La frase se instaló rápido; “El Estado está quebrado”. Circuló incansablemente, se corrigió y terminó generando más ruido. Pero el punto no está en la frase, está en lo que intenta capturar. Es que el Estado de Chile no está quebrado en sentido soberano, ya lo sabemos y lo tenemos claro. No está en default, ya que mantiene acceso a financiamiento y su deuda del Gobierno Central se ubica en torno a 41,7% del PIB, aún muy por bajo el umbral prudente que opera como ancla fiscal establecido en un 45%. Esa parte del diagnóstico es relativamente clara, pero el problema es otro, y es más complejo de entender.
Lo que enfrenta Chile no es una quiebra fiscal, sino una combinación de estrés fiscal debido a la falta de rigurosidad de la administración anterior, un shock energético externo, rigidez presupuestaria y fragmentación operativa, que reduce su capacidad para absorber crisis sin trasladarlas a la economía real. No es una crisis de solvencia, es una brecha de respuesta. Y esa diferencia —que suele tratarse como semántica— es, en realidad, estructural. Porque no describe cuánto debe el Estado, sino cómo opera bajo presión. Y ahí creo, está el punto.
El error de la discusión no es solo técnico, como lo señalé. Es conceptual, ya que idea de “Estado quebrado” simplifica un fenómeno que no es binario. Pero negar el problema también es insuficiente. Sí hay deterioro fiscal relevante, producto del desorden financiero heredado del gobierno de Boric. El déficit estructural estimado en torno a 3,5%-3,6% del PIB, los desvíos respecto de las metas fiscales y los errores reiterados en la proyección de ingresos, configuran un cuadro de menor holgura, menor capacidad de ajuste y menor margen para absorber shocks generalizados sin costo fiscal o en credibilidad. Eso no configura insolvencia, pero sí configura un Estado más tensionado de lo que la discusión pública suele reconocer.
El shock que gatilla este escenario también es claro y conocido. El alza del petróleo por sobre los US$100 por barril, producto de la guerra en Medio Oriente, reconfigura el cuadro macroeconómico: mayor inflación, menor crecimiento esperado, mayor incertidumbre y condiciones financieras más estrechas. Es por esto que Hacienda reconoce alzas significativas en combustibles y descarta medidas de amortiguación amplias por su costo fiscal. El Banco Central, por su parte, ajusta proyecciones de crecimiento y advierte presiones inflacionarias persistentes. El shock es real, pero shocks de este tipo no son nuevos, Chile los ha enfrentado antes.
La diferencia real hoy no está en el shock, o en su configuración, está en la distancia, o brecha, entre el shock y la respuesta necesaria del Estado para abordarlo. Y esa distancia, es de gobernanza.
Esa brecha se vuelve visible donde el Estado deja de ser relato comunicacional y pasa a ser operación. No en la macroeconomía, sino que, en la micro: en la construcción, en la infraestructura, en los contratos. El diésel impacta directamente en maquinaria, transporte, movimiento de tierras, logística de obra y capital de trabajo. Cuando ese costo sube abruptamente, la estructura real de costos cambia más rápido que la capacidad del sistema para reajustar contratos o recalibrar procesos. Ahí aparece el descalce fatal. Y no por ausencia de mecanismos, sino por desacople entre la velocidad del shock y la velocidad de respuesta institucional.
Lo anterior, se puede describir con claridad de la siguiente forma: el shock energético se transmite a costos logísticos, presiona márgenes, tensiona capital de trabajo, eleva el riesgo de atrasos, reclamos, relicitaciones o procesos desiertos, y termina afectando la continuidad de obras. Esta no es una hipótesis, es una cadena causal observable.
Aquí es donde se instala la tesis que ordena el dilema. Chile no tiene un problema de falta de instrumentos, tiene un problema de integración operativa del Estado en esta materia.
