nadie lo ordene. Pero la mano invisible no es virtuosa por sí sola. El mercado no premia la moral, sino la eficiencia. Y cuando los incentivos se distorsionan, lo que florece no es la competencia, sino el abuso, la colusión y la concentración.
Chile ha sido un país entusiasta del mercado, pero un guardián tímido de su integridad. Abrimos nuestras fronteras, modernizamos la economía y celebramos los rankings, pero descuidamos la vigilancia. Las colusiones impunes, la concentración en sectores estratégicos, la debilidad de los reguladores, las sanciones blandas y la injerencia del poder económico en lo político minaron la confianza ciudadana. Y cuando la confianza se derrumba, no solo se resiente el modelo económico: también la legitimidad del sistema democrático. El 18-O fue, en parte, la consecuencia de esa fractura: un país que crecía, pero donde muchos sentían que el progreso era ajeno.
Aquí entra el Estado. No para sustituir al mercado, sino para hacerlo funcionar. Su tarea no es competir con el sector privado, sino defender las reglas del juego, proteger la competencia y sancionar al que las vulnera. Lo que Chile necesita no es un Estado más grande, sino uno más fuerte y competente. Un Estado que sancione sin titubeos, que actúe con profesionalismo y que asegure un campo de juego nivelado.
El empresario que crea, arriesga y compite merece reconocimiento; el que colude, evade o captura rentas, debe ser sancionado con severidad. Esa es la línea que separa un mercado funcional de una caricatura de mercado. Los países admirados del mundo —desde los nórdicos hasta los anglosajones— lo entendieron hace décadas: no hay capitalismo sostenible sin un Estado que lo regule con coraje y equilibrio. Lo contrario es abrir espacio al populismo y al descrédito institucional.
Por eso, el desafío que viene no es ideológico, sino moral y práctico. No necesitamos refundar nada, sino corregir lo que nos negamos a mirar. El mercado debe seguir siendo el motor del desarrollo, pero el Estado debe ser su guardián: el que asegure la competencia leal, castigue el abuso y proteja a los más débiles. Cuando esa ecuación se cumple, la prosperidad se vuelve legítima y el crecimiento deja de ser ajeno.
A las puertas de una nueva elección presidencial, Chile requiere menos consignas y más carácter. Ni más Estado ni más mercado: solo instituciones que funcionen. El verdadero liderazgo no se mide por la cantidad de promesas, sino por la capacidad de restaurar la confianza. Porque lo que el país exige no es otra revolución, sino algo más difícil y más noble: reconstruir la alianza entre libertad y responsabilidad que hace posible la democracia.