Hace unos días, en este mismo medio, Christian Rojas y Daniel Loewe plantearon cómo las discusiones sobre la estructura del mercado de las telecomunicaciones que se han visto últimamente en los medios se alejaban de los ideales liberales y, aparentemente, buscaban la protección de intereses corporativos en desmedro de los beneficios que todos sabemos trae la libre competencia.
En su columna, opinan que “sin competencia efectiva, los mercados dejan de funcionar como espacios abiertos de intercambio y comienzan a comportarse como estructuras cerradas, donde los incumbentes reducen presión, innovación y contestabilidad”. Estando de acuerdo con los beneficios de la libre competencia, las ideas planteadas parecen desconocer las características de esta industria, el grado de competencia que esta tiene y cómo hemos llegado a la actual estructura de cuatro operadores, y las consecuencias de esto.
En primer lugar, vale la pena decir que la industria de las telecomunicaciones, en particular la de los servicios móviles, presenta un altísimo nivel de competencia. Esta apreciación no surge de observaciones livianas, sino de datos objetivos duros.
Chile tiene lo preciso por GB en móvil y por Mbps (megabits por segundo) en la red fija, dentro del 30% más bajo de la OCDE y con altos niveles de calidad. Además, dada la existencia del mecanismo de portabilidad desde 2012, la industria es un caso paradigmático en permitir la libre movilidad de sus clientes para determinar su operador de preferencia. Así, un cliente descontento con su compañía, o atraído por una propuesta que le parece más atractiva por precio o prestaciones, puede acudir a su operador de preferencia y de un día para otro, sin costos adicionales, ser portado a la nueva empresa en el plan de su elección. Sistema bastante inédito en industrias de servicios, y donde 30% o más de los clientes con contrato se cambia por año.
Ahora bien, pasando al tema de la estructura de mercado, la existencia actual de cuatro operadores no se origina, como probablemente visualizaba Adam Smith, porque el devenir del mercado lo haya decidido de esa forma, sino porque a lo largo de los años, mediante una secuencia de fallos y normativas, se llegó a esta imposición de estructura industrial, sin mediar un análisis económico serio y profundo.
Para los que no son conocedores de esta industria daré un par de ejemplos que explican mi afirmación. En 2010, la Corte Suprema, contraviniendo un fallo previo del TDLC y sin esgrimir estudios a su favor, prohibió a algunos operadores participar en la licitación de espectro por la banda AWS, primera banda que permitía el desarrollo del 4G. Esto derivó en que, en condiciones muy favorables, VTR y Nextel se adjudicaran estos bloques de espectro. ¿Y cuál fue el resultado para Chile?: La empresa VTR simplemente “cajoneó” el espectro, es decir lo guardó, sin desarrollarlo en absoluto, para luego monetizarlos en la reciente fusión con Claro hace algunos años. Por su parte, Nextel no desarrolló la banda en 4G, sino que lo hizo en 3G, privando a Chile de la innovación que implicaba el desarrollo del 4G, pero al cabo de unos años esta empresa no logró una situación sustentable financieramente de su negocio y quebró. Como consecuencia de lo anterior, la entrante WOM se adjudicó ese espectro a costos de adquisición muchos menores a los incurridos por los otros operadores, y desarrolló su negocio que, como sabemos y luego de un inicio bastante bullado y exitoso, la llevó a un proceso de reorganización financiera por no alcanzar los niveles de sustentabilidad que le permitieran afrontar las importantes necesidades de inversión de esta industria.
En esta tónica, y a lo largo de los años, se asentó el concepto de imponer un límite a la tenencia de espectro por parte de los operadores (los conocidos como CAPs de Espectro) para forzar una estructura industrial. La Corte Suprema simplemente obligó a los operadores existentes a devolver espectro para ajustarnos a dichos límites, lo cual luego fue lamentablemente tomado por las autoridades sectoriales durante el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera para, sin mediar análisis competitivo alguno, proponer límites de espectro que fuerzan la existencia de cuatro operadores.
En la OCDE, el promedio es de tres operadores por país, y aquellos que sostienen cuatro cuentan con poblaciones superiores a los 40 millones de habitantes, muy lejos de la realidad chilena. Esta distorsión, nos deja hoy con el menor espectro promedio por operador de toda la OCDE: 175 MHz frente a casi 300 MHz del promedio internacional, lo que obliga a aumentar ineficientemente el número de antenas y eleva los costos de inversión.
Tal como plantean Rojas y Loewe, esta industria requiere inversiones altísimas, que se usan para sostener y desplegar la infraestructura básica para la conectividad digital del país y hacerse cargo del explosivo crecimiento en el uso de datos móviles. Los operadores invertimos entre un 15 y un 20% de nuestros ingresos totales, absolutamente todos los años, en el desarrollo de la infraestructura digital, que nos ha llevado del modesto 2G, sólo para voz, a la revolución del internet móvil y sus aplicaciones con el 4G y el 5G.
La industria de las telecomunicaciones ha sido habilitadora del desarrollo y ha tratado de estar a la vanguardia tecnológica. Sólo por ejemplificar, Chile fue de los primeros en Latinoamérica en contar con 3G y 5G masivamente, y somos el quinto país del mundo en contar con servicios Direct To Cell que conectan celulares a satélites para los lugares que no cuentan con conexión terrestre.
Nosotros no buscamos la imposición a priori de un número de operadores que limite artificiosamente la competencia, en el supuesto beneficio de las empresas y en desmedro de los consumidores. Simplemente buscamos que cualquier análisis que se haga sobre la pertinencia de los CAPs de Espectro, y consecuentemente la estructura industrial adecuada, se haga con seriedad, considerando los beneficios estadísticos y dinámicos para todas las partes.
Esto fue lo que pasó recientemente en Gran Bretaña, donde se aprobó la fusión entre Three y Vodafone, reduciendo el número de operadores a tres. En este caso, los posibles costos derivados de la menor competencia se veían más que mitigados por las eficiencias que, en competencia, redundarían en más inversiones, mejor tecnología y menores costos para los usuarios en el corto y mediano plazo. No obstante, tanto en Gran Bretaña como en Chile, la institucionalidad de libre competencia cuenta con innumerables mecanismos ex post, en caso de que no se den los supuestos beneficios de tales operaciones. Esto es propio de una genuina actitud liberal, muy en la línea de Schumpeter, dejar que los mercados funcionen, dando rienda suelta a la innovación y a la competencia, y, de ser necesario, se intervenga donde la realidad realmente lo justifica.
Lo que esperamos, como operadores, es que impere la visión que el padre fundador de la economía de mercado tenía en mente, y sea el mismo mercado el que determine la estructura óptima industrial sin mediar visiones antojadizas y sin sustentos sólidos.
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