Durante los años de Bachelet II, un gobierno con mayorías que legislaba a gusto, solo una de las reformas educacionales generó cierto consenso con la oposición: la carrera docente. En lo central, se trataba de mejorar las condiciones de la docencia a cambio de un estándar mayor para la profesión. Se mejoraron significativamente las remuneraciones de los profesores, a cambio de un sistema de promoción profesional, paralelo e integrado a la ya conocida evaluación docente (la que sería lamentablemente eliminada por el gobierno de Boric). Para hacer de la pedagogía una carrera selectiva, se prohibió que fuera impartida por institutos profesionales, y se estableció una exigente acreditación obligatoria de las carreras. Dentro de estas medidas estaban unos nuevos requisitos de puntaje para quienes quisieran estudiar pedagogía. Progresivamente, se llegaría a una exigencia tal que solo el 40% de mejores puntajes del país podría estudiar para ser profesor.
Tras unos años de cumplimiento de estas exigencias vino la pandemia, y para evitar más disrupciones se fue postergando su aumento. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer estudios que adelantaban una importante falta de profesores en el futuro inmediato, en particular en algunas regiones. Entonces, el año pasado, cuando correspondía aumentar las exigencias nuevamente, el gobierno visualizó la necesidad de postergar la aplicación de las mismas, en parte por la presión de ciertas instituciones que verían muy mermada su matrícula. Hasta aquí, todo (relativamente) bien.
Pero como suele ocurrir, al gobierno le entró la ambición. Quiso aprovechar esta contingencia para entregarle el control del acceso a las pedagogías al Cruch. Propuso entonces que fuera el comité de acceso -órgano que administra la PAES y que es controlado por ley por el Cruch-, el que definiera los requisitos para entrar a pedagogía, en base a una propuesta de la subsecretaría. Esto es simplemente impresentable, y el gobierno lo supo desde siempre. ¿Cómo podía entregarse por ley el control del mercado de las pedagogías a un actor interesado? ¿Cómo se garantiza que el Cruch (o una facción dentro del mismo) no utilizaría ese nuevo poder en desmedro de las universidades fuera del Cruch, para su propio interés? Que me disculpen los puristas por el lenguaje economicista, pero desde la perspectiva de la libre competencia, la propuesta del gobierno es errónea.
Confiando en su buena estrella (que la tiene), el gobierno logró sacar su propuesta de la Cámara de Diputados. Pero en el Senado no le fue permitido seguir en esta línea. Como esto se tramitó lento y tarde, se acabó el tiempo de pensar una buena propuesta, y se terminó por bajar significativamente las exigencias de las pedagogías. Se resolvió bajar fuertemente las exigencias, y volver a aumentarlas lenta y progresivamente, para en varios años quedar igual que hoy.
Esta solución no satisface a nadie. Ha sido criticada por expertos y fue aprobada a regañadientes por los parlamentarios, que ante la urgencia debieron conformarse con una mala solución del gobierno. El resultado político termina siendo un maltrato a la profesión docente, pues se legisla tarde y mal, el resultado es pésimo y apenas sirve para mantener el sistema a flote. Que sirva de lección. Ahí quedó la valoración a los profesores.
Una reflexión final y de fondo. ¿Por qué le damos al Estado la potestad de determinar la profesión a las que pueden dedicarse las personas? El Estado como proveedor de educación podría fijar exigencias mayores, y así ahorrarse tener que legislar para subir el estándar. Es una significativa barrera a la libertad de las personas que se determine, ex ante incluso, quienes pueden estudiar (no ejercer, que sería quizás más justificable en el margen, pero lo que se prohíbe es ¡estudiar!) una profesión. ¿Será que estuvimos siempre equivocados?
