Quedan poco más de 70 días para que se inicie una nueva administración a cargo del poder ejecutivo en Chile. El presidente electo José Antonio Kast, ha sido muy claro que el suyo será un gobierno de “emergencia”, atendiendo a tres factores principales, indicados en su programa: emergencia de seguridad, emergencia económica y emergencia social. Pero junto a estas importantes emergencias, hay otra que reúne condiciones que hacen urgente atenderla, me refiero a la emergencia hídrica.
Hasta el año 2023 gran parte de nuestro país vivió lo que conocemos como la megasequía, cuya extensión temporal y espacial no tienen precedente, no solo en nuestros registros históricos, sino que “no existen períodos análogos en el último milenio de acuerdo a las reconstrucciones climáticas en base al crecimiento de anillos de árboles” según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).
Esta megasequía, que aún se mantiene en la región de Coquimbo, ocasionada por un gran déficit de precipitaciones en forma de lluvia y nieve, está profundamente ligada a efectos concretos que afectan la vida diaria de las personas como un mayor número y extensión de incendios forestales, episodios cercanos al racionamiento de agua potable en grandes ciudades y el colapso de numerosos sistemas de agua potable rural, fuertes impactos productivos a la actividad agrícola, incluyendo la disminución de superficie de cultivo, entre otros.
Pero no debemos olvidar que esta emergencia hídrica no sólo es fruto de los factores climáticos que la provocan, muchas de las respuestas de los gobiernos que han debido enfrentar este desafío han sido muy débiles o inexistentes, y las respuestas del poder legislativo han estado cargadas de ideología. No hemos adaptado nuestras estrategias, nuestros instrumentos y menos aún nuestras instituciones para hacer frente a estas nuevas condiciones o a la próxima sequía, la que ya podría estar comenzando luego de un año 2025 con déficits de precipitaciones a noviembre que llegan a superar el 40% en algunos puntos entre Valparaíso y Los Ríos, según el Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián.
En temas relacionados a la emergencia hídrica, el programa que propuso a la ciudadanía el entonces candidato José Antonio Kast incluye varios puntos en su diagnóstico. En él se destaca la crisis hídrica y la sequía en Atacama y Coquimbo, la escasez hídrica en la zona central y los incendios en la Macrozona Sur. También se dice que la inversión pública -incluyendo agua potable rural junto a otras obras- cayó un 11% entre 2010 y 2024.
Por el lado de las propuestas, el programa es más bien general, e incluye un nuevo plan de concesiones para obras públicas de reúso y desalación, así como la facilitación regulatoria de estas últimas. Más adelante, al hablar de competitividad sectorial, se incluye el impulso de un diseño industrial que permita aumentar el volumen de producción y oferta de agua para combatir el avance de la desertificación y las inclemencias climáticas, y el refuerzo de la gestión del agua en la agricultura.
Las respuestas a la emergencia hídrica que pueden surgir desde el poder ejecutivo son múltiples y algunas de ellas pueden estar perfectamente contenidas en lo planteado por el presidente electo: facilitar inversiones en obras como desaladoras, embalses y APR para contar con más y mejores soluciones de este tipo; mantener y mejorar el apoyo a la eficiencia en el uso agrícola del agua fomentando obras de tecnificación, de mejor conducción y, complementariamente, capacitación en riego tecnificado; simplificar la gestión del recurso hídrico mediante la revisión y ágil tramitación de permisos y exigencias burocráticas tales como puntos de captación, aprobación de obras, etc.; y, muy especialmente, dar mayor relevancia a los cuerpos intermedios -las organizaciones de usuarios de agua- para tener una mejor gestión local del agua.
Desde esta tribuna, sugiero al gobierno que se inicia el 11 de marzo de 2026 que incluya en sus acciones una mirada especial a la emergencia hídrica, la cual acentúa la emergencia económica por no disponerse de agua suficiente para distintos tipos de producción y la emergencia social al no contar con agua potable en zonas rurales e incluso en grandes ciudades, y los conflictos que se derivan de la tensión que produce la escasez.