El Estado chileno dispone de piezas relevantes en este sentido. El MEPCO amortigua precios de combustibles. El índice polinómico permite reflejar variaciones de costos en contratos. El plan de liquidez del MOP entrega herramientas para sostener flujo financiero de contratistas. El Comité Interministerial de Infraestructura tiene facultades para coordinar ciclo de proyectos. El problema no es la ausencia o falta de mecanismos, es que esas piezas no están operando como un sistema unificado frente a un shock que es transversal.
El Estado funciona; ejecuta, licita, paga, coordina. Pero no necesariamente responde como sistema frente a desordenes tan complejos como el descrito. Y cuando no responde como sistema, la lógica sistémica de comportamiento emergente hace que responda por partes. Y cuando responde por partes, el shock no se absorbe: se transmite. A márgenes en proyectos u obras, a contratos, a la cadena de pagos, a la continuidad de inversión.
No es una crisis fiscal. Es una fragilidad operativa.
Esa fragilidad tiene un efecto específico, y no se expresa primero en la deuda, se expresa en la capacidad de ejecución. En cuánto se logra efectivamente construir el funcionamiento del Estado bajo condiciones de estrés. Cuando los costos suben y el presupuesto no acompaña al mismo ritmo, el mismo peso fiscal compra menos obra real. Eso obliga a postergar, recalibrar o ralentizar cartera. No es un ajuste contable, es una reducción en capacidad de respuesta estatal.
Aparece entonces un concepto que creo conviene delimitar con rigor: riesgo país operativo. No se requiere insolvencia para deteriorarlo. Ya que basta con que el mercado perciba que el Estado, bajo presión, reacciona con lentitud, fragmentación o incertidumbre. En infraestructura, eso se traduce en decisiones concretas: oferentes más cautos, licitaciones menos agresivas, mayor prima de riesgo, mayor fragilidad en subcontratistas y mayor probabilidad de procesos desiertos cuando las bases no reflejan adecuadamente el nuevo escenario.
Ese es el riesgo que realmnete empieza a importar, ya que es este el que conecta el problema fiscal con la economía real.
Y es en ese contexto, en donde el MOP deja de ser un ministerio sectorial más. Por escala, por exposición y por rol, pasa a ser un estabilizador operativo de la economía. Su presupuesto, su cartera y su relación con la cadena de contratistas lo convierten en un punto de transmisión directa del shock. Si ajusta tarde, paga lento o no prioriza adecuadamente, el impacto no queda contenido. Todo lo contrario, se expande. Por eso, el problema ya no es solo de gestión sectorial, es de capacidad estatal aplicada a la continuidad de infraestructura.
La implicancia es directa está clara, y no basta con tener instrumentos. Hay que hacerlos operar como sistema. Esa es la diferencia entre administrar una tensión y gobernarla.
Por lo tanto, lo que se debe hacer, en ese sentido, no es crear nuevas herramientas ni multiplicar instancias. Es integrar operativamente las existentes, pero bajo una lógica única de respuesta. Un sistema de estabilización que permita monitorear variables críticas —paridad de combustibles, impacto en costos de obra, contratos expuestos, situación de pagos, cartera en riesgo— y activar respuestas coordinadas: reajustes oportunos, recalibración de licitaciones, priorización explícita de obras críticas y coordinación presupuestaria para resguardar continuidad.
No es una innovación tecnológica, es una innovación de gobernanza. Es pasar de un Estado que reacciona por instrumentos o mecanismos, a un Estado que responde como sistema. Ese es el cambio.
Porque el problema principal no es que Chile tenga un Estado en crisis fiscal. El problema es que Chile tiene un Estado que mantiene una brecha relevante entre el shock y su capacidad de respuesta integrada. Esa brecha —que no aparece en la deuda, pero sí en la operación— es la que define si una crisis se absorbe o se transmite.
Y también marca con más precisión dónde está la tarea: no en inventar instrumentos mágicos, sino en lograr que el Estado deje de reaccionar por piezas y empiece, de una vez, a responder como sistema.
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