Hay una frase que debería colgarse en la oficina de cualquier ministro de Hacienda del mundo: el problema no es el tamaño de la deuda, sino la tasa.

En los últimos años lo que cambió, y de manera profunda, es el costo de usar el dinero. Durante los años de tasas cercanas a cero, los bancos centrales compraban bonos, el financiamiento era prácticamente gratis y el mercado daba por sentado que el riesgo soberano de un país desarrollado era casi inexistente. Ese equilibrio ya no existe.

El foco del problema de la deuda se ha desplazado hacia los estados. No porque los bancos sean vulnerables; de hecho, están mejor capitalizados y regulados que hace quince años, sino porque el problema migró hacia arriba en la cadena: encontrando gobiernos con déficits estructurales persistentes, que deben refinanciar constantemente su deuda, y que ahora lo hacen a tasas muy superiores a las de hace unos años cuando las tomaron.

El caso de Estados Unidos es el más elocuente. La economía más grande del mundo mantiene un déficit fiscal elevadísimo, una deuda pública que ronda o supera el 120% del PIB, y un gasto en intereses que ya es la segunda partida más dinámica de su presupuesto federal. Cuando el activo considerado «libre de riesgo» por excelencia, el bono del Tesoro, empieza a incorporar una prima estructural mayor, el efecto no se queda solo en Washington: encarece el costo de capital en todo el mundo y presiona a las monedas emergentes, como la nuestra en Chile. Como ejemplo, el petróleo bajó, el cobre sigue alto, pero el dólar no baja.

Chile no está en la liga de Japón (sobre 200% de deuda sobre PIB) o Estados Unidos, pero tampoco es ajeno a la tendencia. La deuda bruta del Gobierno Central bordea hoy el 43% del PIB al cierre de 2025, muy lejos del 25%–30% que exhibíamos hace apenas una década y media, y a años luz de la época en que el país mantenía ahorros netos.

El detalle que debería inquietar más que el stock de deuda pública en sí, es el costo o pago de intereses. Chile ya destina cerca de US$5.000 millones al año al pago de intereses, una cifra que equivale a casi el 6% del gasto total del Estado. Compite directamente con gasto social, inversión pública y el presupuesto de cualquier ministerio de tamaño medio, con una capacidad de maniobra cada vez peor por el estado de la billetera pública.

Y aquí aparece el matiz que distingue a Chile de las economías avanzadas endeudadas: nuestra deuda paga tasas más altas, en torno a 4,5% promedio efectivo. Un ejercicio simple, pero elocuente: si esa tasa promedio sube a 6,5% a medida que se refinancian los vencimientos, el gasto anual en intereses podría subir en cerca de US$2.800 millones adicionales, equivalentes a 0,85% adicional del PIB. O sea, cada vez que renegociemos será a una tasa peor y más cara, en el actual escenario mundial.

Hay un elemento técnico que conviene no perder de vista: el ajuste no es instantáneo. La deuda chilena tiene una duración promedio cercana a nueve años, lo que significa que el impacto de tasas más altas se materializa gradualmente, a medida que van venciendo los bonos actuales. Es un colchón temporal, no una solución. Si el entorno de tasas elevadas se mantiene cinco a siete años más, el efecto terminará por materializarse en su totalidad.

El error de diagnóstico más común en el debate fiscal chileno es medir la salud de las finanzas públicas solo por el tamaño de la deuda como porcentaje del PIB. Esa métrica, aislada, dice poco. Japón sostiene una deuda de más del cuatro veces el tamaño relativo que la chilena sin colapsar, simplemente porque paga tasas cercanas a cero. Estados Unidos puede absorber un costo de intereses mucho mayor mientras el dólar siga siendo el activo de reserva global por excelencia. Chile no tiene ninguno de esos dos privilegios: ni tasas bajas, ni una moneda de reserva global.

Por eso la prudencia fiscal en Chile debe dejar de ser una preferencia ideológica de un sector político y debe convertirse en una necesidad defensiva del Etado, con el acuerdo de toda la clase política.

La deuda, en sí misma, nunca fue el enemigo. El verdadero enemigo, el que decide si un país navega la próxima década con margen fiscal o muere ahogado, es la tasa.

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