Como ocurre en muchos países marcados por la escasez hídrica, el uso de las aguas subterráneas en Chile ha adquirido una importancia estratégica para el país y sus múltiples industrias. Según el Informe de Gestión del Sector Sanitario 2023 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el 56,5% de las fuentes de aguas para uso doméstico provienen de acuíferos, y para muchas ciudades son la única fuente de agua. La minería también requiere una alta proporción de uso de aguas subterráneas, las que ha ido combinando en los últimos años con aguas de mar. La agricultura de la zona norte y centro del país depende fuertemente del uso de agua subterráneas, ya sea como respaldo a las cada vez más inciertas aguas superficiales, o directamente como principal suministro hídrico.

Sin embargo, a pesar de su relevancia, este recurso invisible ha sido históricamente ignorado, poco monitoreado y escasamente gestionado.

Las consabidas amenazas que enfrentan los acuíferos en Chile, sobreexplotación y contaminación, se ven agravadas por nuestra falta de capacidad para medir y, por lo tanto, para estudiar profundamente nuestras reservas de aguas subterráneas. La Radiografía del Agua, publicada por Escenarios Hídricos de la Fundación Chile en 2016 intentó hacer una medición de las extracciones de aguas subterráneas a nivel nacional, pero no logró resultados muy robustos dado que “de las 1.094 estaciones de monitoreo, sólo 203 contaban con cantidad y frecuencia de datos requeridos”. Si la DGA ha determinado que en Chile hay sobre 350 sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común (cifra que no incluye a la región de Aysén) eso significa que menos del 60% de ellos tendría monitoreo, basado en un solo pozo.

Frente a este panorama, se ve sumamente complejo avanzar hacia una gestión sostenible basada en información científica, mientras no tengamos un sistema robusto de monitoreo. Pero hay un camino ya trazado en nuestra legislación y reforzado en la última modificación al Código de Aguas en 2022, que es la conformación de Comunidades de Aguas Subterráneas (CAS). Estas son organizaciones formadas por usuarios de un mismo sector hidrogeológico de aprovechamiento común, que tienen por objetivo la coordinación y el manejo sustentable del acuífero.

Las CAS tienen importantes atribuciones tales como la posibilidad de representar a los usuarios en la transmisión de información de extracciones que se debe enviar a la Dirección General de Aguas, o la determinación de una reducción temporal del ejercicio de derechos de aguas subterráneas por parte de los usuarios (similar a la prorrata en aguas superficiales).

Lamentablemente, en la actualidad operan muy pocas CAS, menos de 20, y algunas de ellas todavía no logran sortear todas las exigencias para su total constitución desde hace más de 10 años. Por otro lado, en los últimos años ha habido mucho interés en constituir muchas nuevas CAS, pero el proceso de constitución es sumamente complejo y lento, lo que aleja la posibilidad de mejorar la gestión de las aguas subterráneas.

Reconocer el valor estratégico del agua subterránea será clave para enfrentar la crisis hídrica y asegurar la disponibilidad de este recurso para las generaciones futuras. Para propiciar una gestión sustentable es condición fundamental impulsar la constitución de Comunidades de Aguas Subterráneas que puedan centralizar los datos provenientes de los sistemas de monitoreo de extracciones efectivas y, no sólo acumulen datos, sino que los transformen en información sobre la que reaccionar y tomar decisiones relevantes, que pueden ser fundamentales para la sustentabilidad de los acuíferos.

La mejor forma de darle visibilidad a este “recurso invisible” es que los propios usuarios puedan hacerse cargo de su gestión con atribuciones y deberes frente a toda la sociedad y así pasar del uso individualista al cuidado colectivo de un bien común tan importante para el país.

Gerente de Políticas Públicas Sociedad Nacional de Agricultura

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